ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia, instó a la Fiscalía General del Estado para que investigara las acusaciones públicas de alta traición que Pablo Casado había imputado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La presentación de este escrito según la asociación denunciante “obedecía a la zozobra que las manifestaciones de Pablo Casado habían producido ante la opinión pública española, y que incluso algunos miembros destacados del PSOE habían contribuido a apuntalar con una crítica pública y abierta al Presidente de la Nación”.
En el escrito de denuncia se partía de la posibilidad de que “el Presidente del Partido Popular podía disponer de información y prueba bastante que respaldaran sus proclamas”, entre las cuales destacaba que «el presidente del Gobierno era el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad», o que “el presidente estaba cometiendo un acto de felonía contra la propia continuidad histórica de la democracia española», o también que “era lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981″.
Por eso, terminaba diciendo el escrito dirigido a la fiscalía que “era inaplazable que se abriera una investigación penal que aclarara los hechos gravísimos que se imputaban públicamente al Presidente del Gobierno, para lo cual era inexcusable que se convocara al presidente del Partido Popular para que se ratificara en sus manifestaciones, aportando las pruebas que justificaran sus imputaciones”.
Sin embargo en un Decreto firmado el 14 de febrero, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha considerado que “no es posible poner en marcha una investigación por el Ministerio Fiscal, con todo lo que ello supone” teniendo en cuenta que las imputaciones de Pablo Casado son “manifestaciones vacuas y carentes de solidez” y que en cualquier caso son “pronunciadas por un representante político, en el uso del derecho fundamental del art. 18.2 CE y en el fragor de los enfrentamientos propios de una sociedad democrática como la nuestra y en el que el ‘pluralismo político’ es uno de los valores esenciales”, por lo que acuerda el ARCHIVO de las diligencias de investigación penal 3/2019 que él mismo había decidido incoar.
