El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en Chile, no fue tan solo el inicio de uno de los muchos gobiernos de carácter autoritario auspiciados por Estados Unidos en América Latina con el fin de impedir el avance del socialismo en el continente americano; las implicaciones de Estados Unidos fueron mucho más allá del apoyo político, logístico o económico y tuvieron un alcance extraordinario en la vida de los chilenos que perdura hasta hoy. En el caso de Chile, a diferencia de otros proyectos totalitarios, el fin último no era favorecer los intereses estadounidenses mediante el apoyo a unas élites nacionales profundamente conservadoras que en nada querían la transformación y el avance de la sociedad chilena, sino imponer el primer modelo neoliberal diseñado desde Estados Unidos a través de varios proyectos y colaboraciones con diferentes gobiernos de Chile.
Para hablar del dictador chileno, Augusto Pinochet, que accedió al poder mediante el golpe de Estado del que se cumplen 46 años y que acabó con la vida del legítimo presidente, Salvador Allende, debemos situarnos un poco más atrás en el tiempo, en 1955, durante el segundo mandato (1952-1958) del dictador chileno, Carlos Ibáñez del Campo. En aquella época, algunos economistas estadounidenses pertenecientes a la consultora Klein-Saks, que ocupaban altos cargos en bancos de EE. UU. fueron contratados por el Gobierno chileno con el fin de elaborar un diagnóstico tras el cual se tomarían algunas medidas para transformar la economía del país. En un principio, el grupo, conocido como la Misión Klein-Saks, propuso políticas monetaristas para estabilizar la moneda y ejercer un control sobre la inflación, pero consiguieron confeccionar todo un programa económico que consistía, principalmente, en reducir el déficit fiscal y limitar el crédito bancario al sector privado; acabar con los reajustes automáticos de sueldos y decretar la libertad de negociación de remuneraciones; eliminar el sistema que fijaba múltiples tipos de cambio; aumentar las importaciones y diversificar las exportaciones; atraer capitales extranjeros; suprimir los controles de precios; y reformar el sistema tributario. La ideología neoliberal recomienda siempre que el peso de las reformas económicas recaiga sobre los trabajadores en forma de sacrificios, recortes y retrocesos de todo tipo, de manera que el Gobierno de Ibáñez llevó a cabo algunas de las medidas más lesivas para la sociedad propuestas por el grupo, como la congelación de salarios, que se hizo de forma inmediata, pero el ambiente social del Chile de entonces (los planes de la Misión Klein-Saks suscitaron las iras de los partidos de izquierdas y de la masa obrera chilena) hizo imposible que el programa completo se llevase a la práctica. Las reformas que perjudicaban los intereses de los empresarios vinculados a los partidos de derechas, por el contrario, fueron aplazadas de forma reiterada.
Cabe destacar el papel crucial del diario El Mercurio, fundamental para preparar el desembarco de la Misión Klein-Saks. Sin el apoyo de este periódico, manifestado a través de múltiples editoriales y artículos elaborados con el fin de crear un ambiente propicio para llevar a cabo el paquete de medidas neoliberales, la llegada de estos “expertos” se hubiera antojado más difícil. El Mercurio ha sido siempre un reducto de la derecha y la ultraderecha chilena, y ya entonces aglutinó a los sectores sociales contrarios a las políticas de izquierdas promovidas por el Gobierno de Salvador Allende. El Comité Church (Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia), una comisión del Senado de Estados Unidos presidida por el senador, Frank Church, dictaminó en 1975 respecto al apoyo de EE. UU. a El Mercurio: “Con mucho, el ejemplo mayor, y posiblemente el más significativo, de apoyo a una organización de comunicaciones fue el dinero suministrado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, que estaba en dificultades durante el régimen de Allende… El Comité 40 autorizó 700.000 dólares para El Mercurio en septiembre de 1971, y el 11 de abril de 1972 aumentó en otros 965.000 la anterior asignación… Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la OIT situaban dinero en manos de individuos vinculados con el periódico… El Comité 40 aprobó grandes sumas para sostener a los medios de oposición y para mantener así una campaña oposicionista implacable”. Todo ello supuso uno de tantos episodios de vergonzosa intervención de EE. UU. en América Latina a través de la CIA. Con todo, naturalmente, el momento más grave llegó con el golpe de Estado al presidente Allende.
