El cerebro de la trama Gürtel ha entregado un escrito en la Audiencia Nacional en el que traslada su deseo de llegar a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en la pieza separada de la Gürtel valenciana, que juzgará la presunta financiación irregular de las campañas de Francisco Camps, a cambio de una reducción de su condena.
Francisco Correa ha admitido que el PP de Valencia le pagaba con dinero de una caja “B”, implica al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y reconoce haber recibido más de dos millones de euros en dinero negro para campañas electorales, incluidos varios actos de Mariano Rajoy.
En el citado escrito, Correa asegura que la mercantil Orange Market se creó «porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid», y recuerda que “Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia».
Correa reconoce que existía una caja “B” en sus empresas y añade que Orange pasó a ser controlada por José Ramón Blanco Balín, que para la policía es el blanqueador de Gürtel, a través de la mercantil Hator Consulting , SL».
«No puedo conocer los detalles de tales operaciones, pero sí estaba al corriente de que se nos pagaba de esa forma. Álvaro Pérez se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo y Pablo Crespo era quien supervisaba desde Madrid» señala Correa.
«El dinero «b» de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía una caja «B» que la controlaba yo. A través de ésta fue como Álvaro Pérez cobró durante un tiempo en «B» hasta que se solucionaron sus problemas fiscales», concluye Francisco Correa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años y nueve meses de cárcel para el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente Vicente Rambla por delito electoral cometido en 2007 y 2008 y falsedad documental.
En el escrito de acusación que presentó la Fiscalía se detalla cómo Costa, Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez, además de Yolanda García, contaron la ayuda de la trama de Francisco Correa y un grupo de empresarios valencianos, todos «beneficiarios de contratos con la Administración Pública» para financiar las campañas del partido en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
