La “presencialidad segura” que tanto los distintos gobiernos autonómicos como el ejecutivo de Pedro Sánchez han prometido a las familias españolas para que los escolares españoles vuelvan a las aulas en apenas 15 días cumplirá solo con la primera parte de la promesa, la presencialidad, porque la seguridad se da por hecho que no la cumplirán a rajatabla en ningún centro escolar del país, y ello precisamente coincidiendo con la incesante escalada de casos de contagios registradas día a día en la inmensa mayoría del territorio nacional.
En aulas de unos 50 metros cuadrados aproximadamente de media, resulta imposible guardar el distanciamiento entre alumnos de 1,5 metros como impone la normativa de lucha contra la covid-19, porque la ratio media por aula es de 27 alumnos en Infantil y Primaria y por encima de 30 en Secundaria. Tampoco las medidas de higiene y lavado de manos se podrán cumplir en su integridad como disponen las consejerías de Educación puesto que la mayor parte de los colegios e institutos del país apenas disponen de un lavabo de media para cada medio centenar de alumnos.
Ministerio de Educación y autonomías tendrán que improvisar en días un cambio de modelo y renunciar a la “irrenunciable presencialidad” en las aulas anunciada antes de verano
Directores, sindicatos y Ampas de los centros escolares vienen advirtiendo esta realidad a las administraciones desde que finalizó el pasado curso escolar y se comenzó a programar el próximo curso académico 2020-2021. Pese a ello y a las sucesivas reuniones y promesas de un inicio escolar seguro, tanto los profesores como alumnos y demás personal escolar regresarán a las aulas a comienzos de septiembre sin que las administraciones hayan planteado planes lo suficientemente específicos para solventar uno de los principales problemas que ya tienen los centros educativos españoles incluso desde antes de la llegada de la pandemia, unas ratios muy por encima de lo que establecen las normativas y los consejos sanitarios.
El regreso a las aulas se barrunta como un caos total desde antes del verano y ninguna administración autonómica, ni tampoco el Ministerio de Educación, han puesto más que parches puntuales y de dudosa efectividad para solventar el grave problema que afecta a millones de familias en este país. Pese a ello, la reunión definitiva entre Ministerio y autonomías del próximo 27 de agosto no se adelantado ni un sólo día pese a la inminencia del inicio del curso y el desbarajuste de medidas que cada autonomía ha ido improvisando unilateralmente sin que ninguna de ellas aborde de frente las demandas de profesorado, directores de centros y madres y padres de los alumnos.
La ministra de Educación explicará en el Congreso de los Diputados las medidas adoptadas en esta reunión del próximo jueves 27 de agosto y ahí tendrá oportunidad de explicar su decidida apuesta por la “irrenunciable” presencialidad en las aulas a partir de septiembre pese al potencial riesgo que conlleva una vuelta al colegio sin las debidas medidas de seguridad y donde se ha volcado en el profesorado prácticamente la completa responsabilidad de su cumplimiento, cuando ya de entrada resulta imposible llevarlo a la práctica en casi ningún centro escolar aplicando las ratios actuales de alumnos por aula.
Sin poner el dedo en la llaga
Así las cosas, de la presencialidad sí o sí que se anunció al inicio del verano se ha pasado a un mensaje mucho más ambiguo y menos contundente, ya que algunos responsables educativos autonómicos han planteado ahora la posibilidad de un regreso semipresencial o escalonado que evite aglomeraciones potencialmente peligrosas. Ni las promesas de contratación de más profesores y personal de limpieza, ni el envío de material higiénico a los colegios, ni los protocolos promovidos insistentemente por las distintas consejería de Educación han puesto el dedo en la llaga: las ratios actuales impiden el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias que imponen las autoridades internacionales en la lucha contra la pandemia. De ahí que no pocas Ampas estén promoviendo ya medidas de presión en forma de movilizaciones para evitar algo que se podía haber previsto desde hace meses y ningún ejecutivo lo ha hecho.
Ahora, cuando apenas restan unos días para el pistoletazo de salida, Ministerio de Educación y autonomías tendrán que improvisar un cambio de modelo que entierre definitivamente, o no, la “irrenunciable presencialidad” en las aulas anunciado antes de verano y promueva otro más acorde con la realidad actual en plena escalada de contagios. Pase lo que pase, las administraciones educativas llegan muy tarde a unos vaticinios que la comunidad educativa en general venía advirtiendo ya desde finales del curso pasado. Y ni profesores, ni directores de colegios ni madres y padres de los alumnos tienen dotes de Nostradamus.
