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Faltan más de 70.000 plazas de residencias para mayores en España

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta un informe donde denuncia las diferencias de plazas residenciales entre Comunidades Autónomas e incluso la gran distancia de coste entre una autonomías y otras

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La ratio de plazas residenciales para personas mayores se mantiene por debajo del criterio marcado por la OMS. Pero faltan aún más de 70.000 plazas residenciales en España, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Otra de los datos que revela este estudio es la gran diferencia de ratio de plazas entre unas comunidades y otras, e incluso el coste de estas plazas según la autonomía en la que se viva.

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020.

Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, según el informe del Imserso. En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales.  

Financiación pública

Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años. Hay que recordar que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. Se puede estimar que más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial.  

Diferencias entre las comunidades

El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone de manifiesto las diferencias muy significativas entre Comunidad Autónomas con respecto a las plazas residenciales.

De hecho, sólo cinco Comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo dos de ellas (las dos Castillas) alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública. En este sentido es necesario destacar el aumento en plazas de financiación pública de Aragón. Cantabria se queda a sólo 5 centésimas de alcanzar la ratio definido por la OMS. 

Los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años, se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074). 

En términos relativos sólo cuatro comunidades autónomas no superan el 3% de plazas residenciales por cada 100 personas mayores: Murcia (2,27%), C. Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%). 

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido Comunidades como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública. 

Precios

De la misma manera, las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros, en este aspecto encontramos una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 € anuales en Comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la C. Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente. Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad). 

En algunas Comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%.

A la vista de estos datos, resulta evidente para la asociación autora del informe «del esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise».  

Carencias

Pero hay otros debates pendientes, como es el de la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos. 

Por otro lado, en grandes urbes como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores. 

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