El Fiscal General investiga las amenazas a los hoteleros que expulsaron a los Cuerpos de Seguridad

Ante los testimonios de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que fueron expulsados de los hoteles en Cataluña donde se alojaban al estar desplazados para impedir el referéndum 1-O, la Fiscalía General ha manifestado esta mañana que está analizando esta información y estudia si existen indicios de amenazas o de otras presiones ilegales sobre los hoteleros y los trabajadores de los locales en Calella, -localidad en Barcelona-, entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, que desencadenó la expulsión de 500 agentes.

La Fiscalía General ha difundido en una nota que “la información recibida se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los hosteleros o trabajadores de estos establecimientos en Cataluña”, por haber forzado a que los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil abandonaran estas instalaciones hoteleras después de los incidentes ocurridos tras las votaciones por la convocatoria del 1-O..

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tuvieron que desalojar los hoteles en los que se alojaban en Calella, al tener conocimiento de que los dueños de estos alojamientos habían sido amenazados por mantener a estos agentes del orden en sus instalaciones con motivo del despliegue de los Cuerpos de Seguridad en Cataluña.

“Se han portado con nosotros maravillosamente pero al final no han tenido más remedio que ceder. La alcaldesa de Calella, Montse Candini (CIU), ha llamado al director del hotel esta mañana y le ha dicho que o nos echa o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del hotel”, han manifestado en mensajes compartidos en redes de WhatsApp entre compañeros guardiciaviles y policías según ha sabido Diario 16.

Estos testimonios de los guardias vinculan a la alcaldesa de Calella, Montse Candini, con las presiones recibidas por los regentes del hotel Vila para echar a los agentes. Además, un grupo de personas había acudido a increpar a la dirección del hotel y a los propios agentes alojados con un ultimátum para desalojar el hotel antes del mediodía del 2 de octubre.

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), ha relatado la situación sufrida por los agentes en los hoteles, y ha destacado “el acoso contra los guardiciviles que provocan situaciones complicadas para las familias de los agentes que hasta estos incidentes vivían integrados en la sociedad catalana”.

Los cinco sindicatos de la Policía Nacional, SUP, CEP, UFP, SPP y ASP en un comunicado conjunto han solicitado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que “resuelva de inmediato con todas las medidas legales, logísticas políticas y de cualquier tipo que ponga fin a estas prácticas mafiosas”, “ya es hora de que el responsable de la cara por sus policías nacionales y guardiaciviles”.