La fuga de Ferrovial a Países Bajos ha ocasionado un auténtico terremoto político en España. El Partido Popular, y en general la derecha española, está aferrándose al argumento de que el culpable del traslado de la sede social de la multinacional a Holanda es Pedro Sánchez por haber aplicado una política fiscal dura, restrictiva y sancionadora contra las empresas del Íbex 35. Tras la noticia ha cundido el temor y la preocupación en Moncloa ante la posibilidad de que Ferrovial sea solo la primera gran compañía cotizante en Bolsa que decide dar el paso de abandonar nuestro país. De ser así, estaríamos ante una gran operación orquestada por los poderes fácticos financieros de la economía española para asestar un golpe definitivo al Gobierno de coalición.
Entre las gentes del dinero no han gustado nada las últimas medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo, en un contexto de crisis económica, para gravar a las grandes fortunas y que paguen más impuestos los que más tienen. En esa línea, Pedro Sánchez ha acusado directamente al presidente de la compañía, Rafael del Pino, de haber trasladado su empresa a Países Bajos por motivos personales, concretamente para pagar menos impuestos. El jefe del Ejecutivo añadió que los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad “en la que nacen y desarrollan toda su acción” y que además hay en España ejemplos “extraordinariamente positivos” de grandes empresarios comprometidos con su país. “Desde luego, con este anuncio, no es el caso del señor del Pino”, ha sentenciado.
El plan de Feijóo
¿Es Del Pino un caso aislado u otros grandes empresarios españoles del Íbex 35 están pensando también en seguir los mismos pasos hacia otros paraísos fiscales mucho más laxos y benignos para la cartera? Y en todo caso, ¿está la derecha política detrás de una operación de mayor envergadura para dañar la economía y poner al Gobierno contra las cuerdas ante unas elecciones generales inminentes? El pasado viernes, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se despachó contra Sánchez, al que acusó de ser “más hooligan que nadie” contra Ferrovial y de “incendiar el problema” en vez de contribuir a solucionarlo. Feijóo dijo que si él fuese el presidente del Gobierno se preocuparía por sentarse con las empresas para que sigan confiando en la marca España y se queden en nuestro país. “Desde luego lo que haría sería llamar a la empresa, saber qué es lo que gana yéndose de España y valorando la posibilidad de que gane lo mismo manteniéndose en España, que es la posibilidad de cotizar en varios parques bursátiles y otras cuestiones que ha alegado la empresa”, declaró. Es evidente que Feijóo tiene un plan en todo este asunto de Ferrovial. Su escenario soñado de cara a las elecciones sería el siguiente: fuga de grandes empresas del Íbex al extranjero siguiendo los pasos de Ferrovial; daño a la credibilidad de España en Europa y frenazo al crecimiento económico; y petición a Bruselas de que, en medio de un escenario de recesión y ante los nuevos casos de corrupción que afectan al reparto de los fondos europeos como el asunto “Tito Berni”, congele las ayudas a España ante la hipotética falta de fiabilidad y solvencia del Consejo de Ministros.
Multa a las grandes constructoras
Ese maquiavélico plan de la derecha política para los próximos meses coincidiría con las ambiciones de las empresas del Íbex 35, muy disconformes (y algo quemadas) con las últimas leyes que, en materia económica, ha adoptado Pedro Sánchez. Cabe recordar que la guerra entre los buques insignia del empresariado y el Ejecutivo español estalló definitivamente el pasado mes de julio cuando las grandes constructoras fueron multadas con más 200 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Las empresas mostraron su disconformidad con la sentencia y anunciaron recursos en todos los frentes e instancias judiciales. “Manifestamos nuestra absoluta discrepancia con la resolución de la CNMC. La propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones”, informaron a través de una nota de prensa. Las empresas multadas por Competencia fueron Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, se acusó a las compañías de intercambiar información sobre su estrategia de presentación de ofertas a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general. Es decir, que en lugar de trabajar en un sistema de libre competencia entre empresas, todo apuntaba a que iban en comandita a la caza de los contratos. No les gustó a los prebostes del dinero que el Estado tocara su coto privado y el cabreo fue monumental entre todos ellos.
La Audiencia Nacional anula la sanción
El asunto provocó un gran terremoto en el mundo empresarial español hasta que a finales del pasado año, la Audiencia Nacional suspendía cautelarmente la resolución de la CNMC, devolviendo la tranquilidad a los buques insignia del Íbex 35. La Audiencia Nacional daba la razón a Ferrovial, como ya hizo con Sacyr en noviembre y OHLA en septiembre, acordaba las medidas cautelares presentadas.
Núñez Feijóo se felicita ahora porque el Gobierno se encuentre entre la espada y la pared por el asunto Ferrovial, una mayúscula operación política de acoso y derribo que quizá no haya hecho más que comenzar.
