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Atendiendo a la RAE, todavía no es claro el uso de transfobia y se remite a LGTBIfobia como el rechazo, miedo, repudio o discriminación hacia personas que se reconocen a sí mismas como LGTBI. En España hubo un corte de discriminación y patologización que explota en 2019. La última proposición de Ley registrada por ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís ha vuelto a retratar al PsoE.

Esta propuesta tenía la novedad de  “la mención de sexo registral podrá ser elegida entre una de las cuatro opciones: hombre, mujer, no binaria o se podrá dejar en blanco”. En Alemania llevan desde 2013 pudiendo dejar en blanco la casilla y desde 2018 con el “tercer género” sin que haya acaecido el apocalipsis propiciado por el supuesto lobby cuir que vaticinan al unísono la extrema derecha y el feminismo transexcluyente. También contemplaba la ampliación del término “adres” para las personas progenitoras no binarias. Es difícil que esto suponga una afrenta para nadie. Ampliaba el cambio de nombre a menores y adultos sin necesidad de cambio de sexo legal. Otro aspecto personal que no debería generar más conflicto. Flexibilizaba el cambio de sexo registral a personas extranjeras y planteaba una cuota de puestos de trabajo para el sector público en un colectivo machacado por la discriminación.

Lo que incluso planteaba el PsoE y ahora margina, por temas de poder y para marcar diferencias políticas donde no las había, es la autodeterminación de género con ausencia de requisitos para que una persona cambie su sexo/género legal. En la propuesta del PsoE desde los 16 años. Esto no es nuevo, lleva años instaurado en Europa sin que haya ocurrido el mencionado apocalipsis cuir. Noruega desde 2016, Islandia desde 2019 y, dentro de la UE, Dinamarca desde 2014, Irlanda desde 2015, Malta desde 2015, Bélgica desde 2017, Portugal desde 2018 y Luxemburgo desde 2019. En ninguno de esos países se ha negado el sexo biológico por reconocer los derechos de una minoría, según el estudio el Instituto Williams para EEUU un 0,6% de la población. Según la OMS entre el 0,3 y el 0,5%. Seguramente no sean datos fiables, pero es una escasa minoría de personas vulnerables.

En España actualmente se permite el cambio de nombre y sexo en el DNI sin operación quirúrgica genita, pero sí se requiere es un informe médico o psicológico que diagnostica la transexualidad como si fuera una patología y al menos dos años de tratamiento hormonal. La nueva propuesta prevé eliminar estos requisitos, que los menores de edad, no especifica de qué años, pero en iniciativas previas de España se alude a que será a partir de los 12,  puedan solicitar una rectificación del sexo en los documentos oficiales, como ya ha fijado el Tribunal Constitucional, y que se permita hacerlo a personas extranjeras en sus tarjetas de residencia y permisos de trabajo. Es decir, se quita el imperativo de lo que colectivos contrarios indican como el peligro de hormonar a menores. Esto es coherente con la despatologización que establece la OMS desde 2018, dejando de considerar la transexualidad como un trastorno. Esto fue ratificado por la Asociación Española de Psiquiatría en 2020, si nos vamos a la ciencia.

Aunque el cisma comience con Amelia Valcárcel el verano de 2019 con su escuela feminista Rosario Acuña, el feminismo transexcluyente viene de lejos. Valcárcel, miembro entonces del Consejo de Estado y secundada por excargos del PsoE,  identificó lo trans como el enemigo interior que acabaría con el feminismo desde dentro al convertir el género en una categoría identitaria, subjetiva, acabando con uno de los principios del feminismo entendido como un movimiento político de vanguardia y de cambio social. Los mismos argumentos que Janice Raymond, la referente del terfismo, autora en 1979 “El Imperio Transexual: la construcción del maricón con tetas”, donde ella argumenta que la transexualidad es una creación malvada del imperio falocrático que hace uso de la tecnología para entrar en los espacios de mujeres y ostentar el poder que ellas ahí tienen. Además, acusa a las mujeres transexuales de llevar a cabo una violación masculina al cuerpo de las mujeres al reducir sus formas a un “mero artificio”. Para Raymond esto quiere decir que las mujeres transexuales son consecuencia de la mirada masculina sobre lo que son las mujeres. Cuarenta años con los mismos argumentos para que estas personas sigan mendigando derechos.

En España se llevan legislando desde 2009 en doce comunidades autónomas leyes LGTBIQ+ sin mayor polémica, recogiendo la mayoría la autodeterminación de género. Incluso el Gobierno del PsoE, con IU, aprobó en Andalucía la primera ley lo incluía en 2014. Le siguieron la Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Baleares, Murcia o el Madrid del PP. Lo que ha estallado es una lucha de poder a varios niveles en el que las personas que más lo van a sufrir son las más débiles.

Kike Pinel.

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