La propaganda de Ricardo Anaya además de inconstitucional por ser contratada a través de Claudio X González es perversa por el uso y explotación de niños. La aparición enternecedora de Yuawi el niño huichol en la campaña no es un hecho aislado es una práctica sistemática en su campaña y es violatoria de la convención sobre los derechos del niño.

El interés superior del menor reconocido por el Estado mexicano es sustituido por el interés del candidato presidencial. Ricardo Anaya después de ser exhibido en actos de corrupción ha hecho de la imagen de niños su principal instrumento político desde la imagen de sus hijos hasta la más reciente aparición del comercial de Mexicanos Primero en el que utilizó niños que aparentan ser los candidatos a la presidencia y destacan sus características.

La explotación política de niños es una abierta violación a sus derechos y contraviene el principio del interés superior del niño, el Instituto Electoral decidió rechazar la petición de retiro de estos comerciales e inadvirtió no sólo la inconstitucional contratación de propaganda por parte de empresarios sino el uso perverso de la imagen de niños para beneficiar a Ricardo Anaya y en consecuencia desacreditar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de revisar la reforma.

Ricardo Anaya explota la inocencia de los niños no sólo para intentar contrarrestar las acusaciones de corrupción que pesan en su contra sino para descalificar al candidato mejor posicionado, es una práctica por demás perversa que echa mano de la credibilidad de los niños, lo que la UNICEF ha declarado violatorio de sus derechos al ser explotados para beneficio de intereses particulares.

El Instituto Electoral además de consentir la contratación de propaganda por parte de empresarios para incidir en la elección admite el uso de niños como su instrumento de comunicación lo que significa una abierta transgresión constitucional y la violación a los más elementales principios democráticos de equidad en la contienda y preservación del interés superior del niño.

Esta campaña habrá de servir para legislar nuevas sanciones ante el creciente uso de niños en la propaganda y evitar sean explotados por los grandes intereses que compran la imagen inocente de los niños a fin de manipular la opinión, por lo pronto el Tribunal Electoral ya ordenó la suspensión de su trasmisión y de actuar conforme a Derecho tendrá que pronunciarse sobre esta violación.

La reforma educativa en ningún momento consideró la participación de los niños en su elaboración, si bien es cierto que la privatización de la educación es en perjuicio de la sociedad en su conjunto, es más cierto aún que sus víctimas directas son precisamente los niños.

Pese a no estar prevista la sanción para el candidato que recurra a la explotación de los niños hay suficiente legislación tendiente a protegerlos además de la Convención de los niños suscrita por México, está la Constitución que declara expresamente su protección y contamos con una Ley General.

La corrupta complacencia del Instituto Nacional Electoral con Ricardo Anaya podría además ser objeto de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos para que los niños dejen de ser utilizados para lavarse la cara por hechos de corrupción o para chantajear al electorado.

Esta perversión debe condenarse por la ciudadanía porque lucra con la confianza que nos inspiran los niños, es una práctica que va creciendo y debe ser rechazada, la contratación de niños con fines políticos es una forma de explotación infantil, es un robo más de Ricardo Anaya, es el robo de la inocencia del niño.

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