Ser funcionario de prisiones en España se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Y lo es cada día más, si nos atenemos a las estadísticas oficiales. Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguran que a lo largo del 2017 los centros penitenciarios notificaron 995 accidentes laborales, en los que resultaron accidentados 1.269 trabajadores penitenciarios, de los cuales 493 fueron funcionarios “agredidos en acto de servicio por trabajar en contacto directo con la población reclusa”, tal como asegura el sindicato Comisiones Obreras.
La falta de recursos en las prisiones españolas, la progresiva precarización de sus condiciones laborales y la ausencia de políticas de prevención son las causas principales del aumento de la siniestralidad laboral en las prisiones. El medio laboral penitenciario genera riesgos laborales múltiples (de seguridad, biológicos, psicosociales, acoso laboral y el más grave: la epidemia de las agresiones).
Los datos que se registran son preocupantes: un 71,85% de incremento de incidentes violentos entre los años 2008 y 2017. Ante ello, la Administración Penitenciaria “sigue sin negociar un plan de prevención y sin cumplir la normativa nacional y los convenios internacionales” sobre prevención de riesgos laborales, “lo que es su responsabilidad, ya que la Administración es la garante de la ley”, denuncia Comisiones.
“El Gobierno se esfuerza por ocultar las estadísticas de las agresiones, contabilizando incidentes y no trabajadores agredidos”, asegura el sindicato. Para “acallar” las voces del Congreso de los Diputados, que en el año 2016 exigían proteger la salud laboral de este colectivo, la Administración Penitenciaria creó un protocolo de actuación “cuando el daño ya está hecho, no para prevenir que éste ocurra”, insiste Comisiones. Este protocolo de actuación (PEAFA) “deja fuera” la inmensa mayoría de las lesiones que suceden en el medio penitenciario, ya que “sólo se investigan los daños físicos constatables, mediante parte médico, en los que exista una voluntariedad de agredir por parte del interno, terminando la Administración catalogando la mayoría de episodios como accidentes leves”.
Sin duda, la violencia en el trabajo tiene un impacto en la integridad física y mental del personal penitenciario que la sufre y en sus familias. Sin embargo, este problema no suele ser una prioridad en las agendas de los gobiernos. “Además, las Administraciones parten de una situación de privilegio con respecto a cualquier empresa privada, y es que si no cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se la puede sancionar con multas económicas ni abrir la vía penal contra ellas. Es muy difícil y costosa”, añade CC.OO.
El pasado mes de marzo los principales sindicatos de prisiones convocaron concentraciones a las puertas de las cárceles de toda España para protestar por las agresiones que sufren los funcionarios y en solidaridad con todos los afectados.
En una carta dirigida al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, los sindicatos se refirieron a un reciente caso en el que un preso del módulo de aislamiento de la cárcel madrileña de Soto del Real asestó varios cortes a un funcionario con un pincho que le causó lesiones en la cabeza, un brazo y la espalda. No obstante, los líderes sindicales señalaron que “por desgracia esta agresión no es un hecho aislado”, sino que solo es un ejemplo de lo que viven “diariamente” y que refleja el “fracaso” del sistema penitenciario.
“Son ya más de 2.100 agresiones en los últimos 6 años y la Administración penitenciaria sigue sin tomar medidas”, denuncian en la misiva, en la que también reclaman “un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de los reclusos”.
