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Feijóo esperará al Constitucional para derogar las leyes del gobierno Sánchez

Los dirigentes populares no creen en el actual organismo que consideran próximo al sanchismo. Pero guardarán las formas porque son conscientes de la mala imagen que quedó en la institución cuando los suyos tenían la mayoría absoluta

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análisis

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Alberto Núñez Feijóo no derogará inmediatamente algunas leyes elaboradas por el gobierno progresista si llega a La Moncloa. Esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados contra algunas leyes porque en Génova creen que no será necesario derogarlas ya que serán declaradas inconstitucionales. Eso que se ahorrarán.

En total PP y Vox tienen presentados 47 recursos de inconstitucionalidad contra normas aprobadas en la pasada legislatura.  El Constitucional ya se ha pronunciado sobre alguna de ellas, concretamente sobre la ley de Educación conocida como ley Celáa cuya ponencia está siendo reelaborada después de que la mayoría de los magistrados rechazara la que redactó el conservador Ricardo Enríquez. Aquí si que no cabe lugar a dudas y si la derecha llega al poder la derogará en su totalidad. Será la enésima vez que en este país se cambia la normativa en materia de educación. Las fuerzas políticas no logran el consenso en esta materia.

La ley de eutanasia es otra de las normas que PP y Vox consideran contrarias a la Constitución por atacar al derecho fundamental a la vida. No obstante, en Génova creen que es mejor esperar al pronunciamiento del TC para decidir los cambios que afrontarán en esta normativa.

Tampoco se tiene muy clara la modificación de la “ley rider”, una norma que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus mensajeros. Y más si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo reconoció a los “riders” como falsos autónomos. Además, la ley fue aprobada con el acuerdo de los agentes sociales, patronal incluida. En la CEOE aseguran que han hablado con Núñez Feijóo y le han pedido que se olvide de este recurso de inconstitucionalidad. Y más aún. Que se abstengan de modificar todos aquellos acuerdos alcanzados con el gobierno y los sindicatos, reforma laboral incluida. Sobre esta última, también hay presentados sendos recursos. Uno que se refiere al fondo de la normativa reformada, y el otro presentado por el que fue diputado Alberto Casero que se equivocó al votar y no le dejaron rectificar. La patronal presiona al PP para que se olvide de este asunto.

De lo que no se van a olvidar es de la ley de Memoria Democrática. Antes de derogarla en su totalidad, cosa que la derecha tiene muy claro que van a hacer, esperarán a ver lo que dice el Tribunal Constitucional porque los populares y Vox consideran que está claro que vulnera desde el artículo 1 de la Carta Magna en adelante. Es contraria a la libertad ideológica y a la libertad de expresión que se consagran en el texto. Aquí están seguros de que, a pesar de la mayoría progresista, el pleno declarará la ley inconstitucional al menos parcialmente.

Y donde seguro que va a haber un enfrentamiento entre el nuevo ejecutivo si es que la derecha llega al poder, y el Constitucional será en la modificación de la ley del aborto. La Corte de Garantías ya ha declarado constitucional la modificación de la ley de plazos de 2015, incluso diciendo al recurrente, el PP, que cuando tuvo mayoría absoluta pudo modificarla y no lo hizo. Aprendida la lección y a la espera de los pronunciamientos sobre los recursos presentados a la norma elaborada por el ministerio de Irene montero, diga lo que diga la Corte, el gobierno de derechas volverá al viejo sistema vigente hasta 2010. Y sobre todo en lo que a la autorización paterna para las menores se refiere. Las presiones del sector duro del PP en materia de aborto son tan fuertes que, en este caso, se desobedecerá la doctrina que establezca el TC.

Y donde tampoco esperarán a que el Tribunal se pronuncie es en la reforma del Código Penal en lo que a los delitos de sedición y malversación se refiere. En el Partido Popular se considera que estas medidas “desprotegen al Estado”. Son su verdadero caballo de batalla y, aunque el Constitucional acabe por avalarlas, serán las primeras en derogarse. La vuelta a los orígenes del Código Penal en la materia es evidente.

Tampoco será necesario esperar a que la Corte se pronuncie sobre el decreto de marzo de 2021 que limita las funciones del Consejo General del Poder judicial porque, si hay gobierno de derechas, se modificará la ley orgánica del Poder Judicial casi en su totalidad, funcionamiento incluido. Y se recuperará la potestad del presidente del órgano de gobierno de los jueces para nombrar magistrados en las instancias superiores: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Estas son las leyes que el PP, si gobierna, piensa suprimir o reformar significativamente. Pero esperará a conocer la opinión del Tribunal Constitucional para evitar que se les siga calificando de posicionarse fuera del sistema como está ocurriendo ahora mismo. Los dirigentes populares no creen en el actual organismo que consideran próximo al sanchismo. Pero guardarán las formas porque son conscientes de la mala imagen que quedó en la institución cuando los suyos tenían la mayoría absoluta.

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