Ha pasado un mes desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinara que el importe cobrado de más por los bancos en las cláusulas suelo debería abonarse desde la fecha de la constitución del contrato y no desde 2013 como determinó el Tribunal Supremo. En este tiempo el Gobierno ha estado diseñando un sistema para que los bancos devuelvan ese dinero. Este sistema extrajudicial establece un plazo máximo de tres meses para la devolución de las cantidades cobradas de más.
Hoy se ha formalizado un acuerdo con el PSOE sobre cómo se articulará dicho mecanismo extrajudicial y que será aprobado el viernes en el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto Ley. No se tramitará como proyecto de ley para acelerar los trámites y, de este modo, evitar la judicialización de los más de 1,4 millones de casos existentes y que colapsarían la Administración de Justicia.
Este sistema extrajudicial establece un plazo máximo de tres meses para la devolución de las cantidades cobradas de más
El texto del acuerdo deja en manos de los bancos determinar a quién le devuelven las cantidades cobradas de más y a quién no. Los bancos serán los que decidan si esa cláusula suelo es opaca y, según el borrador de la ley, no se exigirá la devolución de ese dinero. La banca considera que si un cliente con cláusula suelo tiene una formación económica suficiente como para comprender la existencia y las consecuencias de tener estas cláusulas en su hipoteca no está obligada a devolver el dinero por mucho que el Tribunal Supremo dictara sentencia en su contra.
Según el acuerdo Gobierno – PSOE el pago de las cantidades será en metálico aunque se permite a la entidad a ofrecer otras soluciones como reducción de la deuda hipotecaria u otros productos de inversión. El banco estará obligado a comunicar por escrito esta oferta y el afectado por la cláusula suelo tendrá quince días para notificar si está de acuerdo o no.
No se tramitará como proyecto de ley para acelerar los trámites del procedimiento para la devolución de las cláusulas suelo
El Gobierno creará un organismo para controlar cómo se está gestionando la devolución y controlar que no haya irregularidades. Estará obligado a presentar un informe cada seis meses y tendrá la potestad de recabar información de las propias entidades. Este organismo tendrá presencia del Colegio de Abogados, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia y del Consejo de Consumidores.
Los afectados por las cláusulas suelo no tendrán que tributar por la cantidad recibida en concepto de indemnización, pero sí que tendrán que pagar IRPF por aquellas cantidades que se hubiesen deducido por compra de vivienda habitual.
