La Justicia española sigue dando que hablar. Al fiasco de la instrucción del procés y al bochorno de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas se une ahora un nuevo dislate: los supuestos errores del juez Baltasar Garzón en la instrucción del caso Gürtel que pueden suponer la anulación de todo el procedimiento. Pablo Crespo, el número 2 de la trama corrupta condenado a 37 años de prisión, ha interpuesto una querella contra el magistrado con el fin de echar por tierra miles de folios de investigación, años de trabajo policial y una sentencia que costó la moción de censura a un presidente del Gobierno. De lograr su objetivo, la querella de Crespo permitiría salir de prisión a todos los condenados. Otro escándalo mayúsculo.

Los expertos en Derecho penal ven ciertamente remota la posibilidad de que la acción que han emprendido los abogados del cabecilla de la trama pueda lograr la anulación de todo el procedimiento por errores en la instrucción. No obstante, aunque el porcentaje de éxito para las tesis de Crespo es relativamente pequeño, nadie niega que el titular del Juzgado de Instrucción Número 50 de Madrid, que ha admitido a trámite la querella, podría tomar en consideración las pretensiones de los encausados y revisar si la instrucción de Garzón se llevó a cabo con todas las garantías procesales.

Solo el hecho de pensar que existe un resquicio legal, aunque sea mínimo, para que el gigantesco caso Gürtel pueda derrumbarse por un defecto formal resulta espeluznante. La imagen de una banda de mafiosos saliendo de la cárcel entre vítores y aplausos supondría la puntilla final para una Justicia, la española, seriamente afectada en su credibilidad. Seguramente no sea el momento de pensar en ese escenario desastroso para España, un país que en los últimos años ha proyectado una imagen de Estado bananero que no respeta las mínimas garantías procesales, tal como ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones. Pero sí es el momento al menos de hacer una serie de consideraciones sobre la forma de trabajar de la obsoleta Administración de Justicia española.

Si la instrucción del caso Gürtel se viniera abajo como un castillo de naipes ello sería debido a la forma de hacer las cosas de un grupo de profesionales de la Audiencia Nacional que quizá no tomó todas las precauciones necesarias para evitarlo. Y eso nos lleva irremediablemente a aquella nefasta comida en la que participaron, además del propio Baltasar Garzón, el siniestro comisario José Manuel Villarejo y la entonces fiscal y hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, amiga y estrecha colaboradora del controvertido magistrado. Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que nunca antes un almuerzo para tres había salido tan caro a un país.

De aquella reunión, supuestamente grabada por el comisario de la boina sin que sus compañeros de mesa y mantel lo supieran, no salió nada bueno. Ya se sabe, porque el contenido de las conversaciones ha sido publicado por la prensa, que al calor desinhibido de los cafés Delgado soltó una serie de comentarios homófobos contra su compañero y juez Fernando Grande-Marlaska. Además, también insinuó que algunos magistrados de altos tribunales se dejaron acompañar por menores de edad durante unas jornadas judiciales celebradas en Cartagena de Indias, un truculento episodio que nadie ha investigado y sobre el que se ha echado tierra encima con el fin de ocultarlo.

Pero la cosa no queda ahí, ya que la querella de Pablo Crespo viene a decir que en aquella comida (que quizá no debería haberse celebrado nunca, dada la cantidad de despojos que generó) se preparó la operación Gürtel cuando las diligencias policiales aún no habían sido remitidas al juzgado. No sabemos si eso fue así o no, será el juez de Plaza Castilla quien lo dirima. Mientras tanto, debemos seguir creyendo la versión de Garzón de que no hizo nada irregular y de que en todo momento cumplió con los artículos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nadie es tan ingenuo como para tragarse las fabulaciones de un corrupto como Crespo condenado a 37 años de prisión por delitos muy graves, mayormente porque todo lo que pueda decir, verdadero o falso, tiene un solo y único objetivo: salir de la cárcel cuanto antes y a costa de lo que sea. Lo malo es que en un Estado democrático la ley es igual para todos y hasta el más avezado aprendiz de Al Capone posee derechos constitucionalmente reconocidos que deben ser salvaguardados, como cualquier otro ciudadano.

No obstante, más allá de que la querella de Crespo no tenga el menor recorrido y más allá de que su versión de los hechos sea absolutamente parcial e interesada (y por tanto con escasa credibilidad) cabe preguntarse si el famoso “trío de la Audiencia Nacional” –Garzón- Villarejo-Delgado–, incurrió en una intolerable chapuza judicial a las puertas de un asunto tan delicado y complejo como la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España. De entrada, no parece que un restaurante, taberna o cafetería (da lo mismo si es de dos, tres o cuatro tenedores y si figura o no en la Guía Michelin) sea el lugar más apropiado para mantener un reunión secreta en la que se van a debatir los asuntos de Estado de la mayor trascendencia. Para eso están los despachos oficiales de los juzgados, esos lugares donde suelen tratarse estas cosas “sensibles” en los países llamados “serios”. Por lo visto, parece que Spain sigue siendo different también en lo judicial, y entre pincho de tortilla y plato de croquetas se ordena una diligencia, se acuerda una comisión rogatoria internacional o se desmantela una banda organizada.

Pero lo peor de todo no es el escenario elegido para debatir asuntos tan serios, sino que Garzón no fuese consciente en aquel arriesgado ágape de que estaba tratando con un hombre a todas luces abyecto y de poco fiar como José Manuel Villarejo, a quien en círculos policiales ya se le conocía la trayectoria de hábil “emprendedor” experto en los negocios. Y ahí es donde radicó el mayor error del juez, en dar por supuesto que hablaba con gente leal. Fue Bryce Echenique quien dijo aquello de que mi patria son los amigos. Ahora Garzón ya sabe que hay amigos capaces de vender a la patria.

De modo que parece evidente que un magistrado de talla y experiencia como él, un profesional de la judicatura que ha instruido los casos más sonados de la historia de la democracia, un juez que ha estado amenazado por ETA y sobre el que habían puesto la diana sus enemigos políticos del Partido Popular, nunca debió caer en la trampa de aquella reunión festiva en la que todo quedó grabado para siempre. Ni debió permitirse hablar tan relajadamente en un lugar público, ni debió convertir una reunión de trabajo tan fundamental en una comida de amiguetes, ni debió dar por supuesto que Villarejo era uno de los suyos (en realidad antes de abrir su corazón al comisario debería haber ordenado a agentes de su confianza que lo investigaran a fondo). Sin embargo, lejos de tomar unas mínimas precauciones, Garzón consintió debatir abiertamente con el comisario sobre casos delicadísimos. Habló con él sobre investigaciones que se perfilaban como auténticas cuestiones de Estado. Y por lo visto todo transcurrió como si los comensales estuviesen contándose el último capítulo de cualquier serie de Netflix.

No caeremos aquí en el error de dar credibilidad a testimonios de gente como Pablo Crespo o Villarejo. Preferimos seguir creyendo a Garzón; preferimos seguir pensando que el magistrado no sabía con quién se estaba jugando los cuartos. Aunque produzca extrañeza y estupor que el hombre que derribó el felipismo con la procelosa investigación del caso GAL se comportara de una forma tan bisoña como poco profesional.

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