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Granados atribuirá a Aguirre la financiación ilegal del PP en Madrid

El ex consejero madrileño, ex dirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica declara a petición propia en la AN

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid
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Francisco Granados, ex consejero madrileño, ex dirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica declara esta mañana a petición propia en la AN, donde atribuirá a Aguirre la financiación ilegal del PP en Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha empezado la declaración de Granados a las 9.30 horas de la mañana. Se prevé que se alargue hasta final de la tarde. La confesión será a petición propia.

El exconsejero regional y presunto cabecilla de la trama Púnica atribuirá hoy a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones en la Comunidad de Madrid y Arpegio, y señalará por la financiación ilegal a otras «personalidades de relevancia actual» en la formación conservadora.

Según informa La Cadena SER, Granados y afirma que “rectificará, y admitirá ante el magistrado la financiación ilegal del PP en Madrid en las dos campañas electorales durante las que ostentó la secretaría general del partido: tanto en 2007 como en 2011”.

Granados responsabiliza de la financiación ilegal a la expresidenta Esperanza Aguirre, y a su sucesor en el cargo, Ignacio González, que ya paso unos meses en la cárcel, al igual que granados, quien por orden de Aguirre “controlaba todos los estamentos de la administración y el partido”.

Acusa a ambos de ser los responsables de los cobros en negro para el partido pero acusando a otros cargos del partido de estar involucrados, como el exconsejero Borja Sarasola, director adjunto de las campañas de 2007 y 2011; o del expresidente de la Asamblea y extesorero, José Ignacio Echeverría.

El abogado del exconsejero madrileño presentaba hace unos días un recurso al juez en el que le preguntaba por qué no había llamado a declarar como investigada a la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, al ser la consejera de Transportes de Madrid cuando en 2005 se adjudicó una obra del metro ligero en Boadilla del Monte.

Granados se queja de las confesiones del arrepentido Marjaliza, que está colaborando con la Fiscalía, en la trama Gürtel y en la trama valenciana, “Llama poderosamente la atención que, sin motivo ni causa aparente, salvo el testimonio del señor Marjaliza, quien va bailando al son y al ton que le marca la Fiscalía según sus necesidades acusatorias, (…) se acuerde la práctica de toma de declaraciones, en calidad de investigados, de nuevos sujetos que nada tienen que ver con el presente procedimiento”, afirma la defensa de Granados.

Se está refiriendo a la adjudicación a la empresa Elsan (de OHL) del metro ligero de Boadilla del Monte, que se otorgó el 19 de enero de 2005, cuando Granados ya no era consejero de Transportes y ese cargo lo ocupaba Cospedal.

Granados ha manifestado en varias ocasiones su malestar por el trato que se está favoreciendo a Marjaliza, y del cual afirmo que era “un delincuente confeso que no acredita lo que dice”.

En su declaración ante el juez el pasado 17 de enero David Marjaliza, presunto cerebro de la red, reconoció que tanto él como Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por hacerse con las obras de Metro de Madrid.

Se refirió a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre, en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Granados respondió en un escrito dirigido al juez que su imputación en estos hechos se debe al «afán o inquina acusatoria demostrada hasta día de hoy» por Marjaliza, ya que cuando se produjo la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte en enero de 2005, «no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante».

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