La Comisión Church reconocía que la CIA había cubierto un amplio espectro “Desde la simple manipulación de la propaganda de la prensa de apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. El alcance de las actividades “normales” de la estación de la CIA en Santiago incluía la inserción de la estación-dictada, material de los medios de comunicación chilenos a través de los activos de propaganda, apoyo directo de las publicaciones, y los esfuerzos para oponerse a la influencia comunista y de izquierda en las organizaciones estudiantiles, campesinas y laborales”. Desde mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo XX, EE. UU. había financiado también la instrucción de economistas chilenos en la Universidad de Chicago bajo la supervisión personal de Milton Friedman, junto a Mises y a Hayek, uno de los adalides del neoliberalismo. Este formidable despliegue de medios formaba parte de un amplio programa de la CIA encaminado a neutralizar el avance de la izquierda en América Latina. Este grupo de economistas fue conocido como los «Chicago Boys», y habían sido formados a partir de 1956 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una universidad privada de Santiago de Chile, y en la Universidad de Chile, una institución pública que a la postre es la más antigua del país. En el caso de la Pontificia Universidad Católica, el acuerdo fue suscrito en 1955 por el decano de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la institución, Julio Chaná Cariola, y Albion Patterson, representante en Chile del Instituto de Asuntos Interamericanos de la Universidad de Chicago. Esta colaboración se extendió hasta 1961 y se desarrolló bajo la tutela y la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los miembros de la Universidad Católica más importantes fueron Sergio de Castro, Florencio Fellay y Víctor Oxenius, mientras que entre los procedentes de la Universidad de Chile figuraban Carlos Clavel, Carlos Massad y Luis Arturo Fuenzalida.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. El golpe fue impulsado por las élites económicas chilenas, atemorizadas ante el alcance de las reformas emprendidas por Allende, y recibió apoyo por parte de la CIA y del futuro secretario de Estado, Henry Kissinger, que se estrenó en el cargo el 22 de septiembre del mismo año. A diferencia de las revoluciones cubana y nicaragüense, que fueron movimientos de base que contaron con un amplísimo respaldo de la población, los golpes de Estado de Chile, Argentina o Brasil fueron intentos de Estados Unidos de restituir el poder de clase en estas naciones porque sólo la clase alta, apoyada por la fuerza de las armas, podía restablecer los privilegios de EE. UU. en la región. Todo esto no fue algo abstracto ni un mero apoyo de carácter moral por parte de Estados Unidos: existieron planes concretos con los cuales se trató de subyugar a todo un continente. La Escuela de las Américas fue establecida en 1946 en la base de Fort Gulick, en Panamá, y en ella se formaron más de 60.000 personas pertenecientes a varios ejércitos de países de América Latina. En este centro se adiestraba a los alumnos en técnicas de tortura, de comando y de inteligencia militar, todo ello orientado al control de la población mediante el terror. En la escuela se formaron alumnos tan “ilustres” como los dictadores argentinos Galtieri y Massera; el dictador panameño Manuel Noriega (derrocado por Estados Unidos en 1989); el dictador boliviano Hugo Banzer; el dictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt; o el golpista salvadoreño y líder de los escuadrones de la muerte, Roberto d’Aubuisson.
