La Fiscalía ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que impute en la causa por rebelión a Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos d’Esquadra, y Josep María Jové, secretario General de la Vicepresidencia de la Generalitat y mano derecha de Oriol Junqueras. El ministerio público entiende que la investigación sobre estos dos ex altos cargos debe quedar unida a la de los ex miembros el Govern, los ex miembros de la mesa del Parlament y a los presidentes de las asociaciones ANC, Òmnium Cultural y AMI.
La Fiscalía pide al magistrado Pablo Llarena, que el Supremo se haga con la investigación a Trapero que quedó en la Audiencia Nacional, y solicita pedir un informe a la Dirección General de los Mossos d’Esquadra sobre la entrega el 1-O de teléfonos móviles a agentes que realizaron labores de vigilancia para la comunicación con sus unidades y responsables.
Además, solicitan que se reclamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las diligencias previas en las que obran las actuaciones e informes relacionadas con todos los incidentes acaecidos con motivo de la celebración del referéndum del 1 de Octubre convocado por el Govern de la Generalitat, así como con la presunta utilización de fondos públicos para el desarrollo y ejecución del referéndum, actuaciones todas ellas que constituyen el núcleo central de la investigación que se sigue en esta causa especial.
Así mismo solicitan requerir de la Dirección General de la Policía Autonómica-Mossos d’Esquadra que emita informe sobre la entrega el 1 de Octubre a las patrullas de Mossos d’Esquadra, que realizaron labores de vigilancia en los diferentes lugares donde se llevaron a cabo votaciones, de teléfonos móviles y las razones que motivaron el reparto de esos terminales; si se ha procedido de igual forma en otros acontecimientos electorales.
Finalmente piden recibir declaración como investigados, sin perjuicio de las ampliaciones que el Instructor de este procedimiento considere convenientes e imprescindibles para delimitar las responsabilidades penales exigibles a otras personas por su presunta intervención en tan graves delitos, para lo que solicita se vuelva a tomar declaración a todos los Miembros del Govern, que están en España, que ya lo hicieron como investigados ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 en las diligencias previas .
