Los de Ferrovial llegaron a poner como excusa para trasladar su sede fiscal a Ámsterdam “la falta de seguridad jurídica que hay en España”. Horas después, sus portavoces negarían haber expuesto tal circunstancia, pero el mal ya está hecho. Desgraciadamente no es la primera vez que una empresa se queja de la falta de seguridad jurídica. La CEOE se pasa el día vociferándolo. Es increíble que se pueda decir algo así en el estado más garantista de Europa. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de Bruselas.
España es un estado de derecho y, a pesar de los defectos del aparato judicial, éste funciona. Es cierto que el sistema de designación de jueces y magistrados es funcionarial. Se accede a la carrera mediante concurso-oposición después de pasar un intenso periodo de formación en la Escuela Judicial. Es verdad que el acceso a la profesión tiene cierto tufo endogámico, a veces. Y también es verdad que las asociaciones que representan a los jueces y magistrados de este país están politizadas.
Pero aún con todos estos defectos, los jueces aplican a rajatabla la legislación que el órgano de soberanía nacional, el Parlamento, pone a su disposición. Y esta legislación, ahora mismo, se ciñe a los límites que se establecen en la Unión Europea. Muchas de las normas que “incomodan” a los empresarios de este país, son transposiciones de directivas elaboradas por la Unión Europea y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento por parte de los estados miembros.
Y ahí entramos en la otra vertiente de la seguridad jurídica: la legislativa. Los empresarios que se quejan, curiosamente desde que gobierna la mayoría progresista, de que las leyes les están generando inseguridad jurídica. ¿Es generar inseguridad jurídica las subidas del salario mínimo? ¿Es generar inseguridad jurídica el establecimiento del ingreso mínimo vital? ¿Es generar inseguridad jurídica el aprobar, con su consenso, una reforma laboral que, ellos mismos aseguran, les ha beneficiado? ¿Es generar inseguridad jurídica aprobar la puesta en marcha de expedientes temporales de regulación de empleo para proteger a los trabajadores de esas empresas en estados de gravedad económica como fue el provocado por la pandemia?
Claro, que si nos referimos a las subidas de las cotizaciones sociales y a los impuestos, por supuesto que se ha generado «inseguridad» para ellos. Pero de judicial nada. Todas las normas que se están adoptando en España entran dentro del marco que permite la Constitución. Por ahora, ni una sola ha sido declarada inconstitucional y el principio de libertad de empresa no sólo se respeta, sino que se promueve por todas las autoridades: políticas y jurídicas.
Es más, en la época de Aznar, el PP puso a disposición de las empresas españolas, entre ellas Ferrovial, 30.000 millones en ayudas para su internacionalización. Luego vendría Bruselas y obligó a devolver ese dinero. Eso si que es “inseguridad jurídica”. Pero Del Pino y compañía se callaron. Igual que hicieron cuando tuvieron que pactar el pago de 200 millones a la Agencia Tributaria. El gobierno era el de Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda, su “ideólogo”, Cristóbal Montoro.
Cuando Ferrovial habla de “seguridad jurídica” no sabe muy bien de lo que está hablando. El grupo propiedad de la familia Del Pino apenas ha tenido roces con la justicia en España. Peor les fue en Gran Bretaña con el famoso asunto de los aeropuertos y han tenido ciertos problemas con las concesiones de autopistas en Irlanda y Escocia que han tenido que dirimir en organismos judiciales.
Este gobierno respetó hasta el último día la explotación de las autopistas que se les concedió para evitar eso, precisamente: que los tribunales les tumbasen los proyectos de reversión al estado de las vías públicas que han llevado a cabo.
Ferrovial apenas ha pasado por los juzgados. No ha habido problemas con sus directivos. Se sabe que utilizan sociedades off shore con sede en paraísos fiscales para las operaciones “mas sensibles”. Pero nunca se les ha perseguido por tal motivo.
No se puede poner como excusa el mal funcionamiento de la justicia en España cuando apenas eres usuario. El sistema garantista de este país implica su lentitud, uno de sus defectos. Pero en muchas ocasiones eso se debe a las estrategias de las partes litigantes. El abuso de los derechos que confiere el estado de derecho español es el que provoca ese mal funcionamiento, esa mala fama de la que, de todas maneras, se está intentando poner remedio mediante una reforma que supondrá una agilización del aparato.
Es muy difícil hablar de inseguridad jurídica en un estado como el español donde cualquier entidad, física o jurídica, que considera vulnerados sus derechos acude a los tribunales de una justicia que es universal.
Los señores de ferrovial tienen un blog que les gustaria leer. https://www.fpcs.es/
Muy bien todos tenemos que cumplir las reglas de Europa pero que no se puede permitir que un país como Holanda se convierta en una especie de paraiso fiscal con lo cual está jugando con las cartas marcadas respecto al resto de países de la Unión Europea ,todos que tenemos que tener la misma igualdad de oportunidades los holandeses han jugado sucio muchísimas veces y siempre son beneficiados por Bruselas, me acuerdo precisamente de una lucha en la cual por culpa de Holanda se perdieron miles y miles de millones de euros me refiero a los astilleros españoles dónde se puede decir que además el español Almunia fue comprado por estos para hundirnos en la mierda perdiendose contratos de los astilleros y ayudas que nos hundieron, muy bien si ellos cuando les interesa nos atacan nosotros cuando ellos están jugando sucio con normas que nosotros no tenemos y que no deben de ser mejores que para otros países de la union europea , hay unas leyes la Unión Europea de fondo pero después en la forma cada país hace lo que le sale de las narices por ejemplo Portugal con las criptomonedas .
El Impuesto de Sociedades (IS) y sus exenciones ha sido la principal arma de varios países en la guerra fiscal que se libra dentro de la Unión Europea. Irlanda bajó su IS al 12,5%, en Países Bajos no se paga por los beneficios que reportan los royalties o derechos de marca que se obtengan de otros países, en Luxemburgo no tributan los repartos de dividendos y otros tipos de instrumentos de inversión, como fondos y sicavs, en Malta apenas tributan las empresas de publicidad y otros servicios de internet, lo que ha convertido a la isla en la capital mundial de las empresas de apuestas online.
Esta concepción del IS, en la que se paga en el lugar donde la empresa tiene su domicilio, ha conllevado a estos países a atraer a sus territorios a las grandes empresas transnacionales, desatando esa competencia fiscal a la baja, según explica a El Salto Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). “Esa descapitalización del impuesto, de seguirse por todos los países, conduciría a la práctica desaparición del mismo, con el deterioro para las arcas públicas que conlleva”.
otrro motivo para ir contra europa ,tiene que haber una politica fiscal gual en todos los paises de la union europea o algunos juegan con ventaja respecto a otros como hace holanda.
si tiene un acuerdo con estados unidos que le beneficia se corta ese acuerdo ,no nos destrozaron nuestra produccion de mantequilla y lacteos para venderlos ellos ,pues se aplican el cuento ,todos lo paises europeos tienen que tener los mismos
derechos