viernes, 18junio, 2021
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El Gobierno reconoce que la mina de uranio de Salamanca opera de forma ilegal

La respuesta oficial del Congreso de los Diputados a una pregunta por parte de EQUO da a entender que la obra a cielo abierto de la empresa Berkeley funciona sin los permisos necesarios

Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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El Gobierno ha reconocido que la empresa minera Berkeley, que pretende construir una mina a cielo abierto para extraer uranio en Salamanca, ha operado sin los informes favorables preceptivos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Así lo ha reconocido ante la pregunta del diputado de EQUO Juantxo López de Uralde ante el Congreso.

La primera denuncia se produce por el hecho de que la empresa minera arrancó cientos de encinas sin tener permiso para ello. Cuando el portavoz de EQUO planteó además la cuestión de si el CSN había dado su visto bueno, la respuesta del Gobierno fue reconocer que la “autorización se encuentra todavía en una fase muy preliminar”.

Así, a pesar de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital concedió la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría de combustible nuclear en 2015, la entrada en funcionamiento de la planta requerirá de dos autorizaciones más por parte del mismo Ministerio, la de construcción y la de explotación, “ambas previo informe preceptivo del CSN”.

Según el diputado de EQUO López de Uralde, “Berkeley pretende aplicar una política de hechos consumados, tratando de ocultar que no cuenta con los permisos necesarios, haciendo actuaciones brutales como la tala de encinas. Pero cada día que pasa es más evidente que el proyecto no va a ir adelante porque la oposición social y política es muy amplia”.

Una oposición que se ha visto en la Marcha de Tren Ibérica contra la mina de uranio, y en los problemas que el alcalde Villavieja de Yeltes, localidad cercana a la mina, ha puesto a los trabajadores para que no acudan al ayuntamiento ni a los plenos vestidos con la ropa de trabajo, por temor a problemas de salud.

En la respuesta remitida por el Gobierno se indica que “Berkeley ha solicitado la autorización de construcción, con fecha 7 de septiembre de 2016” y que esta se encuentra aún en fase de evaluación por el CSN. A pesar de ello, ya se han deforestado un total de 40 hectáreas, arrancando 1.800 encinas centenarias, muchas de las cuales ni siquiera estaban dentro de la concesión minera.

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