Pasadas más de dos semanas, después de estallar el Catalangate, parece que el que resto de la presente legislatura se empieza a tambalear. El PSOE intenta, por todos los medios, que no se descubra la verdad. Lo más cerca que llegarán es la nada improvisada declaración de la ministra Margarita Robles en el Congreso de los Diputados cuando justificó que el Estado se defiende con todas las armas a su alcance para proteger la unidad territorial de España. El independentismo catalán exige desde una comisión de investigación a la asunción de responsabilidades para los culpables del espionaje ilegal más grande ocurrido a Europa.
Hay que destacar que la ministra de defensa no dudó que el independentismo mantenía contactos con grupos radicales que hacían disturbios, cortaban carreteras y sobre todo – y esto es digno de reseñarlo en los futuros libros de historia – que los independentistas catalanes tenían contactos con líderes políticos del país que ha invadido Ucrania y se quedó tan ancha.
En medio de la situación, los diferentes partidos miran de reojo el rédito que pueden sacar de la precariedad parlamentaria de Pedro Sánchez. Y la derecha con la cual arrancó el espionaje del independentismo en la etapa de Rajoy, ahora a la oposición, espera a ver si el desgaste socialista los acerca algo más a la Moncloa. Hay que seguir también los vaivenes de Unidas Podemos, que mantiene una posición de denuncia clara como partido y contemplativa como gobierno.
El Estado ha armado su defensa para mirar de impedir que se sepa la verdad, como se ha visto hasta ahora. No sabremos nada de los servicios del Estado en el espionaje, si el independentismo no encuentra la manera de obligar al PSOE a mostrar alguna carpeta comprometida. O bien, las nuevas investigaciones que investiga Citizen Lab, y de las cuales ya se sabe que aparecerán más personas que las 65 que se conocen utilizando el software de Pegasus, podrían acorralar sin ninguna escapatoria al gobierno español.
La violación masiva que ha supuesto la irrupción de Pegasus en la vida de los principales actores del catalanismo por parte del estado español alimenta la idea que la violación de los derechos de la minoría catalana es habitual y recurrente en los últimos años: la violencia policial del 1 de octubre del 2017, la violación de derechos con una sentencia desproporcionada del Supremo a los presos políticos, o la interpretación sesgada de las decisiones de la justicia europea al intentar detener a los exiliados.
Por eso, situarse junto a la exigencia de conocer la verdad de lo que ha pasado, de quien lo ha ordenado y quien lo ha pagado es una carta ganadora. Aunque el Estado haga todo el posible para divulgar noticias falsas que buscan enmascarar la inaceptable violación que ha supuesto la utilización de Pegasus en el espionaje ilegal y masivo.
Vean las declaraciones del ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sobre la investigación.
Lo que Pablo Iglesias manifiesta está muy claro, la España profunda impedirá, por todos los medios posibles, que se sepa la verdad del caso. A estas alturas, mientras escribía estas líneas, me llegó la noticia de que el PSOE, C’s, PP y Vox se han negado a que se constituyera una comisión por el esclarecimiento, no ya para el Catalangate, sino por el espionaje en general.
La misma ministra de defensa, Margarita Robles, responsable del CNI, no ha dado ningún tipo de credibilidad a la revista The New Yorker, ni al The Washington Post ni, por supuesto, a la plataforma de investigación Citizen Lab, autora de este descubrimiento y que le ha dado del nombre de Catalangate, habiendo llegado a declarar que ignoraba incluso su existencia. Aquello que pueda suponer un coste reputacional para el estado español, venido del extranjero, la ministra lo ignora.
El ministro Bolaños, en su visita en Barcelona, para apaciguar los ánimos, insistió que España es una democracia avanzada. Las democracias avanzadas se reconocen, entre otras cosas, porque no tienen la necesidad de repetir a cada dos por tres que lo son.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Mantener la Unidad de España otorga al gobierno la libertad de actuación de cualquier manera, aun vulnerando los derechos individuales de las personas y su intimidad? ¿Es legal espiar las conversaciones entre los abogados y sus clientes?
España es una democracia avanzada que se vio obligada a actuar en defensa de la estabilidad de sistema democrático y la paz, que los golpistas catalanes pusieron en peligro.
Es posible que ante la situación excepcional de la sublevación de los dirigentes de una de las autonomías más pobladas y del peligro de un conflicto de imprevisible consecuencias (contactos del presidente de la Generalidad con los rusos para el envío de armas y soldados) los servicios de inteligencia y el gobierno de la nación, se hayan visto obligados a traspasar algunas líneas que en una situación norma nunca hubieran traspasado. Pero la situación excepcional de peligro para para la democracia y la paz así lo exigían.
Es un sarcasmo que los traidores que negociaban con Putin, el envío de armas y mercenarios rusos, y no reparan en pregonar que «lo volverán a hacer» se sientan indignados porque les estaban espiando.