En 1976, una comisión del Partido Demócrata en el Congreso de EE. UU. reconoció estas actividades y obligó al cierre de la escuela. La institución se reabrió en 1984 bajo el Gobierno de Ronald Reagan y aún opera hoy en día, aunque en el proceso de reestructuración ha tenido varios nombres y se ha trasladado a Estados Unidos. La escuela se denomina hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad y su sede se encuentra en la ciudad de Columbus, en el estado de Georgia. Hubo que esperar a 1988 para que el Congreso de Estados Unidos abriera una nueva comisión de investigación sobre las actividades allí desplegadas, a raíz de un artículo aparecido en The New York Times, titulado “Testifying to torture”, en el cual se denunciaba el adiestramiento de militares hondureños en técnicas de tortura. En 1996, fue la Casa Blanca la que realizó una investigación sobre los cursos impartidos en la institución. De la misma, se dedujo que se habían utilizado “materiales impropios entre 1982 y 1991”. El mismo año, después de una enorme presión de la opinión pública, el Pentágono sacó a la luz algunos de los manuales utilizados en la escuela. El llamado Programa de Asistencia en Inteligencia a Ejércitos Extranjeros, según consta en documentos del Departamento de Defensa, enseñaba a usar “el miedo, el pago de recompensas por la muerte de enemigos, la tortura, las falsas detenciones, las ejecuciones y el uso del suero de la verdad”. Los documentos mostrados por el Pentágono, en realidad, eran fruto de la filtración de una investigación interna realizada en 1992, que reconocía que en los manuales se recomendaba, incluso, el asesinato de funcionarios de los gobiernos y de líderes políticos de países de América Latina. Al menos hasta 1996, por la Escuela de las Américas pasaron militares de 11 naciones del centro y del sur del continente americano.
Los jefes de la CIA, al igual que el presidente Nixon, estaban obsesionados con Allende. Grabaciones desclasificadas en Estados Unidos y publicadas en 2010 por la página Nixontapes.org desvelan la intención del entonces presidente estadounidense de derrocar al que definía como un “hijo de puta”. En las cintas, se muestra por primera vez el posible reconocimiento por parte de la CIA de su papel en el asesinato del comandante en jefe del Ejército de Chile, el general René Schneider, en 1970, como una manera de desestabilizar al país. En 2001, la cadena estadounidense CBS reveló en el documental “60 Minutes” que después del asesinato de Schneider, la sede central de la CIA envió un cable a sus agentes en Chile felicitándoles por su “excelente trabajo”. La CIA también hizo entrega de dinero para que algunos de los conspiradores huyeran del país. Las grabaciones incluyen conversaciones entre el presidente Nixon y el entonces consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Nixon se mostró especialmente irritado con la decisión de Allende de nacionalizar las empresas estadounidenses, principalmente las dedicadas a la extracción del cobre, y llega a definir al Chile de Allende como un “Estado fascista”. “Todo lo que hacemos con el Gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina”, añadió Nixon. El 5 de octubre de 1971, el entonces presidente estadounidense comunicó a Kissinger y a Connally, el secretario del Tesoro, su decisión: “He decidido eliminar a Allende. Todo vale en Chile. Golpeen sus traseros, ¿ok?”. En junio de 1971, el exministro del Interior democristiano, Edmundo Pérez Zukovic, fue asesinado por el grupo de ultraizquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), lo que hizo recordar la muerte, nueve meses antes, del general René Schneider. En una de las grabaciones, Kissinger se queja amargamente: “Los hijos de puta nos están culpando a nosotros. Están culpando a la CIA del crimen de Pérez Zukovic”. La opinión de Connally fue fundamental, pues el secretario del Tesoro pensaba que, si Estados Unidos no daba una lección a Allende, otros países de América Latina podrían seguir sus pasos en cuanto a nacionalizar empresas estadounidenses, de manera que promover el golpe de Pinochet era una manera de matar dos pájaros de un tiro: proteger los intereses de EE. UU. en el país e implementar el primer proyecto neoliberal a escala nacional de la historia. El Comité Church registró al menos 21 contactos entre miembros de la CIA y elementos de las Fuerzas Armadas chilenas realizados entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 con el fin de dar un golpe de efecto que contaría con el apoyo de los más altos niveles del Gobierno de Estados Unidos. Finalmente, el 22 de octubre de 1970 el coche del general Schneider fue tiroteado en una emboscada que se saldó con su muerte tres días después. Los autores del crimen fueron miembros de la ultraderecha chilena vinculados y ayudados por militares, aunque se trató de implicar a grupos de ultraizquierda con el fin de impedir la investidura de Allende. Documentos estadounidenses desclasificados entre 1999 y 2000 desvelan el pago de 35.000 dólares por parte de la CIA a militares chilenos implicados en el crimen.
