Tras la artillería judicial que los abogados de los independentistas pusieron en juego ayer durante la primera sesión del juicio al ‘procés’ en el Tribunal Supremo hoy la Fiscalía ha pasado a la contraofensiva. Javier Zaragoza, fiscal de Sala, aseguró esta mañana, durante su turno de intervención para responder a las cuestiones previas, que “actuar al margen de la legislación no puede quedar impune” y negó que el juicio se haya planteado como una “causa general contra el independentismo”.

Zaragoza acusó a los 12 procesados que se sientan en el banquillo de pretender hacer claudicar al Estado y de asumir un enfrentamiento físico entre miles de catalanes con los agentes de la ley. “Aquí no se persigue una ideología política que puede ser defendida en un Estado de Derecho democrático, sino unos hechos”, afirmó fijando cuál va a ser la tesis principal del representante del Ministerio Público. Para el fiscal del Supremo las ideas independentistas son aceptables siempre que se respeten los procedimientos legales establecidos y la Constitución española. “Nadie los ha perseguido por sus ideologías, sino por sus acciones”, alegó antes de recordar que los partidos independentistas en España llevan años defendiendo sus ideas “y nunca se les ha perseguido penalmente”. “Solo cuando se han saltado la ley, cuando han quebrantado las normas, se ha actuado”, ha añadido.

El fiscal encargado del juicio del ‘procés’ afirmó que defender unas ideas no justifica expulsar la Constitución y el Estatuto de autonomía y “sustituirlos” por una legalidad paralela; “planear y ejecutar” la segregación territorial de una parte del Estado; utilizar a miles de ciudadanos para “impedir que la ley y las resoluciones judiciales” sean aplicadas; desobedecer al Tribunal Constitucional que garantiza la separación de poderes; “secuestrar” una comisión judicial que solo cumplía con su trabajo; ni “llamar, incitar, promover o agitar” a los ciudadanos que han protegido las urnas sabiendo que se les abocaba al enfrentamiento civil. Para el fiscal, el referéndum del 1-O supuso un “riesgo grave” que está prohibido por el ordenamiento jurídico y que alteró la estabilidad y la convivencia. “Se puso a un cuerpo armado formado por 17.000 mossos al margen de la ley para poner en marcha un referéndum que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, aseguró.

Además, el fiscal reprochó que se utilizaran fondos públicos para llevar a efecto un proceso ilegal. Así, “lo que para Junqueras y Cuixart es un derecho legítimo” sería en realidad un delito que “no debe quedar impune y que debe recibir la respuesta legal del Estado de Derecho”, afirmó.

Zaragoza recordó que identificar el ejercicio legítimo de la fuerza policial con la tortura supone “un disparate jurídico de proporciones importantes”, aunque reconoció que durante el dispositivo policial un manifestante sufrió un infarto y otro perdió un ojo. El fiscal aseguró que esto no hubiese ocurrido si no se hubiera utilizado a la población como “escudos humanos” el 1-O.

Sobre la posibilidad de que el rey Felipe VI preste declaración como testigo, tal como proponían las defensas, el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que el monarca está exento de declarar, “pero tenemos el enlace al vídeo de su alocución en aquellos días”, apostilló. En cuanto a que los procesados rebeldes puedan tomar parte como testigos en la vista oral “esa posibilidad quebrantaría todas las normas procesales”, concluyó. De ahí que rechace la declaración de Carles Puigdemont por videoconferencia.

Respecto a la violación de derechos fundamentales invocada por los abogados defensores, asegura que ni se han registrado los domicilios de los acusados ni se han intervenido sus comunicaciones, por lo que no ha habido vulneración de derechos fundamentales. Tampoco considera que haya existido una fragmentación o solapamiento de la causa en diferentes procesos que provocan indefensión, sino que se ha seguido la ley procesal en todo momento. Zaragoza asegura que todo han sido “falsedades” para cuestionar la calidad democrática de nuestro país. “El ejercicio a votar no se ejerce cuando un colectivo lo desee de cualquier manera, sino cuándo y cómo lo establece la ley”, insistió el representante del Ministerio Público.

“Ninguna ley nacional o europea reconoce el derecho a decidir ni el derecho a la secesión o a la autodeterminación”, concluyó, al tiempo que recordó que este derecho solo se contempla por parte de Naciones Unidas a estados en proceso de descolonización, subyugación o cuando exista una identidad étnica, pero nunca a aquellos pueblos que formen parte de estados con autogobierno.

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1 Comentario

  1. Los observadores internacionales a los que se les ha negado la acreditación y el acceso al juicio ya se han convertido en nuevos altavoces calificados para denunciar el carácter opaco, represor y autártico del estado español. Buena forma de defender la imagen de la ‘España global’. De peor en peor.

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