El pasado mes de agosto la agencia Reuters y el diario británico The Guardian revelaron que se estaban realizando negociaciones sobre un nuevo esquema que, en principio, apuntaría a cerrar plantas de carbón en Asia.
Esta iniciativa, liderada por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la aseguradora británica Prudential, tendría como objetivo reunir a varios actores de las finanzas privadas. Las organizaciones de defensa de un sistema financiero alineado con la lucha contra el cambio climático se preguntan si esto es solo un gran caso de blanqueo verde o un paso real hacia la descarbonización de la combinación energética global. La ONG Reclaim Finance ha realizado un análisis profundo de esta iniciativa y ha denunciado sus grandes errores que podrían demostrar que se podría tratar de una gran operación de blanqueo climático.
El blanqueo verde de los mayores donantes de CO2
El mayor defecto de esta iniciativa se encuentra en el perfil de las instituciones financieras reportadas como potenciales stakeholders, los bancos Citi y HSBC y el mayor administrador de activos del mundo, BlackRock, a través de su filial BlackRock Real Assets. Estos son algunos de los mayores financiadores de las empresas de combustibles fósiles, incluidas las que operan en el mercado del carbón.
Citi es el cuarto prestamista más grande del mundo para empresas que desarrollan nuevas plantas de carbón y BlackRock es su segundo inversor más grande. Junto a Prudential, que lidera este proyecto, y HSBC, se encuentran entre las instituciones financieras con las peores políticas en el sector del carbón.
Si estas empresas realmente desean contribuir a la lucha contra el cambio climático, deben hacerlo mucho mejor que simplemente disfrazarse de bomberos disponibles para apagar el fuego durante los próximos 15 años. Según ha indicado Reclaim Finance, deberían centrarse, ante todo, en dejar de encender fuego ellos mismos negándose a financiar a las empresas que están construyendo nuevas plantas de carbón.
Retraso al cierre del carbón
Para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, todas las plantas de carbón deben cerrar para 2030 en los países europeos y miembros de la OCDE, y para 2040 en el resto del mundo. Sobre el papel, este nuevo proyecto parecería estar a la altura de la ciencia del clima, ya que tiene como objetivo cerrar las plantas durante los próximos 15 años, es decir, antes de 2040.
Sin embargo, un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destacó la importancia de acelerar el cierre de las plantas de menor eficiencia energética antes de 2030. En 2020, en todos los países asiáticos, la mayoría de las plantas utilizaron la tecnología más contaminante, denominada subcrítica. Por tanto, surgen grandes dudas de que esta iniciativa vaya a priorizar el cierre de plantas subcríticas y, de ser así, sería complicado que se hiciera antes de 2030.
La realidad que denuncian las organizaciones contra el cambio climático es que este proyecto realmente ofrecerá un salvavidas a estas plantas altamente contaminantes al permitirles seguir siendo rentables por más tiempo. Es importante recordar que operar plantas de carbón ya no es rentable en la mayor parte del mundo debido al rápido desarrollo de las fuentes de energía renovables. Si bien la evolución de este mercado podría empujar a las empresas que gestionan este tipo de plantas a cerrarlas frente a competidores más baratos, la realidad es que seguirán funcionando durante los próximos 15 años. Por tanto, se trata más de un retraso que de un cierre planificado.
Dudoso beneficio para el clima
¿Qué controles existen para asegurar que este proyecto realmente va a reducir la cantidad de emisiones de CO2 producidas? Existe el riesgo de que los operadores de la planta compensen el plazo más corto disponible para la explotación haciendo funcionar las plantas de forma más intensiva durante los próximos 15 años, anulando esencialmente cualquier reducción percibida en los niveles de dióxido de carbono.
También está la cuestión de los beneficios que obtendrán los propietarios actuales de los activos de carbón en el momento de la reventa. ¿Estos ingresos apoyarán la transición energética o de hecho la retrasarán?
Existe el riesgo de que estas empresas, a menudo grandes multinacionales del mercado energético, utilicen este dinero de reventa para seguir invirtiendo en combustibles fósiles, en plantas de gas o incluso, potencialmente, en otras plantas de carbón con miras a beneficiarse una vez más del mecanismo de reventa. Por lo tanto, el ADB debe establecer controles para evitar este tipo de resultado perverso.
¿Más energías renovables?
Según Prudential, este proyecto abriría más espacio para las energías renovables, aunque es demasiado pronto para confirmarlo. La iniciativa, en principio, busca destinar los fondos recaudados por los actores financieros a un fondo de inversión para energías renovables. Aunque parece que esta es una buena idea en papel, solo será una buena noticia si los proyectos de energía renovable beneficiados no hubieran asegurado capital en el mercado sin el esquema.
La intervención estatal sería apropiada si esto atrajera a actores privados a proyectos cuya naturaleza social y ambiental trae consigo un costo o riesgo adicional. Con la falta de transparencia en torno a la calidad de los proyectos financiados, esta iniciativa podría acabar pagando a los operadores privados para que desarrollen activos en el mercado renovable que habrían desarrollado en cualquier caso para lucrarse.
¿Quién se beneficiará de este esquema?
El artículo de Reuters describe con precisión los principales beneficiarios de este proyecto. La mayor parte de los riesgos financieros asociados con el proyecto correría a cargo de los bancos de desarrollo, mientras que las empresas privadas y los inversores se verán atraídos para participar en el plan, ya que probablemente se beneficiarán económica y financieramente.
Por otro lado, ¿qué pasa con los empleados y el mercado laboral que rodea a estas plantas? No se ha dicho nada sobre el apoyo que será necesario para la conversión, ni sobre quién asumirá esta responsabilidad. Por el momento, tampoco ha habido detalles sobre el estado de la reventa, ni quién pagará la factura por la contaminación provocada por el funcionamiento de las plantas.
En conclusión, los actores financieros involucrados no han tenido una conversión efectiva a la causa de la protección del clima. Sus comunicaciones no son más que una herramienta de marketing para arrojar una luz favorable sobre sus compromisos climáticos, pero, en realidad, solo pueden interpretarse como un vasto ejercicio de blanqueo verde, siempre que continúen apoyando financieramente la expansión del mercado del carbón.
