Un país no puede avanzar sin unos jueces bien preparados, valientes, justos e imparciales. Que la Justicia española adolece de graves defectos y carencias es algo que vienen repitiendo hasta la saciedad, desde hace años, los más prestigiosos juristas. Sin embargo, ningún partido se ha tomado en serio el SOS y hoy nos encontramos ante un panorama desolador donde quizá el mayor problema de todos, casi un cáncer incurable, es la preocupante politización de los órganos jurisdiccionales. Políticos nombrando a jueces de las más altas instancias en función de sus intereses particulares; sentencias que favorecen descaradamente a los bancos, dejando en la cuneta a cientos de miles de consumidores estafados (véanse los denigrantes casos de las hipotecas y del Banco Popular); y para colmo de males un juicio, el que se ha seguido contra los líderes soberanistas del “procés”, que ha adolecido de graves fallos en lo que se refiere a las garantías y derechos de los acusados, tal como ha concluido la Justicia Europea.
En ese turbulento contexto que desacredita uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, la última polémica ha estallado a cuenta del nombramiento de la ex ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. La decisión de Pedro Sánchez, sin duda estratégica y con la intención clara de controlar a los cuatro “fiscales indomables” que deberán tomar decisiones trascendentales en las próximas semanas en relación con la ejecución de la sentencia del “procés” y la situación penitenciaria de los condenados, ha soliviantado al estamento judicial. Como era previsible, el vicepresidente Pablo Iglesias ha salido de inmediato al contraataque (si para algo está aquí es para marcar el músculo ideológico del nuevo Gobierno de coalición de izquierdas) y ha asegurado en una entrevista en televisión que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado “en mal lugar” a la Justicia española, lo cual, a su juicio, supone una “humillación para el Estado”. Por si fuera poco, ha defendido el nombramiento de Delgado y ha pedido calma para que la dejen trabajar.
La declaración de Iglesias ha caído como una bomba en el estamento judicial, un mundo siempre tan corporativista. Ayer mismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de Gobierno de los jueces, pedía “prudencia” y “mesura” a los políticos, y más concretamente a los miembros del Gobierno, en clara alusión a Iglesias aunque sin citarlo. El cruce de declaraciones demuestra que ha estallado una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y eso que no ha transcurrido ni una semana desde la formación del nuevo gabinete de Moncloa. Las derechas no pierden el tiempo ni la oportunidad de montar un pollo por cualquier cosa.
Pero más allá de razones (ambas partes tienen la suya) y de escenificaciones, el intercambio de golpes entre jueces y miembros del Gobierno debe llevarnos a una primera reflexión urgente: España no puede seguir ni un día más con esta Justicia de todo a cien. No seremos un país homologado a la europea mientras el Poder Judicial no sea auténticamente fuerte e independiente y mientras siga estando sometido a tales tensiones internas y externas, a tales gallineros, a tales sainetes y espectáculos vodevilescos que por momentos convierten nuestra Administración de Justicia en una especie de Corral de la Pacheca, con su alboroto diurno y nocturno, su tablao ruidoso y su griterío flamenco en medio de una nube de humo y ambiente etílico.
España necesita tranquilidad, sosiego, pero sobre todo necesita acometer de una vez por todas una reforma en profundidad de sus juzgados y tribunales que permita al país contar con una Justicia moderna, avanzada, seria y absolutamente imparcial. En esa línea, la reforma radical de la Fiscalía General del Estado sería una buena forma de empezar a corregir errores que parten de la promulgación de la Constitución del 78, cuando se optó por diseñar una Fiscalía íntimamente dependiente del Gobierno. Así, el artículo 124.4 de la Carta Magna establece claramente que “el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. A propuesta del Gobierno, ¿qué más se puede decir?
Después de acometer la siempre aparcada reforma de la Fiscalía nuestros parlamentarios podrían tratar de solucionar otros asuntos perentorios como la excesiva dependencia del Tribunal Constitucional del poder político, así como en general la politización del CGPJ y otras graves deficiencias detectadas en el funcionamiento de nuestro Tribunal Supremo. Pero todo eso llevará su tiempo. De momento lo que tenemos es un Poder Judicial que ha reaccionado visceralmente ante un Pablo Iglesias que no ha hecho sino poner de manifiesto algo que todo el mundo sabe: los evidentes errores y excesos cometidos por nuestra Justicia en el asunto del “procés” (afeados por Europa) y que Dolores Delgado cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Público para ser fiscal.
No es la primera vez que el Gobierno incurre en una supuesta injerencia poco estética en la Justicia, pero a fin de cuentas legal (el PP sabe mucho de eso). Ni tampoco es la primera vez que los jueces reaccionan defendiendo su imparcialidad supuestamente amenazada. En abril de 2018, por ejemplo, la judicatura expresó otra airada protesta después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de La Manada, Ricardo Martínez, tenía algún “problema singular” y que “todos lo sabían”.
Anteriormente, en marzo de 2010, el CGPJ hizo pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien finalmente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Ayer, la Comisión Permanente del CGPJ volvió a emitir una declaración institucional para pedir, una vez más, “moderación, prudencia y mesura”, esta vez dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno, a quien insta a abstenerse de hacer una “utilización política de la Justicia” y de “cuestionar su independencia”. Un comunicado legítimo, sin duda, pero que nada resolverá, ya que las nefastas injerencias entre ambos poderes del Estado seguirán produciéndose simple y llanamente porque están admitidas en nuestro ordenamiento jurídico. La politización de la Justicia y la judicialización de la política no se evitarán con comunicados más o menos duros. Mucho más efectivo sería que sus señorías togadas se plantaran de una vez por todas con una huelga indefinida en toda regla para exigir que el Gobierno, sea este u otro, solucione de una vez el cachondeo intolerable en el que ha caído nuestra siempre abandonada y maltrecha Administración de Justicia.
