El pasado 4 de Diciembre Andalucía conmemoró el cuarenta aniversario de la mayor movilización vivida en esta tierra en el advenimiento de la democracia, una reacción de un pueblo que tomo las calles para exigir no ser menos que nadie en la estructura competencial autonómica. Hoy Andalucía vuelve a vivir una nueva lucha por su identidad esa que en forma de modelo de financiación fijará el progreso o no de una tierra con importantes potencialidades y desarrollos pero que adolece de la falta de apoyo de un gobierno central que niega la llegada de los recursos económicos que esta región requiere, recursos que no vienen más que a fijar las necesarias coberturas sanitarias, educativas y en dependencia que hoy sufren de los ajustes de un gobierno central insolidario con San Telmo.
Y todo ello, aún con los esfuerzos de un gobierno regional que fijado en su posición de la defensa de la igualdad ve con dificultad como las cuentas de los presupuestos de la comunidad adolecen de grietas tras años de una crisis económica y la gestión de un gobierno central que con el control del déficit de las comunidades autónomas y ayuntamientos ha venido a maquillar las cuentas generales de un estado en donde quienes más sufren los recortes son las administraciones regionales y locales, y por ende la ciudadanía. Es aquí donde la problemática de dar respuesta a la educación pública o la sanidad en la atención primaria sufre las consecuencias propias de quienes desde Madrid toman posición activa en la defensa de la política del austericidio. Y mientras todo esto ocurre.
Acción que de manera directa no viene más que a dañar los pilares fundamentales de un estado del bienestar en donde la acción privada en aspectos como la sanidad busca hacer caja del lucrativo negocio de la destrucción y el debilitamiento de lo público con la oferta de lo privativo, no por menos para muchos la sanidad es hoy el negocio del Siglo XXI en un país como España en donde la oferta pública de empleo es incapaz de atraer a los especialistas máxime cuando el salario de los centros privados es mayor si cabe en relación a los puestos de trabajo ofertados.
Por ello, el nuevo marco de financiación autonómica es hoy no sólo una necesidad sino un elemento fundamental en la construcción de la Andalucía del siglo XXI, un territorio en donde no sólo la defensa de lo fundamental de la educación y la sanidad pública o la dependencia sea una realidad incuestionable y con fondos económicos suficientes, sino que además se apueste de manera decidida por la innovación en campos que deben abonar el éxito ante los retos que como territorio tenemos por delante. Innovación en el ámbito educativo apostando por un modelo bilingüe y tecnológico totalmente aplicado en el territorio en consonancia con un mundo en cambio ante el que nuestros jóvenes deben de estar preparados. Una Andalucía en donde la necesaria transformación del ámbito rural tendrá que caminar hacía una agroindustria productiva y útil generadora de valor añadido y todo ello con la apuesta por un modelo de universidades innovadoras en hubs de conocimiento vinculados a la biomedicina, la revolución robótica o tecnológica entre otros campos atrayendo al talento andaluz que hoy se encuentra lejos de nuestras ciudades y municipios.
En definitiva, hoy cuarenta años después del 4 de Diciembre de 1977 Andalucía tiene que volver a tomar la senda de la reivindicación esa que debe llevarnos a un nuevo acuerdo de financiación que sirva para que esta región no sufra las mermas en servicios fundamentales como el sanitario, el educativo o el de dependencia y que al mismo tiempo permita avanzar en los escenarios de progreso si cabe con más fuerza en los que Andalucía debe seguir siendo una referencia. No querer eso para Andalucía es no querer el progreso de España.
