Tras el anuncio por parte de BBVA de la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por 9.700 millones de euros, el banco vasco no perdió el tiempo y por la tarde fue anunciada la apertura de la due dilligence con Banco Sabadell. Ambas entidades lo confirmaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Para ello, BBVA ha contratado los servicios de JP Morgan y Sabadell a Goldman Sachs. Sin embargo, lo que más sorprende es la presencia, dentro de los asesores legales, del despacho de abogados de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, del lado de la entidad catalana.
Nuevamente, se demuestra el papel predominante que tiene el Santander en los movimientos del sector financiero y, sobre todo, de su bufete de cabecera. Todo el mundo sabe quién es el cliente principal de Uría y Menéndez y, sin embargo, se le sigue permitiendo que actúe en operaciones que, de un modo u otro, afectan al Santander. En este caso, si la fusión sigue adelante, el banco presidido por Ana Patricia Botín pasará del liderazgo absoluto de la banca española a ser la tercera entidad. Ni siquiera se ha llegado a plantear que exista un posible conflicto de intereses, cuando es evidente.
Uría y Menéndez fue un elemento clave dentro de la operación del Banco Popular, no en vano fue contratado por Emilio Saracho cuando aún no era presidente de la entonces sexta entidad española y, en consecuencia, no tenía poderes para ello.
El despacho de cabecera del Santander fue clave en momentos que los peritos del Banco de España señalaron como fundamentales dentro de la crisis de liquidez del Popular, la única causa por la que fue resuelto. En primer lugar, la redacción y las reuniones sobre el hecho relevante de la reexpresión de las cuentas se realizaron en las oficinas de Uría cuando, como bien dijo el juez Calama Teixeira, en el Edificio Beatriz habría salas perfectamente habilitadas para tal fin.
En segundo término, la política de comunicación fue supervisada por el despacho de cabecera del Santander, y la propagación de noticias negativas durante el segundo trimestre fue clave para generar desconfianza tanto en los mercados como en los clientes.
En otro orden, en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017, de la que salió la declaración de inviabilidad que inició el proceso de resolución, abogados de Uría y Menéndez estaban presentes. La omnipresencia del despacho en todo el proceso es clave. La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que declararon en la Audiencia Nacional coincidieron en que hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución. La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» ha resonado en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción.
Sin embargo, la declaración que provocó un verdadero terremoto fue la del fallecido Jaime Ruiz Sacristán, quien afirmó que no estaba de acuerdo con la declaración de inviabilidad porque el banco era solvente, que el procedimiento de resolución era inaudito y que un abogado de Uría habló en el Consejo el día de la resolución, advirtiendo de las consecuencias de no declarar la inviabilidad. Estos hechos no aparecen en el acta parcial de la reunión del Consejo del 6 de junio, como otras muchas intervenciones de otros consejeros que fueron obviadas. De esta declaración podemos deducir una cierta coacción para votar a favor de la inviabilidad.
Además, Diario16 se puso en contacto con el FROB para confirmar si hubo representantes del despacho en la reunión celebrada el 3 de junio de 2017 y en la que se aprobó hasta el cronograma de la resolución y el proceso se subasta, consulta a la que el FROB respondió que «se trata de cuestiones sujetas a procedimientos judiciales, y no realizamos comentarios sobre asuntos judicializados».
Ahora Uría y Menéndez también estará presente en las negociaciones para la fusión BBVA-Sabadell. Saquen ustedes sus conclusiones.
Desgraciadamente, señor Gómez, vuelve a aparecer en contexto el Banco Popular, esa entidad financiera solvente y cumplidora. Pero los Urias i las Anas se encargaron del mayor robo del siglo XXI a los españoles. Esos jubilados, pensionistas, ahorradores, inversores y accionistas del Popular. En mala hora se cumplió el expolio, de madrugada, con nocturnidad y alevosía.
Por cierto ¿cómo está el tema en la Audiencia Nacional?