Durante años Stop Uranio ha realizado movilizaciones contra la mina de Uranio en Salamanca.

El proyecto de mina de uranio de Alameda ha sido abandonado por Berkeley para instalarse en Salamanca. Información que por fin se ha conocido gracias a la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez que el Ejecutivo de Rajoy se negó a dar para facilitar el negocio bursátil de la empresa minera, según denuncia la plataforma Stop Uranio.

Se desconocen los intereses ocultos del PP con la multinacional de energía Berkeley

Aunque se desconocen de forma oficial los intereses ocultos del PP con la multinacional de energía Berkeley, lo cierto es que retrasó y se negó a informar vía Parlamento a las preguntas de Compromís sobre si iban a dar los permisos oportunos para instalar una mina de uranio en Salamanca, que hubiera destrozado durante décadas el paraje natural donde se quería instalar.

La respuesta del Gobierno a la pregunta del senador valenciano de Compromís del Grupo Mixto, Carlos Mulet, es que “finalizada la fase potestativa no se ha recibido en el Ministerio para la Transición Ecológica ni el estudio de impacto ambiental ni el expediente de información pública para el inicio de la fase ordinaria de evaluación ambiental, sin que tampoco exista constancia de que se haya llevado a cabo el trámite de información pública y consultas por el Órgano Sustantivo”.

Además, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) decidió paralizar la tramitación de los permisos de construcción de la planta del proyecto de mina de uranio que la empresa Berkeley quiso acometer en Retortillo, Salamanca. Así se lo comunicó el pasado julio a la compañía el CSN, según fuentes del supervisor, cuando le solicitó información adicional. Se decidió paralizar el proceso de análisis de la «documentación de apoyo» de la solicitud de construcción de la planta industrial asociada al proyecto. Además, el supervisor tiene también importantes dudas sobre la futura gestión de los residuos.

El problema de los desechos radiactivos, que en su última propuesta Berkeley pretendía almacenar en el «hueco minero», es el gran quebradero de cabeza para sus responsables. Y las dudas del CSN sobre la solución propuesta son serias. Así se lo transmitió el organismo supervisor al Ministerio para la Transición Ecológica el 25 de julio pasado en un informe de 11 páginas.

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