El ministerio de Interior que dirige el cuestionado Jorge Fernández, dispone de una brigada, la BARC, de Análisis y Revisión de Casos, que, oficialmente, se dedica a buscar “nuevas vías de investigación” en causas judiciales en curso o ya cerradas. Se sospecha que se encarga de fiscalizar cualquier caso, sin control judicial alguno. Los últimos acontecimientos en torno a las conversaciones telefónicas de Fernández con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, acrecientan dichas sospechas.
La BARC nació en 2012. Depende del “número dos de la policía” y en ninguno de los documentos donde se regulan sus funciones, competencias y actuaciones, se ordena que deba actuar bajo las órdenes de un juez cuando efectúa el seguimiento de un caso, aunque éste se encuentre judicializado.
La Brigada depende orgánicamente de la Unidad de Asuntos Internos, la encargada de vigilar a los propios policías. Se dice que los roces que han surgido entre los responsables de ambos grupos son los que llevaron a poner micrófonos ocultos en los maletines de Daniel de Alfonso, y filtrar a la prensa las grabaciones de los mismos. Lo cierto es que en el Cuerpo Superior de Policía existen cada vez más sospechas de que las intrigas entre miembros de las diferentes unidades están generando serios problemas a la hora de actuar.
Otra unidad, creada también bajo el mandato del ministro Jorge Fernández, está en el punto de mira. Nadie sabe lo que realmente hace la Unidad Estratégica de Planificación y Coordinación. Oficialmente, sus funciones se limitan a una genérica “captación, recepción, tratamiento y análisis de la información”. Tal ambigüedad es la que ha generado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Hay quien dice que son los encargados de redactar los informes sobre supuestas corrupciones de políticos, que acaban en las redacciones de los medios de comunicación.
Sean lo que sean, estos grupos son muy mal vistos por los jueces y fiscales encargados de instruir los casos más complicados y sensibles para la opinión pública, sobre todo los que implican a políticos del PP o del PSOE. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial señalan a Diario 16 que “la gran mayoría de la judicatura” y los fiscales, – esto último añadido por nosotros-, actúan coordinadamente con las más prestigiosas unidades policiales, la UCO, Unidad Central Operativa, y la Unidad de lucha contra el narcotráfico, dependientes de la Guardia Civil, la Udef, unidad de Delincuencia Financiera y Económica, la Unidad Antiterrorista, dependientes de la policía nacional, y el CNI, el centro de espionaje.
Los jueces, cada vez muestran mayor malestar por la presencia de este tipo de grupos porque, “hay quien sospecha que también les vigilan a ellos lo que supone, de algún modo, una forma de presión”.
