¿Fracaso? No. El CGPJ lleva mil días fracasando

No sin cierto jolgorio, la derecha mediática se ha apresurado a hablar del “fracaso de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial a la hora de dimitir en bloque para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces”. Mejor se callan. Porque si consideran un triunfo la continuidad de una institución inoperante, que lleva aprovechándose ilegalmente del bolsillo del contribuyente y que debería haber sido renovada hace ya mas de dos años, es que no se enteran de la movida. No ven que un partido que presume de defender por encima de todo la Constitución la incumple permitiendo este estado de cosas. Este Consejo es, por sus propias circunstancias, un fracaso.

Y con consecuencias. Porque mientras este CGPJ siga en funciones, y todo parece indicar que durará hasta las elecciones generales a celebrar a finales de año, no habrá manera de cubrir las numerosas vacantes de las instancias judiciales superiores: audiencias provinciales, audiencias territoriales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Y, para colmo de contradicciones, el propio CGPJ se encontrará, en dos meses, en una situación todavía mas precaria. A la dimisión de Concepción Sáez, que deberá ser estudiada en el pleno de finales de esta semana, habrá que sumar la jubilación del presidente “suplente”, “en funciones”, o como se quiera llamar, Rafael Mozo.

Y cuando eso ocurra, cuando Mozo se vaya obligado por la edad, ¿qué pasará? Pues que se elegirá a otro “presidente suplente” probablemente del sector conservador. Un presidente que intentará, por todos los medios, recuperar la potestad que tiene la institución, cuando está formalmente constituida, de nombrar jueces y magistrados. Y alguna otra competencia de la que carece ahora mismo.

Y tampoco es probable que logren torcer la voluntad del Gobierno progresista de reconsiderar el decreto de marzo de 2021 que limita las funciones del organismo. El propio Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje explicito. Nada de avisos a navegantes. Todo muy claro. Nada cambiará en la administración de justicia hasta que se celebren nuevas elecciones. Por mucho que se reúna la comisión permanente. Por mucho que se vote en un pleno sin facultad para decidir, por mucho que el presidente, el que sea, se queje de la situación en el discurso de apertura de año judicial en septiembre próximo. Al ciudadano le entra por un oído y le sale por otro. A este CGPJ ya nadie le hace caso.

Y ahí está su fracaso. Por eso nadie debe de hablar del fracaso de los vocales progresistas porque estos estaban instalados en el propio fracaso de la institución. Valgan las redundancias.

Ahora resta esperar a que, en diciembre, una vez se celebren las elecciones generales, se decida el futuro de un organismo constitucional pero inoperante y con su imagen por los suelos. En la hipótesis de que ganase el PP habrá que ver qué política adoptan respecto a la institución. ¿Se reformará la ley orgánica para cambiar el método de elección de los vocales? ¿Serán las asociaciones judiciales las que decidirán finalmente quien se sienta en los sillones de Marqués de la Ensenada? ¿Se convertirá el órgano de los jueces en una correa de transmisión de esas asociaciones, en especial de la mayoritaria conservadora APM, con Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria como convidados de piedra?

Puede ser que se busque un criterio mixto y que sea el Parlamento el que elija parte de los vocales como viene siendo hasta ahora. Pero el PP o el PSOE, el que gobierne, debe tener en cuenta que el panorama representativo español ya no es el que era. Ahora habrá grupos que, basándose en su representatividad, querrán su parte del pastel. Y ya no habrá, como hasta ahora, representación del bipartidismo. El Consejo General del Poder Judicial será más inoperante si cabe.

Pero eso es hacer política ficción. El “tercer poder” del Estado, el judicial, seguirá en manos de unos funcionarios conservadores que continuarán haciendo la guerra por su cuenta con sentencias alejadas de la realidad social como la que ha repuesto en un cargo de confianza del ministerio de Interior a un mando de la Guardia Civil. Como siempre la tan traída sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo es la responsable de semejante desaguisado. Una instancia cada vez más controvertida por unas resoluciones que parecen ir en dirección contraria a los tiempos que corren. Eso sí. Bajo la excusa de que se aplica la ley… la que ellos interpretan.