El comunicado que ayer remitió la Casa Real para anunciar que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre pasará a la historia de España. Nunca antes en 40 años de democracia Zarzuela había dado explicaciones sobre sus actividades y negocios privados. Pero ayer la situación llegó a ser insostenible en palacio. Tras dos semanas negras para la monarquía −que se iniciaron cuando Diario16 empezó a airear las conexiones entre los supuestos intermediarios y gestores suizos del rey emérito y la trama corrupta Gürtel−, ayer diferentes medios de comunicación se hacían eco de una noticia demoledora para la Familia Real: Felipe VI aparece como segundo beneficiario de Lucum, la fundación panameña que presuntamente recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Según Corinna Larsen, la amiga entrañable de Don Juan Carlos, ese dinero fue un regalo que ella recibió del emérito por el cariño que había entre ambos, aunque en realidad la Fiscalía de Suiza investiga si se trata de una parte de las comisiones cobradas por la construcción del AVE a la Meca, un proyecto en el que participa un consorcio de empresas españolas.
El asunto era tan grave que la Casa Real tuvo que romper su costumbre habitual de no responder a noticias de prensa para dar su versión de los hechos. “Ante las informaciones referidas a S.M. el Rey Don Juan Carlos, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de S.M. el Rey quiere hacer constar:
- Que en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 S.M. el Rey dijo lo siguiente: ‘La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.
Tras esta introducción, la Casa Real pasa a un segundo punto en el que manifiesta que en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación “y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Con estas palabras, así de crudas, así de duras, Felipe VI se aleja de cualquier patrimonio que pueda llegarle, vía hereditaria, de los supuestos negocios de su padre. Y de alguna manera, dicta sentencia en Zarzuela, se salta la inviolabilidad que durante 40 años ha protegido al ex jefe del Estado y asume que la controvertida fortuna puede tener un origen ilícito. Su renuncia es una decisión lógica, por otra parte, ya que guardar silencio o aceptar el legado paterno hubiese sido tanto como comprometerse a ser receptor del fruto de unas actividades económicas que están siendo investigadas por fraude y evasión fiscal. Un regalo envenenado y un golpe letal para la credibilidad y la imagen de la monarquía española, que atraviesa por sus horas más bajas.
Pero vayamos al punto 3 del comunicado: “S.M. el Rey Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey”. Otra sentencia lapidaria para el rey emérito por lo que tiene de sanción y por qué no decirlo, de cierto castigo algo humillante hacia el que durante 40 años ha sido el patriarca y gran artífice de la Transición de la dictadura a la democracia. No habrá resultado fácil para Felipe VI firmar esa orden de supresión de salario, como no lo habría sido para ningún hijo que ama a su padre, pero una vez más se ha impuesto la razón de Estado y la supervivencia misma de la monarquía a los sentimientos familiares.
El comunicado sigue con un punto 4 en el que Felipe VI se desmarca de cualquier información que lo relacione con los negocios de su progenitor. “En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada Fundación Zagatka, Su Majestad el Rey desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de dicha Fundación. En todo caso, de ser cierta su designación como beneficiario de la citada Fundación, resultaría de aplicación el apartado 2 de este comunicado”. Es decir, de haber sido así, Felipe VI renunciaría a cualquier tipo de negocio privado de esa compañía caribeña. Y a propósito de la otra empresa bajo sospecha, añade la nota de prensa de Casa Real en su punto 5: “En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada Fundación Lucum, se hace constar lo siguiente: Que mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S.M. el Rey por el despacho de Abogados Kobre&Kim (Reino Unido), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento −sin ninguna justificación documental−, de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos”.
Y prosigue Zarzuela con sus explicaciones respecto a la sociedad instrumental panameña que supuestamente sirvió de tapadera para canalizar las presuntas comisiones: “Ante esa información, Su Majestad el Rey adoptó preventivamente las siguientes decisiones: Primera: trasladar copia de dicha carta a S.M. el Rey Don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes. Segunda: que la Casa de S.M. el Rey comunicase al citado despacho de abogados, que ni Su Majestad ni Su Casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba −por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos−, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho de abogados sobre los hechos descritos. Dicha comunicación se llevó a cabo mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019”. De este punto se desprende que el despacho de abogados británicos Kobre&Kim, que a través del letrado Robin Rathmell defiende los intereses de Corinna Larsen, ha tratado de abrir una negociación directa con Zarzuela para llegar a algún tipo de acuerdo sobre la relación personal y económica que Don Juan Carlos haya podido mantener en los últimos años con la comisionista alemana.
En el siguiente párrafo, Felipe VI anuncia que ha decidido “comparecer ante Notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum”. Este último párrafo resulta todavía más sorprendente y da una idea de hasta dónde ha llegado el turbio asunto de las cuentas paralelas del exmonarca, ya que se desprende que Juan Carlos I podría haber tomado la decisión, por sí solo y sin contar con nadie, de incluir no solo a su hijo sino a su nieta, la Princesa Leonor, en la polémica herencia generada por la sociedad panameña Lucum. En ese punto, Felipe VI insiste en que hace un año renunció a cualquier beneficio de la empresa ante notario.
Además, el comunicado de Zarzuela aclara: “Asimismo, y en el mismo acto notarial, y además de lo anterior, [Felipe VI] manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro”.
Y acaba el comunicado con la versión del emérito: “S.M. el Rey Don Juan Carlos ha pedido a la Casa de S.M. el Rey que se hagan públicos los siguientes extremos: Que de las dos fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M. el Rey. Que ha designado para su representación al abogado Don Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes. Y que, tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019 [el emérito] anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública”. De esa manera, Don Juan Carlos trata de exonerar a su hijo de toda relación con Lucum. Casa Real ha movido ficha. Zarzuela ha dictado sentencia antes que la propia Justicia y sin atender a la inviolabilidad. ¿Qué va a decir ahora el Parlamento?
