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Gallardón afirma que la compra de Inassa fue legal y ética

El expresidente regional matizo no creer en que la corrupción desaparezca con una normativa ya que quien utilice la política para su beneficio propio al final lo acaba consiguiendo

Ángel Zafra
Periodista con amplia trayectoria en varios medios de comunicación, siempre como colaborador. EN las ultimas fechas ha estado vinculado a Radio Nacional de España y a el diario El País.
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha rechazado esta mañana realizar cualquier tipo de irregularidad en la adquisición de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. Con la compra de Inassa se inició la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Gallardón ha afirmado que la compra de Inassa supuso una «buena operación para los madrileños», que no encuentra «ningún reproche», ya que se trató de una operación «legal y ética».

En su declaración, el expresidente Regional ha dudado de que se pueda cortar la corrupción con normativa. «Quien tiene intención de pasar por la política para beneficio propio no hay límite legal que lo impida, porque lo acaba consiguiendo». En la adquisición de la colombiana Inassa, se cumplió toda la normativa que obligaba a pedir autorizaciones, pero posteriormente «se modificó». El Canal adquirió, posteriormente en 2013, la empresa de aguas brasileña Emissao, ya bajo la tutela presidencial de Ignacio Gonzalez, y que ahora investigan los jueces.

Ruiz-Gallardón, dijo, que él haría actuado de la misma forma que hizo el Canal, «pidiendo un informe». Y si ese documento hubiera mantenido que la operación en Panamá tenía los mismos efectos que si se realizara en Colombia, habría dado su visto bueno. «Le doy mi palabra de honor ningún euro de dinero público no se vio perjudicado, ningún euro se perdió por esta operación», ha concretado.

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El juez Eloy Velasco investiga si en la adquisición se desviaron fondos. El Canal pagó por la empresa unos 100 millones de euros, cuando su valor, sostiene el juez, era “muy inferior”, de unos 30 millones. El magistrado subraya que ese sobreprecio de 70 millones pudo implicar malversación de fondos públicos.

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