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Glovo debe cumplir con la sentencia que les obliga a dar de alta a 11.013 repartidores que trabajan como falsos autónomos

La Inspección de Trabajo, tras la denuncia de UGT y otros sindicatos, obliga a la empresa a regularizar los trabajadores y trabajadoras y pagar más de 16 millones de euros por el impago de cotizaciones a la Seguridad Social

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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Glovo debe cumplir con la sentencia que les obliga a dar de alta a 11.013 repartidores que trabajan como falsos autónomos, tras la denuncia de UGT, CCOO, CNT, Intersindical Alternativa de Catalunya y la plataforma RidersxDerechos, obliga a Glovo a regularizar a trabajadores y trabajadoras y pagar más de 16 millones de euros por el impago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta actuación de la Inspección demuestra que el trabajo realizado por UGT, con la denuncia en 2017 a las principales plataformas digitales de reparto, sigue siendo una de las principales herramientas para desenmascarar al alto número de falsos autónomos que utilizan la mayoría de las empresas que operan bajo esta fórmula. Hoy, precisamente, comenzamos a negociar con el Ministerio de Trabajo junto a CCOO, CEOE y CEPYME, para regular el trabajo en plataformas digitales.

La Inspección de Trabajo con los pocos medios con los que cuenta, ha conseguido sacar a la luz, con la legislación actual, el verdadero modelo de trabajo de las plataformas digitales y ha actuado para corregir esa situación.

La última actuación de la Inspección, tras las denuncias de UGT y otros sindicatos y acciones de oficio, se ha concretado con las altas en el Régimen General de la Seguridad Social de 11.013 personas trabajadoras que realizaban la actividad de reparto entre 2018 y 2019 en todas las provincias que tiene presencia la empresa Glovo.

Recientemente UGT, después de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se determina con absoluta claridad que existe una relación laboral entre Glovo y sus repartidores, había vuelto a solicitar que se dé de alta a los más de 9.000 repartidores que actualmente están trabajando en Glovo. Además, la sentencia del Tribunal Supremo también determinó que la actividad principal de Glovo es la de reparto de mercancías y que la aplicación era la encargada de realizar la logística necesaria para esa actividad.

Deuda con la Seguridad Social

Es necesario explicar que la altísima tasa de rotatividad provoca que los repartidores que han sido dado de alta por el periodo de 2019, muchos de ellos no estén trabajando actualmente y que hayan sido sustituidos por otros nuevos repartidores con lo que están provocando otro fraude masivo.

Si, además, añadimos la deuda anterior de 19 millones de euros, más la que acaba de ser publicado de 16 millones de euros, estamos hablando que Glovo es una de las principales empresas con mayor deuda con la Seguridad Social con 35 millones de euros.

Desde UGT, “exigen que Glovo pague toda la deuda y que transforme a todos los repartidores en contratos indefinidos y con el convenio de transporte de mercancías por carretera”. El Estado no puede permitir que una empresa no respete las decisiones del Tribunal Supremo y mantener este estado de impunidad de una empresa que no acata sus sentencias.

Fraude

A pesar de la rotundidad de la situación de fraude en la que coexisten las plataformas digitales “se niegan a negociar una solución en la que se reconozca la relación laboral según establece la normativa laboral”, denuncian desde el sindicato.

Desde UGT, han recordado que mantiene inalterable “el compromiso de no rendirse ante esta situación de abuso intolerable por parte de una empresa como Glovo”. Si queremos que exista un reconocimiento del trabajo en España es necesario “que las plataformas digitales asuman la relación laboral según la legislación laboral y las condiciones sociales de los convenios colectivos sectoriales”.

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