lunes, 21junio, 2021
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El funcionario investigado por amañar contratos a cambio de regalos por fin se verá ante el juez

Su hijo, según se sospecha, fue contratado en una empresa por los favores que su padre hacia a la entidad privada desde el Ayuntamiento de Valladolid

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Mientras la ley de la función pública no cambie, y no parece que ningún partido quiera meterse en ese charco, será difícil apartar a un funcionario de su puesto de trabajo, incluso bajo serias sospechas de amañar contratos para hacer regalos.

El funcionario del Ayuntamiento de Valladolid acusado de amañar presuntamente la adjudicación de los contratos de señalización de vías públicas a cambio de prebendas por parte de la empresa seleccionada ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3 el próximo 11 de abril para interrogarle.

Al edificio de la calle Angustias deberá ir acompañado de su hijo, a quien la mercantil, según ha sostenido el Consistorio, le habría contratado por los favores que el padre les hacía en su relación con la Administración Local, según informa el Norte de Castilla.

El caso de J. L. G., ingeniero de profesión y que ahora trabaja en el Servicio de Espacio Público e Infraestructuras de la Concejalía de Urbanismo, saltó a los medios en noviembre de 2015 tras una denuncia que recibió el propio alcalde de un extrabajador de la firma, que desembocó, primero, en un expediente disciplinario en el que se apreciaron «indicios de criminalidad» y, más tarde, en los tribunales.

Desde marzo de ese año hasta ahora, por el órgano judicial, cuya titular es Elena López Negrete, ha pasado únicamente el denunciante, quien se ratificó en su versión. Además, se han llevado a cabo las pesquisas policiales en el ordenador con el que trabajaba el funcionario para reunir las posibles pruebas.

La citación reactiva un procedimiento que para la defensa de J. L. G. hace aguas por todas partes. Mientras que el equipo de gobierno subraya que el funcionario adjudicaba el contrato a esta empresa por encima de los precios de mercado y obviando otras ofertas más baratas, el abogado del investigado, el letrado con despacho en La Coruña Juan Pablo Lerena, aseguró ayer que los superiores jerárquicos en el Ayuntamiento ratificaron, en el transcurso de la instrucción del expediente en sede municipal, que los procesos fueron totalmente legales y correctos. «El informe de la Policía deja claro que no se ha obtenido ninguna prueba contra él», añadió el letrado, quien acotó que en el caso del coche se trataba de una mejora del contrato, que figura en la oferta de la empresa. Respecto a las entradas para ver al Real Madrid, afirma que se han aportado los certificados.

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