Una de las principales misiones que el neoliberalismo lleva a cabo en cada país, independientemente de que este sea una dictadura o una democracia, es la de intentar destruir el tejido social que forman las asociaciones privadas o públicas porque estas no fomentan el individualismo sino la solidaridad, el asociacionismo y la colaboración entre los ciudadanos. Este era el caso de los centros de salud de los barrios más pobres de las ciudades de Chile. Estos organismos, como otras asociaciones de la sociedad civil chilena fueron desmantelados por el régimen dictatorial de Pinochet. El Gobierno golpista, sin atender ningún derecho ni reivindicación de las minorías indígenas del país, privatizó también recursos naturales como las industrias de la pesca y de la madera. El modelo chileno en materia de pensiones, salud y educación constituye un ejemplo de desigualdad monstruosa porque el acceso a estos derechos se encuentra totalmente condicionado por el poder adquisitivo de cada individuo. La reforma de la educación, por ejemplo, fue consagrada por ley días antes de que Pinochet abandonara el poder. Los siguientes gobiernos llegaron a duplicar el presupuesto en educación, pero las diferencias de partida eran tan enormes que aún no han logrado resolver los principales problemas de la educación chilena.
Desde 1970, las élites económicas de Chile se habían organizado en un club de oposición a Salvador Allende denominado «El Club de los lunes», y financiaron sus propios trabajos y estudios por medio de varios institutos de investigación, en colaboración con los “Chicago Boys”, algo que otorgó a estos últimos cierto prestigio ante la sociedad chilena y que sirvió para que sus ideas comenzasen a difundirse. En 1975, tras marginar a su principal rival y partidario de las teorías keynesianas, el general Gustavo Leigh, Pinochet puso al frente de la economía a varios de los «Chicago Boys» más importantes. La primera misión, como no, que recibieron de parte del dictador fue negociar los créditos con los técnicos del Banco Mundial, que sabían que los economistas reeducados en Chicago eran favorables a sus ideas.
Unidad Popular fue una coalición de partidos de izquierdas que había llevado a la presidencia de Chile a Salvador Allende. El objetivo de la coalición era que en el país triunfara un sistema democrático a semejanza del que imperaba en los países nórdicos: una economía de mercado en la cual los ciudadanos disfrutaran de la mayor cantidad de derechos. Entre las medidas promovidas por el Gobierno de Unidad Popular estaban la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; terminar con el latifundismo llevando a cabo una reforma agraria; nacionalizar la banca y las empresas más importantes; nacionalizar el cobre; y erradicar el hambre en los menores. Allende había sido elegido en 1969, y desde 1970 hasta el golpe de Estado que llevó al poder a Pinochet, el Banco Mundial, coaccionado por Estados Unidos, suspendió los créditos a Chile. En este caso, sí existían fuertes discrepancias entre el Banco-que consideraba que Chile cumplía con las condiciones para recibir fondos-y el Gobierno de EE. UU.
