La plataforma de víctimas de bebés robados durante el franquismo no abandona su lucha para que se haga justicia. El próximo domingo continuarán las concentraciones en la calle, donde los familiares y afectados tratarán de hacerse escuchar. En esta ocasión la jornada de protesta tendrá lugar en la plaza Juan Goytisolo (Museo Reina Sofía) de Madrid, “al no poder realizar la concentración donde todos los meses se lleva a cabo”, según fuentes de los organizadores.
El acto, que se llevará a cabo entre las 11.30 y las 13.30 bajo el lema “Contra el robo de bebés en el Estado español”, pretende concienciar a la sociedad española sobre los cientos de casos de niños sustraídos a sus familias durante la dictadura del general Franco. “Entre 1936 y hasta bien entrada la democracia miles de niñas y niños fueron robados de cárceles, clínicas y hospitales, cambiando la vida y la identidad de miles de personas”, aseguran los promotores de la protesta, que informan de que la concentración contará con testimonios de familias biológicas y de mujeres y hombres que “buscan sus orígenes”.
Estamos sin duda ante uno de los casos más espeluznantes del franquismo y una deuda pendiente de la democracia española. ¿Cómo se puede tolerar que un Estado de Derecho no abra una investigación exhaustiva hasta sus últimas consecuencias, poniendo a disposición de toda esta gente medios humanos y materiales suficientes para esclarecer el robo masivo de seres humanos, la destrucción de familias enteras, todo ello con la complicidad de los jerarcas del régimen anterior y de cierto sector de la Iglesia católica? No habrá justicia de verdad mientras todos esos padres no encuentren a sus hijos y mientras todos esos hijos, hoy adultos, no sepan la verdad y descubran por fin quiénes fueron sus verdaderos progenitores.
Detrás del bloqueo que sistemáticamente sufre la investigación del caso de los bebés robados están sin duda las fuertes presiones que ejercen los grupos ultraconservadores españoles, las fundaciones franquistas y también el lobby católico. Además, tras la llegada a las instituciones de Vox –un partido político que niega la memoria histórica y que amenaza con retirar cualquier tipo de ayuda y subvenciones oficiales para esclarecer la verdad– el caso de los bebés robados corre el riesgo de ser cerrado y enterrado para siempre.
Las asociaciones cifran en 300.000 los bebés que fueron robados en España entre los años 1940 y 1990, según informan las agencias y RTVE. Una cifra escalofriante. “Ya se están moviendo iniciativas parlamentarias para que este tipo de delitos no prescriban, porque ese argumento afectaría a todos los hijos que estén buscando a sus padres y hayan conocido la situación de irregularidad siendo mayores de edad”, asegura Guillermo Peña, abogado del caso de Inés Madrigal, en una entrevista concedida al canal 24 Horas de la cadena pública de televisión.
La inmensa mayoría de los expedientes que han llegado a los juzgados han sido cerrados casi de inmediato ante la imposibilidad de encontrar a muchos de los implicados o testigos, entre doctores, enfermeros, sanitarios, religiosos, padres biológicos y aquellos que no lo son, ya fallecidos cuando se comenzó a investigar. A su vez, a finales del pasado año la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid absolvía al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental en relación con un caso de bebé robado en 1969. En la resolución, los magistrados consideran al facultativo responsable de los hechos, pero le absuelven al entender que los delitos están prescritos. Consideran como fecha de prescripción el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad. Por su parte, Vela recurrió la sentencia para “limpiar su nombre y su honor de la responsabilidad que le atribuyen los hechos probados”.
Inés Madrigal, presidenta de S.O.S Bebés Robados, fue la mujer que sentó a Vela en el banquillo de los acusados. Nació en la Clínica San Ramón en junio de 1969, pero fue sustraída a sus padres biológicos.
El ‘modus operandi’ se repite una y otra vez en esta trama monstruosa: matrimonios que no podían tener hijos se ponían en contacto con personas que les podían conseguir uno. En un primer encuentro concretaban la cuantía económica y la forma de entrega del bebé. En algunos casos les decían que fingieran el embarazo colocándose un cojín en el abdomen, también les pedían que simularan náuseas en presencia de conocidos y vecinos. Después, les atendía una matrona o auxiliar de enfermería que falsificaba, también previo pago, el certificado de alumbramiento. Con ese papel acudían al Registro Civil, donde inscribían al bebé como propio.
Casi siempre había religiosos implicados –sobre todo monjas–. Alguna de ellas se ha defendido alegando que los niños robados “habían nacido en pecado”, por lo que eran entregados a los matrimonios que la trama consideraba “oportunos”.
