La decisión de la Junta Central Central Electoral-JCE de anular las recientes elecciones municipales en República Dominicana ha sido causada por la determinación del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y su Gobierno presidido por Danilo Medina de impedir a cualquier precio ser desplazado por una oposición también conservadora, neo-liberal y pro-estadounidense; situación cruzada por la pelea a muerte entre las dos facciones mafiosas del propio PLD, agudizada a continuación del paso de la facción del Presidente Leonel Fernández al campo opositor actualmente encabezado por el Partido Revolucionario Moderno-PRM y su candidato presidencial Luis Abinader.
La referida anulación se produjo inmediatamente después de un desorden electrónico provocado en las áreas donde fue establecido el voto automatizado, que abarcaban más del 60% de los electores.
Este asalto electrónico tiene todas las características de una variante de Golpe de Estado Blando generado al interior de la JCE para bloquear las votaciones municipales del recién pasado 16 de febrero del 2020; dando así inicio a una gran crisis política-institucional que se agrega a todas las crisis que estremecen el impopular régimen establecido.
El órgano rector de las elecciones responde políticamente al Presidente Medina y en octubre del año pasado se prestó a un fraude electrónico que posibilitó la imposición del precandidato presidencial Gonzalo castillo, favorecido por el actual Jefe de Estado en interés de derrotar a su enemigo interno, el ex presidente Fernández; quien una vez consumado el hecho, optó por dividir el PLD y formar la llamada Fuerza del Pueblo-FP.
Ha sido un golpe bajo, fraguado arriba, para impedir que se evidenciara en cifras oficiales el desplome del partido de Gobierno antes de las elecciones congresuales y presidenciales fijadas para el 17 de mayo del año en curso; precedido ese golpe del fraude anterior perpetrado en sus elecciones internas (primarias), todavía impune. Como sigue impune el robo perpetrado en la contratación sobrevaluada del sistema automatizado e impunes también las operaciones fraudulentas a cargo de la anterior JCE presidida Roberto Rosario, hoy conspicuo dirigente del grupo disidente.
El castigo al PLD-gobierno en esos comicios municipales era inminente y lo era también el rechazo nacional a la facción que se pasó a la oposición con Leonel Fernández a la cabeza, lo que ha beneficiado enormemente al PRM como partido y a Luis Abinader como candidato presidencial; a pesar de su esencia conservadora, de la corrupción y el entreguismo presente en su cuerpo dirigente y en los partidos aliados. Incluso
Ambas facciones del PLD, considerablemente desgastada luego de 17 años de gestión gubernamental y de romper todos los records de corrupción, se exponían a un gran ridículo.
La facción de Leonel Fernández optó por una maniobra de apoyo a una parte de los candidatos oficialistas para tratar encubrir su casi segura derrota.
La oficialista -aprovechando la aceptación y defensa por la oposición de esa JCE, usando la contratación de operadores del sistema electrónico al servicio de esa trampa y la intervención de agentes especializados de la inteligencia del Estado bajo su mando político, y empleado su favor una sospechosa pasividad de la USAID y otras entidades estadounidenses- empleó a fondo sus recursos informáticos para caotizar y anular el proceso.
El capitulo siguiente de esa serie mafiosa incluye -como en efecto ya está sucediendo- consiste en acusar a sectores a la oposición de provocar la dislocación electrónica. Y para eso sirve la figura del “sabotaje” empleada en el comunicado del PLD leído por su actual presidente interino, el ex ministro de economía Temístocles Montás.
LA CRISIS SE EXTIENDE Y SE PROFUNDIZA
El país entra así en una fase de incertidumbre, con tendencias más fuertes hacia la crisis de gobernabilidad, sin que se vislumbre la contención del deterioro institucional en el marco del régimen político vigente; independientemente de posibles transacciones temporales entre ambos bandos en pugna, presionadas por Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP, las Fundaciones y ONGs financiadas por el capital financiero y la USAID.
Importantes fuerzas del sistema se empeñan en salvar una JCE que no le cabe más descredito, la cual en complicidad con el Presidente Medina, fijó para el próximo 15 de marzo la repetición de la farsa, manipulando a su favor la investigación de lo acontecido como si se tratara de un sabotaje del enemigo opositor.
Otros representantes de sistema, si piensan o hablan de la renuncia de los miembros titulares de la JCE, es para que reinen sus suplentes de igual o peor calaña, o para que sea reemplazada por el mismo Senado corrupto que seleccionó su membrecía actual.
Unos y otros evaden que la JCE es parte de una institucionalidad que opera como toda una maquinaria trituradora de democracia y generadora de corrupción protegida por la impunidad.
Evaden que Danilo Medina es el jefe de la mayoría de sus miembros y suplentes, y del Senado que los escogió.
La JCE es uno de los factores de un sistema corrompido, por lo que hay exigir su destitución.
Pero no solo.
Es preciso asumir que no hay manera de cambiar lo que ella representa, si se opta por modificaciones de su composición por una vía institucional previamente amarrada por el PLD-gobierno y sectores empresariales.
Igual esa Junta no puede presidir ninguna investigación sobre fraudes, trampas y corruptelas ocurridas dentro de sus dominios, vigilada o no por la OEA (que es peor que ella) o por agencias y observadores tutelados por EEUU (todavía “más peores”).
Gran parte de la sociedad está rechazando la repetición dentro de un mes de esos comicios municipales dejando todo igual.
A esa JCE hay que sacarla con el pueblo en las calles, con protestas y paros.
Pero además hay que exigir desde las calles la destitución del Procurador General de la República que opera el aparato judicial que garantiza la impunidad de la corrupción institucionalizada, así como la destitución del Presidente Medina, jefe supremo de un Estado delincuente; ambos en plan de blindar la delincuencia de Estado cual sean lo resultados electorales
Y luego de ese desmonte habría que establecer un Gobierno Provisional, que sustentado en el pueblo soberano, transformado en Poder Constituyente, convoque una Asamblea Constituyente Soberana con normas que garanticen el protagonismo popular, la cual podría dotar a la Nación de una Nueva Constitución y nuevas instituciones, incluidas las correspondientes al ejercicio democrático de sufragios definitivamente libres de trampas.
Solo entonces las elecciones serán confiables, luego de medio siglo de perversidades políticas, ya en franca decadencias.
UNA ALERTA NECESARIA
Llama la atención la forma ladina como los mecanismos de intervención de EEUU están manejando esta situación.
Luego de frenar la traumática re-postulación del Presidente Medina y de exhibir un intenso activismo de intervención de la USAID y otras instancias estadounidenses en el sistema electoral dominicano, sin esconder su preferencia por la oposición derechizada como relevo de un gobierno impresentable y decadente y, en consecuencia, como mecanismo distensión de la crisis, han mostrado una cierta tolerancia a los desafueros del gobierno, que ha operado como una especie de boomerang.
Parecería que ha EEUU le interesa sobremanera que se caotice más aun la situación para intervenir con más fuerza y más garras… desde un supuesto rol a favor de la “salvación de la democracia dominicana”.
Este factor obliga a no separar el tema de la lucha por la democracia y por el fin de la impunidad, de la reconquista de la soberanía popular y nacional; esforzándonos por construir, en el marco de esta crisis político-institucional, una alternativa transformadora, diferenciada del cambio de una derecha en declive por otra de calaña parecida.