Así se expresaba Catherine Gwin, antigua economista del Banco Mundial: “Estados Unidos presionó al Banco para que no prestara fondos al Gobierno de Allende después de la nacionalización de las minas de cobre chilenas. A pesar de la presión, el Banco envió una misión a Santiago (habiendo determinado que Chile adoptaba una actitud conforme a las reglas del Banco, que preveían que, para conceder un préstamo, después de una nacionalización, estuvieran en curso los procedimientos para la indemnización). Robert McNamara (presidente del Banco entre 1968 y 1981) se reunió enseguida con Allende para comunicarle que el Banco estaba dispuesto a conceder nuevos préstamos con la condición de que el Gobierno estuviera dispuesto a reformar la economía. Pero el Banco Mundial y el régimen de Allende no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos de un nuevo préstamo. Durante el período de la presidencia de Allende, Chile no recibió ningún préstamo. Justo después del asesinato del presidente legítimo, en 1973, el Banco reanudó los préstamos, otorgando un crédito a 15 años para el desarrollo de las minas de cobre. […] La suspensión de los préstamos a Chile entre 1970 y 1973 se menciona en el informe del Tesoro estadounidense del año 1982 como un ejemplo significativo del ejercicio fructífero de la influencia de Estados Unidos sobre el Banco. Y aunque el Banco hubiera dado su principio de acuerdo para un nuevo préstamo en junio de 1973, las propuestas de préstamos no fueron tomadas en consideración por el comité de dirección hasta después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.
En los archivos del Banco Mundial consta un documento en el cual el Gobierno de Chile expresa sus quejas con motivo de la reunión del Banco, en septiembre de 1972. En la misiva, el Gobierno chileno indica que ha presentado ante la entidad una serie de proyectos elaborados, pero el Banco ni siquiera abrió un procedimiento legal mientras Allende ocupó la presidencia del país. El Gobierno de Unidad Popular nacionalizó más de 500 empresas chilenas, entre ellas las del cobre, que constituye la primera fuente de divisas para el país, ya que Chile es de largo el primer productor del mundo con más del doble de la producción de Perú, el segundo en la lista. El régimen de Pinochet reintegró la mayor parte de las empresas a sus dueños, pero tras esta operación llevó a cabo una segunda campaña para privatizar 50 de las 67 empresas públicas existentes antes del Gobierno de Unidad Popular. Únicamente se reservó la explotación del cobre para garantizar los enormes ingresos procedentes de esta industria. Exactamente el mismo plan de privatización del sector público se llevó a cabo en Irak, en 2003, de la mano de Paul Bremer, plenipotenciario de Estados Unidos en el país. De hecho, la mayoría de los servicios públicos iraquíes fueron privatizados, todo ello, como ocurre en los países occidentales, usando la excusa de una “mejor gestión” y una “mayor eficiencia a la hora de prestar servicio”. En el caso chileno, incluso empresas como Lan Chile, que habían sido públicas durante 60 años, pasaron a pertenecer a inversores privados. La dictadura de Pinochet consagró estos cambios plasmándolos en la Constitución chilena que el país aún conserva. Los expertos económicos contrarios al neoliberalismo creen que el ejemplo de Chile es una muestra clara de cómo un Estado pequeño se convierte en un ente maniatado por las grandes corporaciones. Este sistema acaba siendo una garantía de desigualdad. Es justo lo contrario de lo que preconizan los defensores del neoliberalismo: si el principal criterio es la rentabilidad, no es extraño que toda gestión con tintes neoliberales acabe creando sistemas injustos e ineficaces por definición.
Daniel Hojman, profesor de la Universidad de Harvard, afirma: “Yo creo que el único capaz de planificar de manera eficiente el sector eléctrico es el Estado; el que puede planificar en forma armoniosa la ciudad es el Estado. En Chile, el propio Estado se ató las manos para no aportar soluciones no sólo más justas, sino también más eficientes. La energía es un sector en Chile donde falta planificación al punto que la inversión está parada”. Alfredo Joignant, profesor Titular de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales de Chile e Investigador Principal del Center for Social Conflict and Cohesion Studies (COES), declaró en 2013: “¿Sabía usted que toda la reconstrucción tras el terremoto del 2010 se hace en Chile a través de empresas privadas? En Chile, el Estado no puede tener empresas constructoras. Está prohibido. En otros países, en casos de catástrofe el Estado interviene con todo”.
