En teoría, los fiscales son los ejecutores de la política criminal del Gobierno. Por su parte, los abogados del Estado, que forman la dirección del servicio jurídico del Estado con rango de subsecretaría del ministerio de Justicia, tienen como “clientes” a los departamentos ministeriales del gobierno. Esta es la teoría porque, en la práctica, los fiscales y los abogados del Estado personados en el Caso Procès, en el Tribunal Supremo, se les llama “indómitos” porque hacen caso omiso de las directrices del ejecutivo. Es más. Están “haciendo la cama” a Pedro Sánchez.
Si el auto del instructor del Supremo, Pablo Llarena, claramente contrario a la reforma del Código Penal en materia de sedición y malversación, sorprendió a propios y extraños, los acusadores públicos han querido ser “los mejores alumnos de la clase” y han ido más lejos. Exigen que a los líderes del Procès se les atribuya un delito de desórdenes públicos a cambio del de sedición, ahora derogado, y se apuntan a la “malversación agravada” que propone Llarena. Los fiscales del Tribunal Supremo son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Consuelo Madrigal fue fiscal general del Estado desde 2015, nombrada por el gobierno de Mariano Rajoy. Javier Zaragoza es un asiduo colaborador del periódico derechista El Mundo. En un artículo criticó abiertamente a la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Su mandato como fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha sido muy controvertido. Es claramente de tendencia conservadora. Pero estos fiscales cuentan con el respaldo de su jefe, el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz.
La actuación de la Abogacía del Estado en este caso ha pasado por varias fases controvertidas. Las más grave, tal vez, la destitución del representante del servicio jurídico, Edmundo Bal, hoy diputado por Ciudadanos. La directora del servicio jurídico del Estado, Consuelo Castro, lo sustituyó porque se negó a omitir la violencia del delito de sedición. Un matiz muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, la pena de cárcel pasaba de 25 a 12 años. Tras su destitución declaró: «¿Sabes qué pasa? Que no soporto las presiones de los políticos a los funcionarios públicos que solo quieren hacer su trabajo. No soporto la mentira».
En las notas oficiales y declaraciones efectuadas a los medios de comunicación, se justifican estas posiciones claramente maximalistas “para reactivar el procesamiento de Carles Puigdemont”. Incluso se dice que en Moncloa se ha ordenado que los servicios jurídicos públicos endurezcan su postura porque, durante la campaña electoral, Pedro Sánchez prometió “traer a Puigdemont a España y juzgarlo”. Independiente de que desde el propio Gobierno se desmienta que haya una estrategia parecida, lo que está claro es que, de ser cierta esta hipótesis, se generaría frustración no sólo por parte de ERC, sino también en Catalunya.
Si el pleno de la sala segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo asume las peticiones de Llarena y de los fiscales, de nada habrá servido una reforma del Código Penal que se hizo no sólo para mejorar las penas de los condenados del Procès, sino también para facilitar la defensa de las tres decenas de altos cargos de la Generalitat y del Parlament pendientes de juicio por esta causa y que ahora ya no se enfrentan a acusaciones de sedición, sino de desórdenes agravados, y malversación.
En los ambientes judiciales catalanes se manifiesta, claramente, que, si esto pasa, si hay más condenas de cárcel, se volverá a desempolvar la reivindicación de la amnistía. La situación se endurecerá. Y entonces, la maniobra que se ha llevado a cabo con la intención de “desjudicializar” el llamado “conflicto catalán” no habrá servido de nada. Los socialistas habrán perdido una oportunidad de oro de hacerse con la mayoría en Catalunya, y ERC seguirá viendo como muchos de sus cuadros siguen dependiendo de la buena o mala voluntad de los tribunales, y su líder, Oriol Junqueras, el “botifler”, el traidor habrá pasado tres años y medio en prisión mientras otros, los verdaderos objetivos de la derecha judicial, siguen en Bruselas donde, a finales de este mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene que pronunciarse sobre las cuestiones de prejudicialidad presentados por el juez Llarena quien, además, ha llegado a insinuar que Puigdemont “será detenido” si pisa suelo español, aunque tenga inmunidad del Parlamento Europeo.
Fiscales y abogados del estado le han “hecho la cama” a Pedro Sánchez quien puede ver incumplido su compromiso con ERC lo que, sin duda, le restará votos en Catalunya además de generar un problema grave en la mesa de diálogo que mantiene con la Generalitat.
Alguien decía que para arreglar algo, se tiene que desarreglar primero. Cual es el problema que tenemos la justicia que tenemos consecuencia de venida de antaño y esto por ahora no tiene arreglo al menos a corto plazo.