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El Gobierno desmantela la ley educativa del PP

Educación prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, así como planes personalizados para repetidores y la Religión no contará para la nota final

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El Gobierno ha remitido su propuesta de reforma educativa para finiquitar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), llamada ‘Ley Wert’, en la que, se prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, así como planes personalizados para repetidores y la Religión no contará para la nota final.

El ministerio de Educación ha remitido un documento a las organizaciones educativas, y al que ha tenido acceso Diario 16, que lleva por título Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación‘.

El ministerio de Educación y Formación Profesional señala que el objetivo es “a corregir aquellos aspectos que han sido más vulneradores de la igualdad de oportunidades, con el fin de no dar pie a un vacío legal”. La llamada Ley Wert, fue aprobada en 2013 a pesar de las múltiples protestas de la ‘Marea Verde’, y se volverá en parte al ‘Pacto de Estado para Reformar el Sistema Educativo’, aprobado con el consenso de la comunidad educativa, cuando era ministro de Educación, Ángel Gabilondo, actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

En una carta remitida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, se afirma que el Ministerio de Educación quiere que su propuesta logre el “mayor consenso posible”. El Gobierno espera poder aprobarla en Consejo de Ministros antes de final de año.

El borrador recoge la eliminación del criterio de la demanda social en la planificación escolar y de los itinerarios de la ESO, el nuevo tratamiento de la asignatura de Religión o la obligatoriedad de Ética y Valores Éticos en Primaria y Secundaria. Se trata de aspectos que se han ido desgranando en los últimos meses, aunque también se incluyen algunas novedades.

Se contemplan refuerzos individualizados para el alumnado repetidor de manera excepcional, y también la posibilidad, para casos concretos, de ampliar el Bachillerato a tres cursos. Convertir las evaluaciones finales de etapa de 6º de Educación Primaria y 4º de Secundaria Obligatoria (reválidas), en evaluaciones muestrales y plurianuales, que permitan conocer el estado de nuestro sistema educativo, rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las Administraciones.

Establecer evaluaciones de diagnóstico, censales, situándolas en momentos de la escolarización que permitan adoptar medidas para la mejora: 3º o 4º de Educación Primaria y 2º de ESO, esta última prevista en la LOE.

 

Los principales cambios 

Religión y Educación en Valores Cívicos y Éticos

La asignatura de Religión deja de ser materia específica en Bachillerato, su oferta no será obligatoria,  y no será necesario cursar otra alternativa. Además, ya no contará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad ni las becas.

 

Lenguas cooficiales

Quiere devolver a las Comunidades Autónomas la plena facultad para aplicar las lenguas cooficiales y les permite decidir en qué lengua y en qué proporción se imparten las clases.

Se plantea llevar a cabo una “regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2018” que anula el sistema establecido por la LOMCE para garantizar la escolarización del Castellano en Cataluña.

 

Repetidores

Educación propone planes personalizados para los alumnos repetidores. Tendrán contenidos y exámenes diferentes al resto del grupo, en el caso de que sea necesario, “será el propio centro el que decida sobre su promoción”. “Se deberán adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición”.

 

Reválidas e itinerarios diferenciados

Se eliminan las reválidas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que estaban en suspenso, como están concebidas. Pasarán “a ser unas evaluaciones muestrales y plurianuales, que permitirán conocer el estado del sistema educativo”. Se prohíbe “utilizar esos resultados para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros”.

Se suprimen los itinerarios diferenciados en la ESO. Todos los alumnos “saldrán de Secundaria con idéntica titulación y no especializada” como ahora, que les cerraba vías en Bachillerato, y al que se llegará a través del currículo ordinario.

Se vuelve a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller, a organizar la Educación Primaria en tres ciclos de dos años cada uno.

 

SOBRE CENTROS

Mejorar el sistema de admisión con políticas activas, con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros, recuperando plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de la enseñanza.

Se reforzará el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad. En particular se eliminará la referencia a que la “educación diferenciada” no se considera discriminación por género y se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.

“Modificación de los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo y estableciendo medidas que garanticen el equilibrio en la aplicación de dichos criterios, con un límite máximo de cada uno de los criterios de baremación en la puntuación máxima”.

Recuperar el papel del Consejo Escolar y de la Administración educativa en los procedimientos de selección y despido del profesorado de los centros concertados.

Se priorizará en los centros concertados los que sean mixtos de los que separan por sexo. Se eliminará la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.

 

Distribución de competencias

Educación plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la determinación del currículo de las materias. Con la reforma educativa, al Estado le corresponde asignar el 55% del currículo en el caso de las regiones con lengua cooficial, y el 65%, en el resto.

La propuesta de Educación quiere aumentar la autonomía de los centros, reequilibrando las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, mejorando el procedimiento de selección de los directores, aumentando la participación y el peso de la comunidad educativa en ellos.

 

Diálogo en la reforma educativa en España

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este viernes que “ve buenas condiciones para alcanzar una reforma educativa en España” apelando al “diálogo y contando con todo el mundo”. Calvo espera lograr “esta reforma con una cierta rapidez para dotar al país de una educación del siglo XXI”.

En una rueda de prensa en Mérida, la vicepresidenta ha subrayado que “la educación es un asunto mayor para el Gobierno”. “Queremos acometer la reforma de la ley con diálogo, con acuerdo, contando con todo el mundo, con la pretensión de que pueda llegar al final de año haciendo todo el trabajo de acuerdos”.

Tanto en la oposición como en el Gobierno desde el PSOE “siempre hemos sido claros en que el objetivo: “hacer desaparecer la Lomce”. Calvo ha señalado que “se va rápido, pero en la que al mismo tiempo se tiene que hacer como corresponde a una ley tan importante como ésta, con el acuerdo máximo posible del resto de las fuerzas políticas en sede parlamentaria, como es lógico, pero también en las negociaciones correspondientes”.

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