La situación política que atraviesa Cataluña con el proceso independentista ha trascendido a los agentes económicos, y la agencia de calificación Fitch, -una de las más importantes para los inversores de todo el mundo tras Moody’s y Standard&Poors-, se ha hecho eco de los acontecimientos y ha señalado que «la aprobación de una ley en el Parlamento catalán para facilitar el referéndum sobre la independencia, va a llevar a mayores tensiones entre la Comunidad de Cataluña y el Gobierno central«. Por ello, Fitch ha difundido entre los inversores un análisis en el que apunta “degradar el rating de Cataluña en relación a la convocatoria del referéndum 1-O”.
Desde la agencia Fitch sostienen que no albergan una posibilidad real de secesión de España, pero esta tensión es negativa para el rating de Cataluña, sobre todo, “si el apoyo financiero del Gobierno se debilita o llegara a retirarse».
La calificación BB, -un bono basura-, es el baremo con el que puntúa Fitch a Cataluña, pero señalan que podría seguir bajando, porque esta puntuación está basada “en la financiación del Estado a esta autonomía en relación a la deuda que mantiene a medio plazo”.
Los inversores nacionales e internacionales observan con atención los acontecimientos en el Parlament, mientras Fitch ha asegurado que “vigilará los acontecimientos políticos de cara a el posible referéndum”, y ha incidido en “una decisión negativa sobre el rating si el apoyo estatal se debilita”, o “si el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Generalitat llegara a comprometer la capacidad de Cataluña para devolver su deuda«.
Esta agencia ha destacado la deuda de 50.000 millones de la Generalitat que tiene que pagar al Estado español. Esta deuda asciende al 80% de su deuda total. El informe de Fitch no ha valorado la legalidad del referéndum propuesto desde la Generalitat, manteniéndose al margen entre el 1-O y las actuaciones del Ejecutivo de Rajoy. Este análisis lo que resalta es “la discrepancia en las relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, que puede perjudicar al crédito de Cataluña”.
