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“En atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos” que concurrían apenas seis días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, el actual rey emérito Juan Carlos de Borbón, recién proclamado monarca de España, concedió solo seis días después del deceso, el 26 de noviembre de 1975, el título de Duquesa de Franco a la hija del dictador. Hasta este momento, la Corona de España no ha realizado ningún movimiento para evitar que Carmen Martínez Bordiú –hija de la recientemente fallecida Carmen Franco y Polo, única hija del militar golpista– reciba la sucesión del título nobiliario, después de que lo haya solicitado al Ministerio de Justicia tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la solicitud de sucesión del título de Duque de Franco, con Grandeza de España.

La ARMH culpa al Estado de permitir la promoción de ‘grande de España’ a la descendiente de un general fascista aliado de Hitler y Mussolini

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha decidido reclamar la ayuda del Defensor del Pueblo por lo que consideran un reconocimiento “intolerable” desde “cualquier punto de vista democrático”. Previamente, sus dirigentes presentaron este lunes una denuncia en la Fiscalía General del Estado después de constatar que la nieta del dictador había ejercido su derecho a optar a la sucesión de este título nobiliario en vigor.

Desde esta asociación de víctimas del franquismo se entiende que “la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso por el que los descendientes del dictador tratan de construir una dinastía nobiliaria agrede a la dignidad de las víctimas de la dictadura y a los valores democráticos por tratarse de un acto de enaltecimiento de un sangriento golpe de Estado, de la violencia política, del terrorismo de Estado; así como por considerar ejemplar el secuestro de una democracia durante cuarenta años, o de sus miles de asesinatos, violaciones y torturas”, escribe la ARMH al Defensor del Pueblo.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1982 recoge que “los títulos nobiliarios han subsistido en la sociedad burguesa y en el régimen constitucional, sin duda por su directa vinculación con la Corona, fons nobilitatis. Pero poco después aclara que sólo han permanecido “como instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran persistir en ella, bien es cierto que con un contenido jurídico y una función social enteramente otras y menores que las que tuvieron antes”.

Recientemente, los votos de los diputados de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han rechazado en un Pleno del Congreso una proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la que instaba al Gobierno a eliminar los títulos nobiliarios por considerarlos propios de “etapas autoritarias” y por suponer “una anomalía democrática más” de la democracia española, según el portavoz de ERC, Joan Tardá.

Los partidos constitucionalistas han argumentado que el mantenimiento de estos privilegios nobiliarios se debe a que los títulos de este tipo “no suponen ningún privilegio” porque consideran que “no llevan consigo contraprestación alguna, sólo tienen carácter simbólico y honorífico”.

Precisamente el carácter simbólico y honorífico a la figura del dictador Francisco Franco es el que se sigue manteniendo con la sucesión de este Ducado de Franco. Los expertos en la materia aseguran que, como dispensador de honores, el rey es el que en primer lugar tiene la potestad para determinar quién ha de suceder en la titularidad de una dignidad nobiliaria, pudiendo del mismo modo establecer su carácter vitalicio o permanente, así como un particular orden de carácter irregular en los llamamientos, e incluso establecer una batería de condiciones específicas para la adquisición sucesoria del título nobiliario.

El apartado “f” del artículo 62 de la Constitución Española determina que corresponde al rey “expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes”. Fuentes de la Casa Real han asegurado a Diario16 que no se pronuncian sobre la polémica surgida en torno a la sucesión del título nobiliario concedido por Juan Carlos I a la familia Franco.

La ARMH recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos incorporó en el año 2000 el denominado Protocolo 12, que prohíbe la discriminación en la aplicación de cualquier derecho reconocido legalmente”. Las víctimas de la dictadura franquista exigen al Defensor del Pueblo “el fin de la discriminación que sufren en España las víctimas” de esta sangrienta dictadura que se mantuvo durante cuatro décadas después de una guerra civil.

“No puede ser que el Estado colabore en el enaltecimiento, la promoción o la denominación de ‘grande de España’ hacia quienes sólo tienen como mérito ser descendientes de un general fascista, que de la mano de Adolf Hitler y Benito Mussolini destruyó una democracia, cometió terribles violaciones de Derechos Humanos, convirtió el Estado español en un gigantesco cementerio repleto de fosas comunes e impidió el ejercicio de las libertades fundamentales durante 40 años”, denuncia la ARMH al Defensor del Pueblo, al que le solicita su “intervención” en un caso que puede culminar con la sucesión de este título nobiliario en la figura de la nieta del dictador ante la inacción de Felipe VI y la participación activa del Gobierno de Mariano Rajoy con la publicación del anuncio de sucesión del reconocimiento nobiliario en el BOE.

El diputado socialista Andrés Perelló ha dirigido los trabajos de su partido para reformar la Ley de Memoria Histórica, iniciativa vetada hace unas semanas por el Gobierno excusándose en el elevado gasto que implica. Perelló, sobre el caso concreto de este título nobiliario, ha asegurado en su cuenta de Twitter: “El Estado, en ninguno de sus poderes, debe respaldar la continuidad del Ducado de Franco. Es un reconocimiento al dictador, y su continuidad a través de una dinastía artificial y cleptómana. El Rey debe suprimirlo. Insulta a sus víctimas. ¡Ya vale!”.

Los títulos nobiliarios son otorgados en este país por el rey, que también tiene la potestad de sancionar cada una de las sucesiones en los mismos. Estas funciones vienen recogidas en el citado artículo 62 de la Constitución. Estos títulos se tramitan a través de un Real Decreto que firma el ministro de Justicia para su posterior publicación en el BOE.

El rey emérito Juan Carlos I otorgó durante su reinado un total de 55 títulos nobiliarios. Además del concedido sólo cuatro días después de su entronización a la familia del dictador Franco, ha distinguido a personalidades como Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda, Salvador Dalí, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Vicente del Bosque o Antonio Mingote. Estos títulos nobiliarios pueden llevar o no aparejada Grandeza de España, como es el caso del Ducado de Franco.

La Grandeza de España es la máxima dignidad en jerarquía de la nobleza de este país, ya que está situada inmediatamente después de la de infante, reservada a los hijos y nietos del rey salvo excepciones (ya que el monarca puede designar infantes). La Grandeza de España tiene carácter hereditario y tiene su origen en la monarquía visigoda, aunque su regulación se actualizó en los tiempos del emperador Carlos I.

Estos títulos con Grandeza de España conllevan el tratamiento de Excelentísimos Señores, mientras que los que reciben un título sin Grandeza de España son tratados como Ilustrísimos Señores. El Ducado siempre se concede con Grandeza de España incorporada. O lo que es lo mismo: todos los duques y duquesas son grandes de España sin excepción. Ningún monarca ha hecho nada para evitar este tratamiento nobiliario. En el caso de Felipe VI respecto al Ducado de Franco tampoco.

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