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Fake News

Alejandro Sánchez Moreno
Docente en educación secundaria e historiador. Especialista en historia del movimiento obrero andaluz. Es autor de numerosos artículos de investigación y ha publicado las monografías históricas José Díaz, una vida en lucha (Almuzara, 2013); ¿De qué se nos acusa? (Utopía Libros, 2014); y La lucha por la unidad (Utopía Libros, 2015), además de la novela "En el panel derecho de El jardín de las delicias" (Leibros, 2017) El autor escribe habitualmente en prensa escrita y digital y ha colaborado en medios como Viva Sevilla, Cuarto Poder, El Correo de Andalucía, Infolibre, Tercera Información o eldiario.es. Actualmente es jefe de opinión de El Común.
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El pasado 5 de noviembre, el Gobierno más progresista de la Historia de España lanzaba una ofensiva contra las noticias falsas cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba la Orden de 30 de octubre sobre el procedimiento de actuación contra la desinformación. El texto fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en un lenguaje ambiguo que podría dar pie a muchas confusiones y al uso abusivo de una norma concebida en teoría para luchar contra la desinformación.

Ciertamente, la desinformación y difusión de bulos de todo tipo, amplificada en los últimos tiempos por las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (aunque también usada de forma habitual por medios tradicionales), suponen un problema para una sociedad democrática que tiene el derecho y el deber de estar bien informada, pero no parece que esta sea la forma idónea de conseguir ese objetivo, ya que así se deja con la puerta abierta al uso abusivo de la ley, corriendo el riesgo de que esta se vuelva contra nosotros.Y es que, ¿Quién decide qué es veraz y qué no lo es en un estado que ya ha demostrado ampliamente su tendencia a la parcialidad en los conflictos políticos? ¿Hace falta ver el recorrido de leyes como la Antiterrorista y cómo acabó aplicándose a titiriteros y tuiteros en casos que han hecho avergonzar a la Justicia? ¿Es que no sabemos en qué país vivimos?

Así, fácilmente, el Plan ideado para luchar contra los bulos y «la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos» que «persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios» podría servir como una excusa perfecta que podría afectar al libre ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión, y que sobre todo, podríamos pagar los mismos de siempre con posteriores gobiernos que, en un contexto de crecimiento de organizaciones de corte autoritario, podrían hacer de esta orden un instrumento muy eficaz en contra de pequeños medios alternativos y, muy especialmente, en contra de medios de comunicación extranjeros con sede en países que no se consideren amistosos por el ejecutivo de turno tal y como ya hicieron con Telesur en Bolivia después del golpe de estado contra Evo Morales.

Creer que se va a estar gobernando siempre y que otros no van a hacer uso del legado que les dejas en favor de sus propias políticas es desde luego estúpido. Y me temo que no tardaremos mucho en darnos cuenta de que hemos armado a un terrible enemigo. Un enemigo al que se está dejando todo en bandeja para que un estado cada vez más autoritario salvaguarde sus intereses, y que se va a encontrar con que no se ha derogado la tan criticada en la oposición Ley Mordaza, que a partir de ahora, contará con una nueva aliada en este Plan siniestro contra las noticias falsas que, más temprano que tarde, lamentaremos. Sólo espero equivocarme. Pronto lo sabremos.

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