El pasado sábado en Linares (Jaén) se produjo una brutal paliza a cinco agentes policiales por parte de un clan local, en la que 70 personas rodearon a los agentes, rompieron la clavícula a uno de ellos y después asaltaron el hospital para intentar liberar a un miembro del grupo. Tras lo cual varias personas resultaron detenidas. Varios agentes quedaron heridos también de diversa consideración y afortunadamente no hubo que lamentar ningún percance más grave.
Últimamente en determinadas zonas de España se están intensificando los ataques de clanes delincuenciales a miembros de las FFCCSE apoyándose en la cada vez menos presencia policial en las calles por falta de efectivos o por una política de seguridad pública más preocupada en las estadísticas que en un 091 potente y bien dotado para dar un servicio adecuado a la ciudadanía. Pero es que si a eso le sumamos la inseguridad jurídica de los y las policías para repeler ataques masivos de este signo y el envalentonamiento de estos grupos delincuenciales que tienen más medios y personal a nivel local que las FFCCSE, TENEMOS EL CALDO DE CULTIVO PERFECTO PARA QUE SE PRODUZCA UNA DESGRACIA Y TENGAMOS QUE LAMENTARNOS DE NO HABER PUESTO REMEDIO A DICHA SITUACIÓN.
La Agrupación Reformista de Policías (ARP) denunció en diciembre del pasado año 2017,situaciones que ponen en riesgo la integridad de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado y que no vacilaría en denunciar ante los responsables de la Dirección General de la Policía, el déficit de unas plantillas policiales “parcheadas” con unas comisiones de servicios que tratan de ocultar un Catálogo de Puestos de Trabajo deficitario en determinadas comisarías del sur de España, especialmente las locales de La Línea y Algeciras.
Todo ello motivó que desde la Agrupación Reformista de Policías, solicitáramos de forma urgente la actuación coordinada de Jueces y Fiscales, Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, organismos con competencia en la lucha contra el crimen organizado.
Esta situación es un problema de índole social que va más allá de la actuación exclusiva de las policías en su labor de prevención y represión de la delincuencia en la zona. Es un problema de falta de respuesta del Gobierno Central que ha permitido esta situación de consolidación y engorde de las diferentes mafias del narcotráfico durante muchos años.
Desde ARP nos reiteramos en solicitar la creación inmediata de un dispositivo especial donde la Comisarías Generales de Información, Policía Judicial y Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación de la Dirección General de la Policía, en plena colaboración con la Guardia Civil, pongan a disposición sus mejores medios técnicos y efectivos humanos, en coordinación con las administraciones de Justicia, Interior y Junta de Andalucía dirigidos por Jueces y Fiscales, y se pongan manos a la obra de una vez ya.
Y esto lo exigimos en la necesidad de que NO ESTAMOS DISPUESTOS A QUE COMO EN OTRAS OCASIONES LA ADMINISTRACIÓN SE PONGA EL MONO DE FAENA Y REACCIONE POR LA PRESIÓN SOCIAL DE TENER ALGÚN/A POLICÍA O CIUDADANO/A MUERTOS ENCIMA DE LA MESA.
Que manden el Piolin.