Nuevo golpe de mano del Gobierno de Mariano Rajoy a la reanudación de la normalidad política en Cataluña. El nuevo President de la Generalitat, Joaquim Torra, firmó ayer dos decretos relativos al Gobierno de Cataluña. El primero de ellos relativo a la estructura del Ejecutivo; el segundo, con el nombramiento de los 13 consellers, entre los que se encontraban Josep Rull (encarcelado), Jordi Turull (encarcelado), Lluís Puig (en el extranjero) y Toni Comín (en el extranjero). Ha sido la presencia de estas 4 personas que aún no han sido condenadas por ningún delito lo que ha hecho reaccionar al Gobierno del Partido Popular como sólo Albert Rivera lo hubiera hecho: anunciando que sólo publicará el primero de los decretos dejando el suspenso el segundo.
Durante la mañana del día de hoy ha circulado la noticia de que el Gobierno aceptaría el nombramiento de 9 de los 13 consejeros, algo que no podía ser ya que no se puede aprobar parcialmente un decreto. Por esta razón, el diario El País tuvo que rectificar. La realidad es la indicada anteriormente, es decir, que Mariano Rajoy aprobará la estructura pero suspenderá los nombramientos.
Sin embargo, la aprobación del primero de los textos firmados por Quim Torra, ¿supone la derogación automática de la aplicación del artículo 155 y de la intervención del Estado sobre las instituciones catalanas? Esto abriría definitivamente el camino para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado gracias al apoyo del PNV, un apoyo condicionado a que se dejara de aplicar dicho artículo de la Constitución. A día de hoy, la realidad es que el artículo 155 sigue en vigor.
Por otro lado, la suspensión de los nombramientos de los consellers, ¿supone que Mariano Rajoy ha sucumbido a las peticiones de Albert Rivera? Esto sería muy grave tanto para Cataluña como para nuestra democracia puesto que se habrían antepuesto intereses basados en ideologías antediluvianas al cumplimiento de la ley.
La reacción en Cataluña no se ha hecho esperar y varias asociaciones de la sociedad civil han publicado un comunicado en el que acusan al Gobierno de Rajoy de incumplir la ley, basando dicho análisis en artículos de la Constitución y de las leyes catalanas:
Para estas asociaciones el anuncio del Ejecutivo de Mariano Rajoy «implica una intolerable falta de respeto a la voluntad democrática expresada en las urnas y una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña».
