El pasado mes de febrero la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea, dictó un auto por el que ordenaba que se continuara la tramitación de las diligencias previas por procedimiento abreviado, por si los hechos relatados en las diligencias e imputados a un matrimonio de la localidad fueran constitutivos de un delito contra los derechos y deberes familiares y dio traslado al Ministerio Fiscal que hoy se pronuncia y solicita una pena individual de 11 meses de cárcel para los padres de los menores.
Desde el inicio del curso los menores no han asistido ni un solo día a clase, a excepción de uno de los menores que acudió una hora para realizar un examen y desde los centros escolares, según las indicaciones de la Consejería de Educación, se activaron los protocolos por absentismo escolar, notificándoselo a los progenitores.
La Fiscalía en su escrito incide en que los centros escolares informaron a los padres en sucesivos requerimientos, sin que cambiaran su actitud, de las consecuencias de su persistente absentismo escolar y de la activación del correspondiente protocolo a instancias de la Consejería de Educación.
La acusación mantiene que el matrimonio alegó “motivos incoherentes”, entre los que cita que las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impedían, según los padres, “un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje”.
Para la Fiscalía los acusados incumplieron de manera grave los deberes inherentes a la patria potestad al inscribir a sus hijos en una escuela a distancia de otro país pese a saber que no está homologada en España y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral.
