IRPH, Cláusulas Suelo, Valores Santander o las Cesiones de Crédito son algunos de los productos por los que el banco cántabro tiene abiertos múltiples frentes judiciales abiertos por la comercialización o la aplicación de cláusulas abusivas. Todo ello, por no hablar del Caso Banco Popular.

El último frente judicial corresponde a la Hipoteca Tranquilidad, un producto comercializado por Banesto durante la etapa en la que Ana Patricia Botín presidió la entidad, en plena burbuja inmobiliaria. Bajo el reclamo de ser un préstamo hipotecario ideal para parejas jóvenes, Banesto colocó un crédito hipotecario con consecuencias perniciosas para los clientes que lo contrataron: un elevado tipo fijo durante 10 años, una amortización de capital mínima en los primeros años, la posibilidad de que el capital pueda elevarse sobre el inicial y de que la duración del préstamo no esté determinada son sólo algunas de las características que fueron ocultadas por la entidad. La Hipoteca Tranquilidad, por tanto, estaba diseñada para que en los 10 primeros años el cliente sólo pagara intereses sin casi amortizar capital. Banesto promocionaba este producto con un claro atractivo: la cuota predeterminada. Esto hacía que la duración del préstamo pudiese variar, ya que contaba con un tipo fijo cercano al 5% los primeros 10 años y luego pasaba a contar con tipo variable.

El Euribor bajó considerablemente durante la crisis financiera, algo que no benefició a las personas que contaban con una hipoteca tranquilidad.

El Grupo Santander recibió un verdadero alud de reclamaciones, por lo que Banesto ofreció novaciones que tampoco suponían una mejora sustancial del contrato ya que, si bien retiraba el tipo fijo, nunca devolvió las cantidades abonadas de más y, en muchas ocasiones, incrementó el diferencial aplicado. Unas condiciones que, además, obligó a firmar con expresa renuncia a posteriores acciones legales en muchos de los casos. Numerosos afectados, ante la imposibilidad de seguir pagando las altas cuotas de la hipoteca, aceptaron la oferta.

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), después de que sus servicios jurídicos estudiaran decenas de casos, presentó una demanda colectiva  en nombre de 250 afectados que ganó en primera instancia en septiembre de 2018. También se han presentado demandas individuales tanto desde la propia asociación como por el trabajo de otros despachos. Una de ellas, bajo la dirección letrada de Aranzazu Jurado, ha llegado hasta el Tribunal Supremo que la ha admitido a trámite, lo cual abre un precedente importante para el resto de reclamaciones que están en diferentes instancias.

Para hacerse una idea de lo que significa este nuevo producto con condiciones abusivas, en una hipoteca firmada en el 2007 por 200.000 euros, el perjuicio generado podría superar los 60.000 euros, según los cálculos realizados por los peritos financieros de ASUFIN.

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