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Frenazo de la inversión en servicios públicos esenciales

Los directores sociales publican un nuevo informe donde advierten que la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado lleva a los durísimos recortes acumulados

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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El nuevo informe de los directores sociales ha sido todo un jarro de agua fría para el Gobierno del PSOE. El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro.

Según este informe, en 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).

Si tomamos como año base 2009 (inicio de los recortes para las arcas autonómicas), al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (más del 300% respecto a 2009), únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes. Puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza y a las más de 250.000 personas en lista de espera de atención y las 140.000 pendientes de valoración.

Para este colectivo, lo preocupante de la situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 , un 4,54% inferior al de 2009, que fue 2.535 €. De la misma manera, el porcentaje sobre el presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

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