Tal y como ha publicado Diario16 en las últimas semanas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF) emitió un informe en el que pone el foco en una serie de adjudicaciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, presidido desde el año 1995 por el líder del PP en Almería, Gabriel Amat, en las que sospecha una correlación con presuntas donaciones de la constructora Hispano Almería al Partido Popular.

Se trata de una investigación que señala supuestas irregularidades en 62 obras que ejecutó Hispano Almería, que, según la UDEF, queda probada la entrega de 7,3 millones de euros al Partido Popular para conseguir estas licitaciones. Estos contratos sumaron un total de 77,5 millones y fueron adjudicados en el periodo 2000-2010. La Policía es clara respecto a uno de los proyectos: «la adjudicación estaba asignada de antemano».

La importancia del informe de la UDEF ha provocado la reacción de la Fiscalía que, en un escrito fechado el 18 de septiembre y al que ha tenido acceso Diario16, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería que «En el estado actual del procedimiento concurren circunstancias que, respecto de concretos hechos, al amparo de lo dispuesto en el art. 762.6°LECrim., determinan la procedencia de incoar Piezas Separadas. Se trata de escindir hechos cuyo enjuiciamiento independiente se vería claramente facilitado y agilizado sin generar riesgo de ruptura de la continencia de la causa».

Sin embargo, esto fue lo que ocurrió con las causas señaladas en la Trama Amat y que ha ido deviniendo en constantes retrasos en las instrucciones y, en consecuencia, en la prescripción de los presuntos delitos por los que se abrieron las diligencias o, como puede ocurrir en el Caso Hispano Almería, en el archivo reiterado de dichas piezas separadas.

La Fiscalía argumenta que, en base a los últimos informes de la UDEF, «interesamos la incoación de piezas separadas con los mismos y la documental que se adjunta y la remisión a los Juzgados Decanos de Instrucción de El Ejido y Roquetas de Mar, en cuyas demarcaciones territoriales se llevaron a cabo las diversas contrataciones objeto de investigación con las respectivas corporaciones municipales, atendida la gran envergadura subjetiva y objetiva de las Diligencias Previas num. 836/14 seguidas ante este Juzgado, con decenas de investigados, no todos relacionados entre sí, gran variedad de conductas presuntamente punibles investigadas y diferentes grados o niveles de avance en la instrucción».

Fuentes de las acusaciones afirman a Diario16 que el escrito de la Fiscalía ni menciona las relaciones del Caso Hispano Almería en Níjar o en Carboneras, además de que, no se sostiene el argumento de que no existe una relación entre los investigados.

Hay, en concretos, varios puntos que les relacionan. En primer lugar, el hecho de que todos los casos tienen un vínculo con las empresas del Grupo Hispano Almería. En segundo término, que, según indican los informes de la UDEF, la concesión de esas obras y servicios tenían como contrapeso el pago de comisiones que iban a engrosar la Caja B del Partido Popular y que esos fondos iban destinados a la financiación de campañas electorales, tanto municipales como autonómicas, tal y como se puede comprobar en los recibís publicados por Diario16 en diciembre de 2019.

Por otro lado, ¿no existe conexión en que una concejala de Roquetas de Mar fuera la esposa del alcalde de La Mojonera, que actualmente ocupa un alto cargo de la Junta de Andalucía, y que ambos estén investigados por el Caso Hispano Almería?

«Si la jueza acepta la petición de la Fiscalía, irán archivando una detrás de otra las piezas separadas que se creen, como ya está ocurriendo con Gabriel Amat», afirman a Diario16 las mismas fuentes, quienes añaden una pregunta desconcertante: «¿Es que nadie va a investigar en serio lo que está ocurriendo con la Justicia en Almería?».

La Fiscalía finaliza su escrito afirmando lo siguiente: «Las Piezas cuya formación se interesa habrá de abarcar la actividad que, en el ámbito de la contratación pública, habría desplegado el grupo HISPANO ALMERIA SA., es decir, GESPONIENTE SA Y ALCOSAN ALMERIA SL con los Ayuntamientos de La Mojonera (El Ejido) y Roquetas de Mar, esencialmente entre los años 2000 a 2010, sin perjuicio de que algunas de las conductas investigadas se hayan extendido a años posteriores, o de que se deban también incluir en la Pieza operativas concretas de ocultación de parte de las ganancias generadas con motivo de la actividad presuntamente delictiva investigada por algunos de los investigados y los posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos derivados de la ocultación de sus ganancias presuntamente ilícitas y los eventuales delitos fiscales».

Si se crean esas piezas separadas, los juzgados de Roquetas y de El Ejido tendrán que iniciar prácticamente desde cero la instrucción, lo que llevará al retraso de las causas, porque la documentación y las pruebas que acompañan a cada uno de los ayuntamientos son tan importantes que un juez tardaría años sólo en ponerse al día con dedicación exclusiva. Ese tiempo sería el necesario para que muchos de los delitos prescriban y, en consecuencia, se proceda al archivo de las causas.

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