España seguirá teniendo derecho a veto en lo que se refiere a Gibraltar en las negociaciones que la Unión Europea iniciará el próximo mes con Reino Unido para diseñar el marco de su relación futura, del mismo modo que lo tuvo durante las negociaciones del Brexit, según recoge la propuesta de mandato presentado este lunes por el negociador europeo, Michel Barnier.
“Ningún acuerdo entre la Unión y Reino Unido negociado en base a estas directivas de negociación incluirá Gibraltar”, expone sobre el alcance de la negociación el borrador del texto legal presentado por Barnier en una rueda de prensa en Bruselas.
En su introducción, el mismo documento recuerda que los líderes de la Unión Europea ya acordaron en noviembre de 2018 que una vez que Reino Unido abandonara el bloque, Gibraltar “no se incluirá en el alcance territorial” de los acuerdos futuros entre las dos partes.
Ello, aclara la nota, no condiciona la posibilidad de que los Veintisiete y Londres lleguen a acuerdos “separados” con respecto al Peñón, pero ello tales convenios “requerirán el acuerdo previo del Reino de España”. La Unión Europea tiene, por ejemplo, la competencia para negociar pactos comerciales con países terceros.
Barnier ha explicado sobre la cuestión de Gibraltar que estas disposiciones “no excluyen” que pueda haber discusiones entre la Unión Europea y Reino Unido porque toquen competencias comunitarias, pero en tal caso sería en acuerdos “paralelos” sobre los que España “tendría que dar su consentimiento cada vez”.
“Si es así, habrá una mesa especial, paralela y España deberá estar asociada y dar su acuerdo a cada uno de los elementos de este acuerdo específico sobre Gibraltar”, ha indicado el negociador europeo.
Barnier ha redactado su propuesta de negociación a partir de las ‘líneas rojas’ que le han trasladado las capitales en las últimas semanas y siguiendo también las directrices que los Veintisiete ya fijaron para la fase anterior durante la que se negoció el divorcio. El objetivo es que la futura asociación quede fijada en un acuerdo económico y comercial y otro que aclare la cooperación en materia de seguridad.
El negociador presentará el miércoles el documento en el Parlamento europeo y los Veintisiete dedicarán las próximas semanas a perfilar con Bruselas el texto, con el objetivo de que sea adoptado el próximo 25 de febrero en una reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.
Si se cumple este calendario, las negociaciones podrán comenzar la primera semana de marzo con la presión de cerrar el pacto en apenas once meses, ya que el periodo de transición expira en diciembre y Londres ha dicho ya que no quiere prorrogar esta fase. Las bases del pacto, de hecho, deberían estar listas en octubre para que sea posible concluir su tramitación y entre en vigor a tiempo para diciembre.
Conscientes de las dificultades para cumplir los plazos −Bruselas asume ya que no será posible concluir un acuerdo completo a tiempo− las negociaciones se articularán en torno a “una docena de mesas sectoriales” que se convocarán cada tres semanas aproximadamente.
El acuerdo que afectará al sector pesquero es una de las prioridades para las partes y también uno de los asuntos que se prevé más complejo, no solo porque el compromiso es alcanzar un acuerdo a más tardar el 1 de julio, sino por las diferencias que alejan a las partes.
