El Consejo Interterritorial de Sanidad, donde el Gobierno y las comunidades autónomas marcan las pautas de la pandemia cada semana, elaboró ayer tarde un documento de compromiso para tomar medidas correctivas para quien se salte el protocolo de vacunación y se beneficie de la dosis sin corresponderle.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado que el acuerdo alcanzado en el día de hoy se rige por un «robusto marco ético», de acuerdo a los principios de equidad, de necesidad, igualdad, protección y de solidaridad. En este mismo sentido, ha recordado que la Estrategia Estatal de Vacunación frente al coronavirus ha sido diseñada a conciencia sobre una base técnica «sólida, coordinada y participada, bajo el marco común europeo».
El acuerdo, de obligado cumplimiento según el segundo párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la que se considera Conferencia Sectorial al CISNS, ha sido calificado por algunos consejeros como una declaración de intenciones en materia de vacunación frente al covid.
El texto acordado presenta cinco apartados : “reafirmar”; “continuar con el trabajo conjunto”; “extremar el seguimiento”; “adoptar las decisiones”; seguir trabajando”.
En concreto, el CISNS ha acordado:
Reafirmar el compromiso de los miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en España como el mejor mecanismo para afrontar el proceso de vacunación en nuestro país con un plan único y de acuerdo a criterios técnicos, éticos y científicos.
Continuar con el trabajo conjunto y coordinado de actualización de la Estrategia, definiendo los grupos a vacunar según la disponibilidad de dosis, a través del Grupo de Trabajo Técnico, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública del CISNS.
Adoptar las decisiones que correspondan para contar con los medios y las capacidades necesarias para afrontar las siguientes etapas del proceso de vacunación, que vendrán determinadas por la aprobación de nuevas vacunas, el incremento en la llegada de dosis a nuestro país y la extensión de la población diana a la que administrarla.
Seguir trabajando conjuntamente para que el registro de vacunación se desarrolle y actualice de forma efectiva tal y como recoge la Resolución de la Dirección General de Salud Pública, de 16 de diciembre 2020, por la que se establece el Sistema de Información para el seguimiento de la vacunación frente a la COVID-19.
El acuerdo entre las Consejerías de Sanidad autonómicas y el Ministerio de Sanidad incide además en la necesidad de «ratificar que la coordinación, la colaboración, la lealtad y la transparencia son principios clave para el éxito del proceso de vacunación y la consecución de los objetivos planteados».
En el documento final acordado en el seno del Consejo Interterritorial, se hace referencia a la cogobernanza, haciendo hincapié en que la Estrategia de vacunación «ha de desarrollarse en los planes operativos de cada territorio». Además, se ha eliminado la referencia a evitar y detectar el uso indebido de las vacunas, dejando la indicación de desarrollar medidas preventivas ; así como la relativa a «ratificar que la coordinación, colaboración, la lealtad y la transparencia son principios clave para el éxito del proceso de vacunación».
Las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia y Castilla y León han formulado voto particular negativo a este documento.
