Ya hace 46 años de la muerte del dictador Franco y 44 que a ser aprobada la ley de amnistía que impide, a estas alturas, investigar, encausar y condenar los crímenes del franquismo, las torturas, extorsiones y persecuciones que hubo durante aquella época. Hace más de 40 años que todos los gobiernos hasta el día de hoy han hecho caso omiso a la legislación internacional sobre los derechos humanos y lesa humanidad.
Hay que recordar que el régimen del 78 surgió fruto de la negociación con las instituciones franquistas, vigentes en aquel momento, y con una relación de fuerzas muy desiguales, en comparación con el gobierno de Suárez, otras formaciones y, están el ejército a la expectativa. De aquí la aprobación de la dicha ley que no’ se ha derogado ni modificado en todos estos años.
ERC, Juntos, PDECat, la CUP, EH Bildu y BNG han planteado que se pueda investigar, juzgar y condenar «las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos» y recuerdan que las víctimas han tenido que recurrir a la justicia otros países.
Los mismos partidos también reclaman que se reconozca la persecución cultural y lingüística que sufrieron el catalán, el gallego y el eusquera durante el franquismo. «El estado tendría que reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos ideológicos y políticos durante el régimen»,
El PSOE ha dicho, muy ufanamente, que en 1982 se acabó la transición y se inició la consolidación del régimen democrático en el estado español. Yo, personalmente, discrepo; no soy jurista ni experto en leyes, por lo cual acudo a los que lo son de verdad y que me merecen más confianza que los políticos, algunos jueces y la mayor parte de los tribunales españoles.
En todos estos años ningún poder, ningún Gobierno ha hecho nada para reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación». Estas son palabras de Esteban Beltràn, director de Amnistía Internacional España. El abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala que nada se podía oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional.
Pero pocos meses después entraba en vigor la ley que durante décadas «ha inutilizado este principio», señaló Esteban Beltrán. Desde entonces, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.
Se podría publicar una primera lista de los tratados internacionales que España ha subscrito y que después no ha respetado. Una segunda de aquellas sentencias que la UE le ha revocado a la justicia española. Una tercera de los países que se han negado a las extradiciones solicitadas por el juez Llarena, incluso una cuarta de las sanciones millonarias que España ha tenido que satisfacer por no incorporar a su código penal resoluciones que eran de obligado cumplimiento.
Fijaos cómo describe las incongruencias de la justicia española un WhatsApp que circulaba hoy por las redes sociales: A Martin Villa pueden procesarlo en Argentina, pero no en España. Juan Carlos de Borbón, el «Campechano» lo investigan en Suiza, pero no en España. En Andorra se admite a trámite una querella contra Rajoy, pero no en España. Los políticos independentistas catalanes son considerados inocentes a toda Europa, pero no en España.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Si España ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿por qué se niega a cumplir la ley internacional que admitió? ¿Tendremos que esperar a que sea la futura generación la que condene la dictadura, el franquismo y sus violaciones? Ante todos estos hechos ¿Podemos considerar a España una democracia plena y un estado de derecho ejemplar?
«¿Podemos considerar a España una democracia plena y un estado de derecho ejemplar?»
La respuesta es SI.
Si Manel España a pesar de sus defectos y la tragedia de su historia, (historia tan triste y trágica como la de tantos países; Alemania nazi, Rusia de los gulag, Congo «belga» Croacia ustacha, Grecia de los coroneles, Italia de Mussolini, Inglaterra y su guerra irlandesa, EEUU con segregación racial hasta hace 60 años, etc. ) es una «democracia Plena».
España es una de las pocas «democracias plenas » del mundo, la 19 democracia entre los más 200 países. Por delante de EEUU, de Francia, de Italia y de Bélgica que no está para dar lecciones a nadie (en el pasado siglo se hizo famosa por amputaba los brazos a los rebelde congoleños).
La famosa reunión de las Azores que lleva a la invasión de Iraq; la manipulación de la información tras el 11 m; o el ataque a la gente que ejerce su derecho a voto aquel uno de octubre de 2017 en Cataluña, tódas ellas del siglo XXI, son claras infracciones a los derechos humanos, ya sin entrar en los derechos políticos y civiles ni en el tiempo de la dictadura. Pero qué cojones va a saber ese disléxico de Ortíz que es una democracia? Que la describa.
Borrico. Cuenta otra vez la de world monkeys club de ortices y retrasados.
Si señor Ortiz una tragedia en las que los rebeldes a la república se hicieron ricos y siguen ricos con los privilegios obtenidos y no están dispuestos a perder y todo ello sobre un país con muertos en las cunetas de una masacre injusta. No nos haga perder el tiempo con ejemplos exteriores y aprendamos a corregir los errores de España y no perpetuarlos.