¿Es lícito que un Gobierno maneje partidas presupuestarias, en definitiva dinero de todos los españoles, bajo la oscura y sospechosa categoría de “fondos reservados”? España es uno de los países de la Unión Europea con menos transparencia en el empleo de este tipo de “cajas B” que todos los gobiernos, sin distinción, han utilizado a su antojo para misiones secretas relacionadas con la seguridad nacional. Una montaña de dinero que casi siempre sirve para abonar las llamadas “cloacas del Estado”. En cualquier caso, estamos hablando de partidas estatales, probablemente de miles de millones de euros, que escapan a la más mínima justificación y que ni siquiera pasan por el control del Parlamento. Cualquier profesional del CNI o de un cuerpo de élite dirá lo mismo ante la pregunta del millón: los fondos reservados son reservados precisamente por eso, porque se gastan en operaciones clandestinas, top secret, es decir, reservadas.
La ley prevé el uso de estos fondos opacos para el pago de confidentes, mantenimiento de agentes encubiertos y cualquier otro tipo de gasto que requiera de una especial protección o sigilo en las operaciones en curso. Sin embargo, lo que parece menos claro es que ese dinero pueda servir como sobresueldo o gratificación extra de los agentes, que dicho sea de paso son funcionarios con una remuneración establecida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a que los pagos con fondos reservados deberían autorizarse de forma excepcional y sólo en casos puntuales donde la seguridad nacional esté amenazada (la seguridad nacional, no la seguridad de un partido político concreto implicado en graves asuntos de corrupción) en España están a la orden del día y se manejan sin apenas control de los poderes del Estado.
Fuentes policiales aseguran a Diario16 que este dinero, también llamado “fondo de reptiles”, se emplea de forma habitual para recompensar a los agentes por los servicios prestados. En la misma línea se manifiestan fuentes sindicales, que además advierten de que lo realmente peligroso no es solo que los maletines de dinero negro puedan fluir por los diferentes departamentos policiales y ministeriales, sino que sirvan para financiar misiones y operaciones clandestinas al margen de la autoridad judicial.
Según una información del diario El Mundo, los “fondos reservados” son una partida presupuestaria que el Ministerio del Interior dedica anualmente para combatir el terrorismo y el narcotráfico. “La diferencia de esta partida con otras dedicadas al mismo fin es la ausencia de publicidad, justificación y supervisión externa que existía sobre ella. Para evitar el uso irregular de este dinero, el 11 de mayo de 1995 entró en vigor una ley que regula la utilización y el control de los gastos reservados”. Sin embargo, la legislación rara vez se cumple en este asunto. ¿Cómo va a poder controlar una ley una partida presupuestaria que se dota precisamente para que pase desapercibida, para que quede en la sombra, fuera de todo tipo de control?
Entre los años 1983 y 1993, Interior asignó unos 20.000 millones de pesetas para gastos reservados, que se ingresaron en tres cuentas corrientes del Banco de España. La primera, denominada “Provisión de Fondos”, estaba destinada a atender las necesidades de la Dirección de la Guardia Civil. La segunda, llamada “Habilitación de Material”, era directamente gestionada por el ministro. Y la tercera y más cuantiosa, registrada a nombre de la “Dirección de la Seguridad del Estado-Secretaría de Estado para la Seguridad”, estaba gestionada por altos cargos del Gobierno, según las investigaciones de El Mundo. Durante el citado período, además de las cantidades inicialmente presupuestadas, el Ministerio del Interior dispuso de partidas “complementarias con las que se incrementaban anualmente los fondos destinados a gastos reservados de la Secretaría de Estado”. Todo aquello explotó durante los años de la corrupción del PSOE (caso GAL y otros asuntos vinculados al terrorismo de Estado).
Además, el diario Vozpópuli publicaba en una reciente información: “Uno de los secretos mejor guardados de la seguridad española, al descubierto. La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de una norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. El Ejecutivo socialista accedió a ello en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo. Diez días después, ya estaba encima de la mesa del juez. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control”. La gran pregunta es: ¿no sería necesario regular mucho más estrictamente la autorización de estas partidas extraoficiales? A fin de cuentas está en juego, ni más ni menos, que la calidad de nuestra democracia.
