El despacho de abogados Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) ha presentado casi 100 demandas en el Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  (TEDH) por la causa del conocido como “Fondo de Papel  Moneda puesto en circulación por el enemigo”, el expolio que miles de republicanos sufrieron durante el régimen franquista. Con estas acciones judiciales, se pretende reclamar las indemnizaciones relacionadas con incautaciones de dinero sufridas por las víctimas a partir del año 1938.

Ilocad es un despacho de abogados relacionado con el juez Baltasar Garzón, que durante su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional impulsó el derecho a la Justicia universal y la reparación de daños de las víctimas del franquismo. El despacho trabaja en esta causa junto con otro bufete, Amparo Legal. Las víctimas, ciudadanos españoles de todo el país, vieron cómo Franco les despojaba de papel moneda puesto en circulación por el Gobierno republicano tras el 18 de julio de 1936, dinero que asciende a más de medio millón de pesetas en total (al cambio actual podría ascender a más de 40 millones de euros) además de otros títulos fiduciarios como certificados de plata, los llamados “talones especiales” y papel moneda del Tesoro.

La entrega de dinero, que fue obligatoria para miles de republicanos bajo la amenaza de comisión de un delito de contrabando, se realizaba a cambio de un justificante titulado “Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo”. La causa ya fue desestimada por el Consejo de Ministros, así como por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en ambos casos por prescripción del momento en que se podía reclamar la compensación por el daño sufrido, ya que la Justicia consideró que la demanda se debería haber interpuesto en el año siguiente a la publicación de la Constitución Española. Seguidamente se planteó demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, que inadmitió la misma por inexistencia de vulneración de derecho fundamental. Ahora se presentan ante el TEDH las casi 100 demandas, al ser necesaria la presentación individual por cada uno de los interesados.

Además de esta acción ya se presentaron otras dos demandas ante el TEDH cuya admisión está pendiente de conocerse. En caso de ser estimadas, el tribunal de Estrasburgo obligaría  a España al cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que tendría que corregir la vulneración de dicho tratado.

Desde que se restauró la democracia, ningún Gobierno se ha atrevido a devolver el llamado “dinero rojo” incautado por Franco. En el caso de que la Justicia diera la razón a las familias afectadas ello podría suponer el desembolso de cantidades importantes. Mariano Rajoy se negó a reparar este agravio del franquismo alegando que para hacerlo habría que “incrementar de forma importante los créditos presupuestarios”. El Parlament de Cataluña llevó una petición al Congreso de los Diputados para que se atendiera a las indemnizaciones, pero el asunto quedó paralizado.

Se calcula que más de 747 familias se vieron afectadas por esta decisión injusta durante la guerra civil y la dictadura y que el dinero confiscado puede ascender a más de 10,5 millones de pesetas, según la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF). Tal cantidad equivaldría en la actualidad a más de 900 millones de euros (al considerar que el valor actualizado más los intereses es de 86,24 euros por cada peseta).

Otras fuentes apuntan a un informe del Banco de España fechado el 11 de marzo de 1938 que aumenta la incautación a 35 millones de pesetas, que serían al cambio más de 3.000 millones de euros. Elevan la cifra de afectados, además, en torno a 1.500 familias, según el diario.es.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) nació en 2005 y está formada por un colectivo de personas que “nos caracterizamos por un hecho en común: haber sido víctimas y perjudicados, directa o indirectamente, por la incautación que el Gobierno Franquista hizo de los ahorros y dinero que poseíamos nosotros o nuestras familias y que si bien el Gobierno se comprometió a volverlos, a fecha de hoy, todavía no han sido debidamente devueltos”.

Las confiscaciones de “dinero rojo” se remontan a los primeros meses de la guerra civil, cuando los golpistas intervenían el dinero republicano en cada zona que caía en sus manos. Las autoridades de la dictadura emitían un recibo a cambio que, en muchos casos, nunca fue reintegrado a sus legítimos propietarios.

Desde la plataforma de afectados reclaman “una solución” al caso. La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista “reclama” al Gobierno el dinero requisado por Franco pero apunta que podría haber muchas más familias en España en disposición de probar que el dictador expolió su patrimonio.

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