Caso aparte y de extraordinaria gravedad es el de las corrupciones que afectan a la privatización de las empresas públicas durante la dictadura de Pinochet. Las diferentes comisiones encargadas por la Cámara de Diputados de Chile para analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado, ocurridas con anterioridad a 1990, han dictaminado de manera rotunda que las privatizaciones tuvieron tres efectos destacables: en primer lugar, crearon monopolios; en segundo lugar, hubo un aumento de la desigualdad; en tercer lugar, las responsabilidades no han sido asumidas por los responsables del saqueo. Aquí exponemos algunas de las conclusiones de las distintas comisiones de investigación: “Como ha sido habitual en las economías neoliberales, pese al objetivo inicial de terminar con los subsidios a las empresas, el Gobierno decidió subsidiar al sector privado para crear una clase empresarial dinámica y competitiva que pudiera hacerse cargo del modelo económico”. Una de las comisiones también habla del apoyo prestado a la banca durante la crisis de la deuda de 1982, como una forma de subsidio al sector privado. No se especifica, en ningún caso, que dicho “apoyo” consistió en la entrega de fondos por el Banco Central con el fin de evitar el cese de pagos de la banca, el colapso del sistema de pagos y la ruina de muchas empresas y pequeños depositantes; “En el desarrollo de estos objetivos se favoreció a personas y grupos empresariales vinculados al régimen dictatorial y se fortaleció a ciertos sectores o actividades económicas con estímulos que aún permanecen vigentes. De forma simultánea, se destruyó el tejido social y se impuso un orden social y económico desigual reforzado por medidas como el plan laboral que destruyó los sindicatos. Tales medidas hubieran sido imposibles en democracia por la diferenciación social y la exclusión que creó la dictadura en la sociedad chilena, especialmente en el acceso a los bienes públicos y por la facilidad con la que se eludieron y transgredieron limitaciones y procedimientos legales”; “Es aleccionador comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) o que fueron interventores de empresas estatales”; “Los hechos demuestran que muchos de los encargados de privatizar las empresas, terminaron siendo dueños de las empresas objeto del encargo. A esa actitud podemos calificarla como negociación incompatible, abuso de poder, aprovechamiento, etcétera”; “La distribución del período 1973-1990 (dictadura de Pinochet) fue la más desigual de la historia de Chile. En los sesenta y comienzos de los setenta, existía en la sociedad chilena un coeficiente Gini (indicador de la desigualdad de ingresos dentro de un país) de entre 12 y 13, a finales de los 70 la cifra asciende a 15, y en la década de los 80 a 20”; “Muchas empresas fueron devaluadas con el fin de que sus propios gestores las comprasen pidiendo créditos a bancos que, por motivos estrictamente políticos, jamás se negarían a dar esos préstamos”.
En 1986, cuando la represión del régimen chileno causaba conmoción en todo el mundo occidental, incluyendo EE. UU., el Gobierno de Ronald Reagan instó al Banco Mundial a que organizase un debate sobre la adjudicación de un préstamo a Chile, de forma que evitara la oposición del Congreso estadounidense. La solicitud fue rechazada por Barber Conable, presidente del Banco, mediante una nota enviada a James Baker, que entonces era vicesecretario del Tesoro. En palabras de Eric Tousaint, economista belga y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM): “Se puede conjeturar que el pedido del Gobierno no era más que una concesión de fachada dirigida a la opinión pública, de manera que apareciese sensible a las preocupaciones democráticas expresadas, sabiendo que, en un reparto bien lubricado de los papeles, el presidente del Banco mantendría el rumbo político preconizado por el Gobierno. Todos salían ganando”.
