Gestación subrogada: esclavitud y trata de seres humanos para ricos

La compra de un ser humano por parte de la presentadora y actriz Ana Obregón ha despertado un debate que había quedado olvidado en los últimos años: la gestación subrogada. Por más que Isabel Díaz Ayuso haya señalado, mostrando una vez más su ignorancia, que este es un debate nuevo abierto por la izquierda, la verdad es que se trata de una problemática que lleva muchos años en la actualidad porque se trata de una de las disputas más cruentas entre el movimiento feminista y una parte del colectivo LGTBi.

El concepto de la gestación subrogada es antitético con los principios fundamentales de la izquierda, del feminismo, de la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y del respeto a los derechos humanos. El cuerpo de un ser humano no puede monetizarse porque nos encontramos ante un caso flagrante de trata de personas o una tipología encubierta de esclavitud exclusiva para ricos.

No se trata de criminalizar a quienes acuden a este método de concepción, sino el propio concepto. Pagar por utilizar el cuerpo de una mujer es un nuevo tipo de prostitución. Tan aberrante es ésta como aquélla. El cuerpo de la mujer no tiene precio, sea para lo que sea, sea para conseguir favores sexuales, sea para concebir a un hijo.

Desde sectores favorables a la legalización se intenta confundir a la sociedad con argumentos adulterados y fuera de la realidad. Por ejemplo, se habla del derecho a ser padres. No, no existe tal derecho. Se tiene derecho a la vida, se tiene derecho a la salud, pero tener progenie no es un derecho, es un deseo personal. Mercantilizar el cuerpo de la mujer por satisfacer un deseo es algo bastardo y, sobre todo, se trata de un nuevo tipo de violencia que se quiere vender envuelto con el caramelo de la bondad.

Por otro lado, algunos de los que defienden la maternidad subrogada afirman que lo hacen por «respeto a la libertad de la mujer», cosa que es imposible porque alquilar el cuerpo femenino no es, precisamente, un modo de respetar esa libertad, más bien se trata de atacarla. Con ese mismo argumento estaríamos defendiendo la prostitución, el genocidio o la trata de mujeres.

El propio concepto de gestación subrogada es un modo de limitar la libertad a decidir sobre su propio embarazo. Hay un contrato que la mujer gestante está obligada a cumplir, independientemente de las secuelas que le pueda producir. Si se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre un embarazo no se la puede obligar a cumplir con un contrato que limita dicha libertad.

La gestación subrogada supone un control sexual de la mujer, al mismo nivel que la ablación del clítoris, los matrimonios concertados o la compra por dote. Eso no es libertad, más bien es esclavizar durante 9 meses por cumplir una transacción mercantil que está obligada a respetar. Ese mismo control sexual se aplica en las sociedades occidentales en los países en los que está prohibido el aborto o el uso de anticonceptivos, además de que el propio concepto se asemeja al de la prostitución.

Los defensores de los vientres de alquiler afirman que se trata de una técnica de reproducción, cosa que es falsa ya que el cuerpo de la mujer no se puede catalogar como un tubo de ensayo en un laboratorio. Hablamos de seres humanos a los que se confiere la categoría de producto por el mero hecho de que haya personas que tengan el deseo de tener progenie.

Aquellos que defienden la existencia y la legalización de la gestación subrogada siempre ponen por delante el altruismo de las mujeres que se ofrecen para concebir a un hijo que será de otros. Ya es una contradicción en sí misma puesto que recibir una compensación económica elimina ese concepto.

Por otro lado, también argumentan que esas mujeres se presentan voluntarias, que nadie las fuerza. Eso se da en pocos casos. Mercantilizar el cuerpo de la mujer lleva a que unas pocas excepciones de voluntariedad se transformen en redes de tráfico de úteros similares a las de órganos, drogas, armas o personas.

La derecha liberal, defensora de la mercantilización de la mujer

Hace años, el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, declaró que «hay algunos que quieren ser padres, no abuelos, y no pueden esperar más de 10 años para adoptar». Ciudadanos es un partido, al igual que el Partido Popular, de ideología liberal, es decir, que defienden el libre mercado, lo que implica que cualquier cosa es susceptible de convertirse en negocio. Incluso la vida humana.

En el Congreso de los Diputados ya se han presentado proyectos sobre vientres de alquiler que, de haber sido aprobados, hubiesen permitido la solicitud para ser padres por parte de ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España. Las mujeres gestantes tendrían que ser mayores de 25 años y no recibirían ningún tipo de remuneración.

Hay que ser claros en este asunto, no hay que quedarse en medias palabras o interpretaciones sesgadas. O se está a favor del respeto a los derechos de la mujer y a los derechos humanos o se está a favor de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de la compra de personas.

La derecha liberal está a favor de regular una actividad similar a la esclavitud que fue abolida en España en el año 1870, porque, por mucho que se quiera asegurar que las mujeres gestantes no recibirán remuneración alguna, el hecho de utilizar el cuerpo de una mujer para concebir un hijo destinado a otra pareja es, además de cruel, un modo de esclavitud.

Las propuestas que a lo largo de los años han presentado los dirigentes de la derecha liberal en referencia a esta problemática son un manifiesto de quienes defienden que se pueda contratar a una mujer para quedarse embarazada y tener un hijo que luego no será suyo porque ya ha habido alguien que ha redactado un contrato que se lo impide.

No se puede ser más cruel: pagar por separar a una madre de su hijo. Los argumentos de los defensores de la gestación subrogada dicen que es el único medio por el que las parejas o matrimonios españoles pueden acceder a la progenie porque los canales de adopción están prácticamente vedados debido a la ruptura de acuerdos internacionales o a las trabas que ponen ciertos países a, por ejemplo, permitir la adopción para las parejas LGTBi.

Hay un concepto fundamental que inhabilita este argumento. Ser padres no es un derecho recogido por ninguna convención internacional ni por ninguna Constitución democrática. La paternidad/maternidad es una elección, un deseo. Es cierto que las elecciones personales pueden convertirse en derechos, tal y como ocurre con el derecho de la mujer a elegir sobre su maternidad. Pero esta elección se circunscribe al ámbito de la persona, no incluye a terceros ni, por supuesto, lleva consigo un acuerdo comercial.

Los defensores de los vientres de alquiler enseguida ponen encima de la mesa un nombre: California. La realidad, sin embargo, demuestra que la gestación subrogada está creando redes de tráfico de vientres que no son tan idílicas. Hay países donde se han abierto centros, granjas, donde las mujeres son recluidas para quedarse embarazadas, una vez, y otra, y otra, y otra, mujeres que no tienen la libertad de elegir si quieren o no quieren ser madres, mujeres que son tratadas como verdaderas esclavas.

La India es el mejor ejemplo de ello. De las mujeres que están recluidas ahí, mueren un 2% durante el embarazo o en el parto. Si esto ocurre, los padres que han comprado el cuerpo de un ser humano, como ha hecho Ana Obregón, tienen derecho a elegir otro vientre. Una especie de indemnización. En estas granjas nos encontramos con que muchas de esas mujeres están casadas y que sus maridos dejan de trabajar porque tienen el negocio en el útero de su esposa. Esto es lo que defiende la derecha liberal y todos aquellos que son favorables a la gestación subrogada, como el lobby gay.