La diputada socialista en el Congreso Ángeles Álvarez.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha admitido que no dispone de “datos fiables” sobre maltratadores condenados y reincidentes en el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Este descontrol oficial en el seguimiento de los maltratadores sobre las órdenes dictadas por la justicia para proteger a sus víctimas ha sido reconocido por el Ejecutivo central días antes de que este pasado 30 de abril un maltratador con orden de alejamiento sobre su ex pareja la asesinara en Burgos de una brutal paliza en plena calle. La víctima había interpuesto tres denuncias previas contra su maltratador, como reconoció su padre.

La asesinada en plena calle había puesto tres denuncias contra su ex pareja, que quebró la orden de alejamiento

En una respuesta parlamentaria con fecha del pasado 8 de abril en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de la nación admite que “no dispone de datos fiables” en relación con la reincidencia por delitos de quebrantamiento de penas o medidas. El Ejecutivo de Rajoy argumenta este descontrol en el hecho de que “son datos sobre los que no se requiere actualmente su recopilación”.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ángeles Álvarez solicitó a finales del pasado 2017 información sobre los casos contabilizados desde el año 2007 hasta 2017 sobre reincidencia por quebrantamiento de una prohibición de acercamiento relacionados con violencia de género. La respuesta recibida pone sobre la mesa el debate de una aplicación efectiva de la ley en vigor contra la violencia machista.

Esta respuesta sobre la inexistencia de “datos fiables” evidencia el descontrol que el Gobierno mantiene en la actualidad sobre los maltratadores reincidentes en el quebrantamiento de órdenes de alejamiento, con lo que se hace más complicado el seguimiento y la posibilidad de evitar crímenes como el registrado este pasado 30 de abril en plena calle de Burgos, donde una mujer de 34 años fue asesinada de una brutal paliza.

La diputada socialista Ángeles Álvarez incide en que se desconoce a día de hoy qué valoración de riesgo tenía este nuevo caso de quebrantamiento de orden de alejamiento e incide en la falta de “datos fiables” oficiales sobre este aspecto, que puede ser decisivo para evitar potenciales casos de crímenes machistas.

Diario16 ya denunció que jueces y peritos competentes en casos de violencia de género no realizan valoraciones urgentes de riesgo antes de otorgar órdenes de alejamiento. En muy contadas ocasiones, los jueces ordenan ejecutar estas valoraciones urgentes del riesgo antes de decidir sobre las imprescindibles medidas cautelares que eviten los feminicidios, como pueden ser las órdenes de alejamiento para los maltratadores o medidas de protección a las víctimas.

En las 72 horas que tiene el juzgado de guardia para atender a estas mujeres en situación límite, los jueces hacen caso omiso en muchas ocasiones de un documento esencial en la lucha contra los malos tratos: el Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, del Ministerio de Justicia y en vigor desde 2011.

Paradójicamente, el primer punto del decálogo de la valoración médico-forense del riesgo apunta que “se realizará siempre a petición de la autoridad judicial correspondiente”. Pero como una amplísima mayoría de jueces elude acudir a estos peritos especializados en las 72 horas que tienen de plazo los casos urgentes, las órdenes de alejamiento a los maltratadores dictadas por los jueces brillan por su ausencia. Así queda constatado por el Consejo General del Poder Judicial, que reconoce que no dispone de estos datos. Un portavoz del Poder Judicial remite a los institutos de Medicina Legal, aunque “lo más probable es que las valoraciones urgentes del riesgo se consignen como ‘actuaciones de guardia’, que pueden responder a otros motivos”.

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